Denuncia Collado que Scherer y abogados aliados le pidieron su empresa y más de 2 mil mdp para salir libre
“Libertad por libertad…” Con esas tres palabras, unos abogados que se presentaron como “cercanos” al consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, resumieron la “oferta” que acababan de hacerle, según consta en la denuncia que presentó Juan Collado, quien permanece en prisión desde 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Entregar todas las acciones de su empresa, Caja Libertad, a cambio de conseguir su propia libertad, dice que le propusieron. De lo contrario, le advirtieron, se quedaría en la cárcel el resto del sexenio.
“Nuestro amigo (Scherer) controla todo el aparato de justicia, incluyendo al Poder Judicial de la Federación”, fue lo que presuntamente le dijeron. ¿La prueba? Supuestamente le enseñaron una copia del proyecto de un tribunal federal el que rechazaban darle un amparo… cuando este ni siquiera se había hecho público ni se había votado.
Cuatro de los implicados, los abogados Juan Araujo Rivapalacio, Cesar Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez (que han colitigado con Scherer en el pasado) y David Gómez Arnau (excolaborador del exconsejero jurídico ) serán acusados ante un juez de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, tráfico de influencias y extorsión. Julio Scherer, en tanto, sigue bajo investigación de la FGR por éste y otros casos similares.
En su denuncia (con la que solicitó un criterio de oportunidad para ser absuelto de los delitos que se le imputan) Collado dice tener información eficaz para desenmascarar lo que denominó como un presunto “grupo delictivo organizado que, bajo el amparo de las instituciones del Estado Mexicano, crearon una red de complicados con el ubico beneficio de obtener beneficios económicos”.
Los abogados implicados, que según Collado presumían ser emisarios de Scherer, tenían acceso a información anticipada y privilegiada no solo de la UIF y del Gobierno federal, sino incluso del Poder Judicial de la Federación. Usaron esos datos para, presuntamente, extorsionarlo pidiéndole no solo pagos millonarios sino ceder su empresa.
“Desde mi detención hasta abril de 2021, los licenciados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Cesar González Hernández me impusieron como requisito necesario para obtener mi libertad y dejar de ser perseguido en los asuntos en mi contra, vender mis acciones de la empresa Caja Libertad a la persona que ellos me indicaron, es decir, al señor David Gómez Arnau, este último siendo amigo y persona de toda la confianza de Julio Scherer Ibarra. Siendo el caso que Gómez Arnau fue la persona dentro del aparato organizado de poder que se encargó de hacerme una oferta irracional para que le vendiera la citada empresa”, se consigna en la declaración de Collado.
Collado Mocelo (quien en el pasado fue abogado de expresidente Enrique Peña Nieto) acompañó su denuncia inicial con diversos documentos, comprobantes de transferencias, y 79 fotografías con capturas de las charlas en whatsapp que sostuvo con los abogados ligados a Scherer. También proporcionó los teléfonos celulares de todos los implicados, incluyendo el número de Gómez Arnau y de la asistente de Julio Scherer.
Este medio verificó que, en efecto, hay registros públicos que ligan a Scherer Ibarra con Gómez Arnau en diversas empresas. Incluso en 2001 ambos fueron blanco de una investigación penal por irregularidades en torno al denominado Consorcio Azucarero Escorpión en el que ambos laboraban.
A continuación, se detallan los puntos claves de la narración hecha por Collado siguiendo la misma línea cronológica planteada por él. En la mayor parte de los eventos el jurista proporciona sitios y fechas exactas en que habrían ocurrido los hechos que narra.
Los primeros encuentros: te conviene ser aliado
El supuesto primer contacto con los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Cesar Omar González Hernández ocurrió a finales de noviembre de 2018, poco antes de que arrancara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, con ello, el cargo de Julio Scherer como Consejero Jurídico de la Presidencia. Se trató de un desayuno en las oficinas de dichos litigantes, ubicadas en calles de Coyoacán.
Debido a que también se dedicaba a la abogacía, Collado explica que ya conocía Araujo y González desde varios años atrás, y sabía de su estrecha cercanía con Scherer Ibarra. Por ello accedió a visitarlos.
