Buscar a un desaparecido y pagar sus deudas: familias en Sinaloa enfrentan una doble espera
Alejandra cubrió créditos tras la desaparición de su esposo y aún enfrenta pendientes sobre su vivienda, mientras busca protección para su familia.
Dheyna Brito / El Sol de Sinaloa
Culiacán, Sin.- La desaparición de su esposo no detuvo las cuentas. Mientras Alejandra intentaba saber dónde estaba, los pagos y las llamadas de cobranza continuaron. Había firmado como aval en algunos compromisos y terminó por destinar parte de su sueldo a cubrirlos.
Más de cinco años después, todavía lo busca y mantiene pendientes sobre las deudas y la casa familiar. Su nombre fue cambiado para proteger su identidad.
La desaparición también deja pendientes sobre vivienda, créditos y sostenimiento del hogar. Para proteger los bienes y derechos de las personas desaparecidas y sus familias existe la declaración especial de ausencia, un procedimiento judicial que Alejandra ha buscado comprender mientras enfrenta cobros y trámites que, según relata, no han resuelto su situación.
“Yo había firmado como aval en algunos de sus compromisos, porque pues éramos esposos, confiábamos en que íbamos a poder pagarlos entre los dos. Nunca pensé que me iba a tocar responder por todo sola”, relata.
Al principio pensó que los pagos se detendrían mientras se aclaraba la desaparición. Cuando explicó a quienes le cobraban que su esposo no podía presentarse y que desconocía su paradero, la respuesta que recibió, según cuenta, fue que debía responder por haber firmado como aval.
Los intereses y el temor a que las cuentas aumentaran la llevaron a pagar. Para hacerlo dejó otros gastos pendientes y utilizó dinero de su salario. Algunas deudas quedaron saldadas; otras siguen entre las preocupaciones de un hogar que también depende de ella para sostener a sus hijos.
“Empecé a sacar dinero de donde podía, a dejar pendientes otras cosas y a destinar una parte de mi sueldo a cubrir esas cuentas. Algunas las terminé pagando yo. Eran deudas que habíamos adquirido juntos, pero al final me quedé sola respondiendo por ellas”.
Alejandra buscó información sobre la declaración especial de ausencia con la expectativa de resolver parte de los pendientes. Explica que ha llevado documentos, preguntado en instituciones y esperado respuestas, sin conseguir hasta ahora una solución integral a su situación legal y económica.
“Yo pensé que con la declaración especial de ausencia iba a poder resolver al menos una parte de todo eso. Me explicaron que servía para proteger los derechos de una persona desaparecida y ayudar a sus familiares a realizar determinados trámites. Pero una cosa es lo que te explican y otra lo que pasa cuando vas a las instituciones”.
Proteger los bienes también exige un trámite
La declaración especial de ausencia conserva la personalidad jurídica de la persona desaparecida y establece medidas para proteger sus derechos y los de su familia. No equivale a una presunción de muerte ni pone fin a las obligaciones de búsqueda e investigación.
En Sinaloa, el Código de Procedimientos Familiares permite solicitarla a partir de tres meses de la denuncia, reporte o queja correspondiente y fija un máximo de seis meses para resolver. La legislación federal también contempla ese límite y establece la gratuidad del procedimiento. Las disposiciones aplicables dependen de la vía en que se tramite cada caso.
María Isabel Cruz Bernal, del colectivo Sabuesos Guerreras, ha advertido que hay familias que desconocen este mecanismo y otras que enfrentan dificultades para dar seguimiento a sus expedientes, incluidos señalamientos sobre su extravío.
“Es un trámite largo que hay que estar sobre los abogados porque pierden los expedientes”, ha señalado la representante del colectivo.
Como antecedente documental, un aviso judicial de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación, registra el procedimiento de declaración especial de ausencia de Glorimar López García. La solicitud fue admitida en noviembre de 2021 y la sentencia se dictó en abril de 2023, más de 16 meses después. El juzgado ordenó medidas para proteger su patrimonio y conservar los derechos de seguridad social correspondientes.
Otro antecedente del archivo judicial federal es el procedimiento de Juan Luis Treviño Camacho, promovido por su esposa, Argelia Donaji Ruiz Gándara. La resolución del Juzgado Quinto de Distrito en Sinaloa la nombró representante legal y dispuso la suspensión temporal de determinadas obligaciones de Juan Luis, incluidas las relacionadas con bienes adquiridos a crédito cuyos plazos de amortización seguían vigentes.
Los registros estatales muestran que estos asuntos también llegan a los juzgados familiares. El Poder Judicial de Sinaloa reportó 75 procedimientos iniciados en 2024 y 80 en 2025 dentro de una categoría que reúne declaración de ausencia y presunción de muerte.
La agrupación impide identificar cuántos correspondieron específicamente a declaraciones especiales de ausencia.
Las medidas previstas en la normativa abarcan representación legal, protección del patrimonio, derechos de los hijos y continuidad de beneficios de seguridad social. Su aplicación requiere atender las circunstancias de cada caso y las determinaciones del juzgado.
La casa y los hijos, entre los pendientes
Para Alejandra, los trámites conviven con una necesidad inmediata: sostener su hogar. Las gestiones que describe no han detenido sus preocupaciones económicas ni le han dado certeza sobre qué pasará con la vivienda.
“Y mientras tanto, las deudas no esperan. No podía decirle a la persona que me estaba cobrando que me esperara otros meses porque todavía estaba viendo qué pasaba con el expediente. Yo tenía que trabajar y sacar adelante a mis hijos. Así que terminé pagando cosas que no me correspondía imaginar que algún día tendría que pagar sola”.
La protección laboral tampoco supone necesariamente que el hogar conserve sus ingresos. La ley federal contempla permiso sin goce de sueldo para la persona desaparecida, protección de derechos de seguridad social y suspensión de pagos de crédito para vivienda.
Las obligaciones que Alejandra relata como aval forman parte de su situación particular, distinta de la sola condición de esposa.
La vivienda sigue entre sus mayores preocupaciones. Ha pensado en buscar un lugar más pequeño, pero eso también significaría explicar a sus hijos por qué tendrían que dejar el espacio donde crecieron.
“Lo de la casa sigue siendo otro problema. Todavía me preocupa qué va a pasar con ella y cuánto tiempo voy a poder sostenerla. No es sencillo empezar de nuevo con los gastos que tengo. A veces pienso que debería buscar algo más pequeño, pero luego veo a mis hijos y no sé cómo explicarles que también tendríamos que dejar la casa donde crecieron”.
Haber cubierto algunas cuentas no resolvió la desaparición ni todos los trámites. Después de más de cinco años, Alejandra mantiene la búsqueda de su esposo y la responsabilidad cotidiana de sostener a sus hijos, con asuntos legales y económicos aún pendientes.
“Lo que me molesta es que pareciera que una tiene que resolver todo como si él hubiera decidido irse y dejarnos las responsabilidades. Yo no sé qué pasó con mi esposo. No sé si está vivo, no sé dónde está y sigo esperando encontrarlo”.
Para ella, trabajar y pagar han sido necesidades durante una espera que continúa. Resolver los gastos más urgentes no significa que la familia haya dejado de buscar ni que tenga una respuesta sobre lo ocurrido.
