EL MUSEO Y LAS PÁGINAS QUE FALTAN

Quién cuenta la historia de las Fuerzas Armadas y qué lugar reserva a las víctimas.

He pasado buena parte de mi vida enseñando. Sé cuánto puede abrir una pregunta y cuánto puede cerrar una explicación demasiado satisfecha consigo misma. Un museo también enseña. Lo hace mediante objetos, recorridos, iluminación y silencios. Por eso, cuando una institución propone contar su propia historia con recursos públicos, me interesa conocer el contenido de las vitrinas y, sobre todo, el criterio con que se van a llenar.

¿Quién decide la historia que se exhibe y el espacio donde se cuenta?

La controversia sobre el proyecto de un complejo museístico militar en Chapultepec permite plantear ambas preguntas. El 23 de septiembre, México Unido Contra la Delincuencia y el colectivo Seguridad Sin Guerra expresaron su rechazo. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que el lugar propuesto era un área de valor ambiental donde no se podía construir. El 26 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que replantearía la ubicación y buscaría otro campo militar con construcciones existentes, sin afectar áreas verdes.

El cambio anunciado responde a una objeción importante. También deja abierta una pregunta que seguirá vigente aunque cambie el domicilio del proyecto: ¿qué historia se pretende contar?

La controversia tiene una primera dimensión muy concreta. Chapultepec es un espacio compartido. Para quien vive en una ciudad de trayectos largos, ruido y poco sitio para caminar, un bosque puede significar una tarde con los hijos, una pausa o la posibilidad de sentarse sin consumir nada. Cada nueva construcción debe justificar lo que aporta y explicar lo que ocupa.

La respuesta institucional muestra que una objeción ciudadana puede incidir en una decisión pública. Conviene reconocer ese resultado y darle seguimiento: conocer el nuevo emplazamiento, sus condiciones ambientales y los criterios con que será elegido.

Queda pendiente examinar el gasto. La estimación difundida para el proyecto original fue de 1,658 millones de pesos, una cifra cercana a los 1,700 millones. Debe tratarse como una previsión, no como dinero ya ejercido ni como un presupuesto definitivo para la nueva sede. Antes de comprometer recursos, la ciudadanía merece conocer el proyecto completo, sus costos de construcción y mantenimiento, la relación con los museos militares existentes y los beneficios educativos previstos. También las alternativas consideradas.

La discusión sobre prioridades necesita información comparable: qué necesidades se busca atender, por qué este proyecto merece esa inversión y qué otras opciones fueron evaluadas. Un edificio puede inaugurarse en una mañana; mantenerlo abierto, conservar sus acervos y sostener su labor educativa exige compromisos de muchos años.

No basta con invocar la cultura para resolver esas preguntas. Una obra cultural necesita una justificación tan clara como cualquier otra inversión pública. Su valor se demuestra en la calidad de lo que permite conocer, en las personas a las que sirve y en la forma en que utiliza los recursos.

Pero quisiera detenerme en una dimensión menos visible que el presupuesto: la autoridad para narrar.

Las Fuerzas Armadas forman parte de la historia de México. Su trayectoria incluye tareas de defensa, auxilio a la población y experiencias humanas que merecen documentación. Hay soldados con familias, jornadas difíciles y responsabilidades que suelen quedar fuera del debate. Un museo serio podría acercarnos a esas vidas, explicar cómo se organiza una institución armada y mostrar las obligaciones que asume frente a la sociedad.

Esa oportunidad exige mirar también los episodios en los que el poder militar intervino contra civiles. Una exposición que aspire a enseñar tendrá que abordar las responsabilidades documentadas, las versiones en disputa y las preguntas que siguen abiertas. Tendrá que permitir que la historia se examine incluso cuando resulte incómoda para la institución que impulsa el edificio.

El 2 de octubre de 1968 vuelve inevitable esta exigencia. También el 10 de junio de 1971, cuando los Halcones, un grupo paramilitar, atacaron una manifestación estudiantil en la Ciudad de México: un episodio que exige distinguir entre el Ejército, los cuerpos policiales y las estructuras de represión sostenidas desde el poder. A esa memoria pertenecen las operaciones militares y las desapariciones forzadas de la llamada guerra sucia, especialmente en Guerrero; la matanza de Aguas Blancas, en 1995, perpetrada por policías estatales; y la de El Charco, en 1998, durante una operación del Ejército. Ayotzinapa, en 2014, obliga a examinar la actuación de autoridades civiles, policías y militares, distinguiendo lo documentado de las responsabilidades que todavía deben esclarecerse.