“Me buscaron a través de mi hermano Antonio Collado. Me comentaron en ese desayuno que tenían relaciones al más alto nivel, y que podían ayudarme a obtener resultados favorables a mis clientes con la ayuda personal de Julio Scherer y otros servidores públicos con cargos importantes en el nuevo gobierno”, relata Collado.
El segundo encuentro con los abogados ocurrió en las oficinas del despacho ubicadas en Sierra Nevada número 330 en la colonia Lomas de Chapultepec. Collado Mocelo recuerda: “Me insistieron que debíamos hacer una alianza ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.
Encuentros similares ocurrieron a lo largo de 2019, según el relato. A veces eran en oficinas de Araujo y González, otras veces en las oficinas del propio Collado, y también en el Hotel Hyatt y el restaurante japonés Suntory de las Lomas. “Nos insistían en pasarles la cartera de clientes del despacho y que era importante estar bien con su amigo, ya que tenía peno control del aparato de justicia”.
El 1er pago: 10 millones por perdón de la UIF
Todo empezó con una columna publicada el 28 de mayo de 2019 en El Financiero firmada por el periodista Darío Celis. En ella se reportaba que el SAT estaba haciendo una revisión a las finanzas de Collado Mocelo de la cual ni el propio jurista estaba enterado. Tras la publicación Araujo y González pidieron verlo en el Hotel Hyatt de Polanco.
“Me dijeron que ellos, a través de Julio Scherer, eran el único conducto para arreglar mi problema ya que era un tema político, y que tenían grandes relaciones tanto en el SAT, como con la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la UIF, por lo que sino quería que el problema pasara a mayores tenía que recurrir a ellos, a lo que accedí (…) tenía temor de que si no lo hacía impulsaran el asunto en mi perjuicio y de mi familia”, explica Collado en la denuncia.
El 7 de junio de 2019 los abogados le indicaron que el problema era con una cuenta bancaria y que gestionarían una reunión con la UIF para solventar el asunto. Y fue en ese contacto donde notó que González y Araujo sí tenían acceso a información del gobierno, pues le preguntaron por movimientos sobre varias cuentas en específico, información que era privada y a la que no podrían haber tenido acceso salvo que se las hubieran filtrado desde el gobierno.
A mediados del mismo mes, señala Collado, los abogados le dijeron que el asunto quedaría cerrado pero que por las gestiones tenía que pagar 20 millones de pesos. Collado dijo no estar de acuerdo en un inicio, pero los abogados le dijeron que si no pagaba podría haber consecuencias con “su amigo”. Se acordó entonces el pago de diez millones de pesos que, por instrucción de González, tendría que ser en efectivo.
“El 18 de ese mes (junio) se entregaron los diez millones de pesos en la terraza del hotel Four Seasons (…). A mi hijo Juan Ramón Collado Dot le consta que se hizo esa entrega pues él estaba sentado en otra mesa. En el momento en que di el dinero Cesar González me entregó un documento consistente en un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera”, declaró Collado.
El cheque del millón de dólares
A principios de julio de 2019, durante un viaje en España, Collado declara que recibió varias llamadas y mensajes del abogado Cesar González donde le pedía volver de manera urgente a México pues tenía algo importante que decirle. El 9 de julio se reunieron en el restaurante Brasserie Lipp del Hotel Marriot en Polanco.
“Me dijo que había una investigación federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita en mi contra, a lo que yo le pregunté cómo sabía esa información y Cesar González me refirió que lo sabía por la relación de Juan Araujo con Julio Scherer. Me dijo que no me preocupara y que mientras (…) estuviera bien con ellos nada podía salirse de control”, explica Collado.
Sin embargo, esa misma tarde, luego de una comida en el restaurante Mortons en Lomas de Chapultepec, fue detenido por agentes de la FGR y trasladado al Reclusorio Norte para ser imputado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Tres días después, ya estando encarcelado, fue visitado por Araujo y González quienes le indicaron que tenía que acceder a lo que le pidieran, ya que “mi libertad estaba en sus manos y Julio Scherer controlaba también al Poder Judicial de la Federación”.
