Una iniciativa plantea penas de hasta dos años de prisión para padres o tutores que permitan que menores bajo su cuidado trabajen en condiciones de riesgo; en Culiacán, autoridades detectaron 58 casos durante el primer semestre.

Josemiguel Souza

Culiacán, Sin.- El trabajo infantil sigue ocupando espacios públicos en Sinaloa: menores que limpian parabrisas, venden productos entre automovilistas o piden dinero en cruceros, muchas veces expuestos al tránsito vehicular, las condiciones climáticas y otros riesgos que comprometen su integridad.

Frente a esta realidad, una iniciativa plantea endurecer las sanciones penales no sólo contra quienes los emplean, sino también contra los padres o tutores que permitan que sus hijos trabajen en condiciones que pongan en peligro su desarrollo.

El cambio

La propuesta busca reformar el artículo 274 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, con el propósito de ampliar los supuestos en los que se considera delito emplear a niñas, niños y adolescentes.

Entre los cambios se contempla castigar con prisión de tres a seis años a quienes contraten a menores de 18 años en espacios públicos, vías de circulación o actividades que comprometan su integridad física, emocional y desarrollo integral.

Uno de los puntos más contundentes del planteamiento es la responsabilidad que pretende establecer para los padres o tutores.

La iniciativa propone que quienes acepten que los menores bajo su patria potestad, custodia o tutela sean empleados en establecimientos prohibidos, espacios públicos o condiciones de riesgo puedan recibir una pena de seis meses a dos años de prisión.

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Miles de niñas, niños y adolescentes en Sinaloa realizan actividades no permitidas o peligrosas, de acuerdo con las cifras retomadas en la propuesta de reforma penal / Foto: Cortesía / SSPyTM

También contempla la privación, suspensión o inhabilitación de determinados derechos hasta por cinco años, incluidos, en su caso, derechos sobre los bienes del menor afectado.

“Nosotros ampliamos en qué otros espacios se puede dar este tipo de explotación, que a lo mejor los padres no se dan cuenta de esto, pues muchas familias vienen de fuera, vienen de otros estados”, comentó la diputada Erika Rubí Martínez, quien promovió esta iniciativa.

La reforma, dijo, también busca incrementar las sanciones para quienes empleen a menores en cantinas, tabernas, centros de vicio o establecimientos con máquinas de juegos de azar.

Actualmente, el artículo 274 establece penas de dos a cinco años de prisión y de 200 a 500 días multa; con la modificación, se propone elevarlas a tres a seis años de cárcel y de 250 a 550 días multa, además de mantener el cierre definitivo del establecimiento.

El proyecto plantea, además, ampliar la definición de lo que se considera empleo de una persona menor de edad.

Para ello, incorpora actividades económicas realizadas a cambio de un salario, beneficio directo o indirecto, o cualquier otra prestación, siempre que exista aprovechamiento, control, inducción o beneficio por parte de un tercero.

La diputada señala que, aunque los sistemas DIF realizan recorridos para atender a los menores en cruceros, estas prácticas vuelven a repetirse al no existir, consideró, una consecuencia suficientemente severa.

Entre la escuela y el crucero
Una iniciativa propone endurecer las sanciones contra quienes empleen a menores en condiciones de riesgo e incluir penas para padres o tutores que permitan estas prácticas. / Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Miles de menores

La dimensión del problema quedó expuesta en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El estudio estimó que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años realizaron alguna actividad considerada trabajo infantil en México, equivalente al 13.1 por ciento de la población de ese rango de edad.

Dentro de ese universo, alrededor de 2.1 millones se encontraban en ocupaciones no permitidas y, de ellos, 2 millones realizaban actividades consideradas peligrosas.

Entre los riesgos identificados se encontraban labores que afectaban su salud y desarrollo, como cargar objetos pesados o realizar actividades que les provocaban problemas físicos.

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La presencia de menores trabajando en espacios públicos mantiene abierta la discusión sobre hasta dónde debe llegar la responsabilidad de familias, empleadores y autoridades. / Foto: Archivo | El Sol de Sinaloa

En Sinaloa, las cifras referidas en la iniciativa advierten que 53 mil 799 niñas, niños y adolescentes se encontraban en ocupaciones no permitidas.

De ese total, 26 mil 826 realizaban actividades peligrosas, lo que representa prácticamente la mitad de los menores identificados en ocupaciones no permitidas.

La problemática también se refleja en las calles de Culiacán.

Entre enero y junio, brigadas del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo (PANNASIR), junto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, detectaron 58 casos de trabajo infantil mediante recorridos de inspección.

De los menores identificados, 41 eran niños y 17 niñas. La actividad más recurrente fue la limpieza de parabrisas, con 28 casos, seguida de la venta ambulante, con 18 menores.

Además, cinco niñas, niños o adolescentes fueron identificados dedicándose exclusivamente a pedir dinero.

Estas cifras evidencian que el trabajo infantil no se limita a espacios laborales establecidos, sino que también se manifiesta en cruceros y vialidades, donde los menores pueden quedar expuestos a accidentes y otras situaciones de riesgo.

Calles violentas

La presencia de personas que trabajan en cruceros ocurre además en un contexto de violencia.

De enero a octubre de 2026 se registraron al menos tres homicidios en cruceros de Culiacán cuyas víctimas se dedicaban a limpiar parabrisas, una actividad que también es realizada por algunos menores detectados por las autoridades.

Con información de El Sol de Sinaloa

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