No todos estos hechos tuvieron los mismos ejecutores ni pueden explicarse de la misma manera. Precisamente por eso merecen una exposición rigurosa: que identifique quién actuó, quién dio las órdenes, qué se ha probado y qué sigue pendiente. Las víctimas y sus familias también deben tener un lugar en ese relato. Un museo enseña cuando ofrece elementos para comprender; pierde esa oportunidad cuando selecciona únicamente las páginas que favorecen a quien lo construye.

En Tlatelolco hubo personas reunidas en una plaza, disparos, muertes, heridos y detenciones. Hubo familias esperando noticias y sobrevivientes que tuvieron que disputar durante años el derecho a ser escuchados. La participación del Ejército en aquellos hechos pertenece a la historia pública del país. Cualquier relato de la institución que abarque ese periodo debe darle un lugar suficiente y sostenerlo con documentos.

¿Qué encontraría el visitante al llegar a esa sala? ¿Un relato que le permita comprender el contexto y preguntar por las responsabilidades? ¿La voz de los sobrevivientes? ¿Una explicación de las fuentes y de sus límites? ¿O apenas una referencia que lo invite a seguir caminando?

Todavía desconocemos el contenido de las salas. Sería prematuro afirmar que habrá páginas ausentes. Lo que podemos preguntar desde ahora es cómo se decidirá qué mostrar y qué garantías tendrá el visitante de encontrar también los episodios que comprometen a la institución.

La medida de un museo puede estar allí: en el tiempo y la atención que concede a una pregunta difícil.

Como maestro, desconfío de las lecciones que llegan con todas las respuestas acomodadas. La enseñanza de la historia exige examinar testimonios y documentos, distinguir una interpretación de un dato y una responsabilidad acreditada de una acusación pendiente. También exige reconocer lo que todavía se desconoce. Esa precisión ayuda a pensar y protege la dignidad de quienes aparecen en el relato.

Por eso, el proyecto necesitaría participación de historiadores con independencia, especialistas en archivos, educadores, organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas. Tendría que explicar cómo se seleccionarán los materiales y ofrecer acceso a las fuentes que respaldan sus afirmaciones. La pluralidad debe influir en el contenido desde el principio.

El debate también se inscribe en la ampliación de las funciones militares en la vida civil. Las organizaciones que objetaron el proyecto señalaron la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la administración de empresas e infraestructura y reclamaron controles civiles efectivos sobre sus recursos. Su crítica rebasa la ubicación del museo: cuestiona las prioridades y los mecanismos de supervisión.

Conviene examinar cada función por separado: qué fundamento tiene, qué resultados ofrece, cuánto cuesta y quién la supervisa. Agruparlo todo bajo una aprobación o un rechazo general impide entender el alcance de las decisiones. La expansión de las responsabilidades vuelve más necesaria la rendición de cuentas. Cuanto más interviene una institución en la vida cotidiana, más información debe proporcionar sobre su actuación.

Un museo puede contribuir a esa tarea si explica las relaciones entre poder militar y autoridad civil. Puede mostrar de dónde vienen sus atribuciones, cómo han cambiado y qué mecanismos permiten exigir responsabilidades. Sería una manera de formar ciudadanos capaces de comprender al Estado que sostienen con sus impuestos.

Me gustaría que quien saliera de sus salas pudiera formular mejores preguntas. Que una familia encontrara herramientas para conversar sobre el pasado. Que un estudiante supiera dónde consultar un documento. Que una víctima reconociera su experiencia tratada con cuidado, sin reducirla a una cifra o a una nota al margen.

Esa sería una aportación educativa que merecería discutirse con seriedad.

Desde Culiacán, donde la seguridad ocupa tanto espacio en nuestras conversaciones, estas preguntas tienen una cercanía particular. Queremos instituciones que protejan y una vida en la que podamos salir, trabajar y regresar a casa. Esa aspiración incluye el derecho a saber cómo actúan quienes reciben facultades para usar la fuerza.

La memoria ayuda a ejercer ese derecho. Permite identificar decisiones, consecuencias y responsabilidades. Enseña a mirar una institución a través de sus actos y a escuchar a quienes los vivieron desde posiciones distintas.

El debate sobre un museo militar merece continuar cuando se conozcan su sede, su presupuesto y su contenido. Antes de celebrar una inauguración, habrá que leer el proyecto con la misma atención que se pide al visitante frente a una vitrina.

Un museo digno debe ofrecer documentos, contexto y voces para comprender la historia que presenta.

Y, si hay una página que falta, debe ayudar al visitante a buscarla.