En una nueva visita en el penal, unos días mas tarde, los mismos abogados lo visitaron para fijarle un supuesto primer pago de un millón y medio de dólares de inicio, y un segundo pago por la misma cantidad al final del caso. Collado dijo que por la forma en como le plantearon la situación, más que honorarios por una defensa la petición parecía una extorsión.
“Les comenté que no tenía esa cantidad, a lo que me refirieron que dicho pago era el único camino hacia la libertad y así como me ayudaron en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podrían cerrarme las puertas, por lo que accedí ante el temor de que su equipo presionara a las altas esferas del gobierno”, relata Collado.
En las siguientes semanas se llevó la logística para realizar dicho pago, entregado bajo la figura de un contrato de prestación de servicios. Según lo narrado en la denuncia fueron los hijos de Collado quienes, siguiendo las instrucciones de los abogados, les entregaron un cheque por 1 millón 381 mil 851 dólares en el Hotel Wellington, ubicado en el número 8 de la calle Velázquez en Madrid, España. La entrega se realizó el 20 de febrero del 2020 y el cheque lo recibió Isaac Pérez Rodríguez, otro abogado del despacho.
“Quiero hacer énfasis en que ese pago se realizó porque Juan Araujo me comentó que ellos podrían – a través del Consejero Julio Scherer – obtener resultados favorables de la apelación y del amparo en contra de mi auto de vinculación, pues el Consejero tenía el poder y las relaciones suficientes en el Poder Judicial, específicamente en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia…”, reitera Collado.
Libertad por libertad… la carta a Scherer
Los meses pasaron, pero la situación para Collado pese a la entrega del millón de dólares no cambió. Continuaban las supuestas reuniones con los abogados y las promesas de que la influencia de Scherer solucionaría su asunto. En algún momento, recuerda el jurista, se planteó que el tema de su salud podría ser el argumento para agilizar su libertad. Le indicaron que Scherer ya había resuelto que sería trasladado al Hospital Durango en la colonia Roma donde seguiría cumpliendo su retención preventiva, pero tampoco se concretó.
Aunque no recuerda la fecha de cada una de las visitas de los abogados, Collado señaló a la Fiscalía que en los registros de visitas del Reclusorio Norte puede checarse, con precisión, todas las veces que acudieron a verlo.
Fue en una de estas visitas en 2020 donde los abogados le plantearon, por primera vez, que la única salida segura para cerrar el proceso penal es que vendiera a David Gómez Arnau (supuesto representante del Banco Afirme y persona de confianza de Scherer) todas las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., S.F.P., conocida comúnmente como Caja Libertad.
“Juan Araujo me comentó que sería libertad por libertad. Yo le dije que no entendía que tenían que ver mis procesos penales con la venta de la empresa. Y le dije que si esto era necesario para un acuerdo reparatorio tenía que establecerse en un documento o instrumento jurídico avalado por autoridad (…). A partir de ese momento las visitas de los abogados se fueron enfocando en la venta de la empresa como el requisito necesario para que hubiera avances y en cada reunión me enfatizaban que mi libertad estaba en sus manos”, relata Collado.
Tras las advertencias de que no veían voluntad de su parte, Collado explica que decidió acceder a dicha petición, aunque pidió garantías de que esto sí sería suficiente. Los abogados le explicaron que Gómez Arnau (la persona con la que debía cerrarse la venta) era gente de probada confianza de Scherer, desde que trabajaron juntos en una empresa del “Ingeniero Molina”.
El proceso se puso en marcha. Arnau junto con Araujo visitó en al menos tres ocasiones a Collado (lo que el jurista insiste puede verificarse con los registros de visitas al penal) para dar seguimiento al avance. Collado instruyó a su hermana Julia que se hiciera cargo de todo el trámite en el exterior, que se valuara la empresa y sus activos, y trataran de resolverse obstáculos legales ya que Caja Libertad era una empresa con obligaciones ante la Comisión Bancaria.
“En forma reiterada Arnau y Araujo me refirieron que el único conducto para resolver el tema era Julio Scherer, y que no buscáramos ningún otro conducto, ya que se caería la venta y con ello mi libertad, incluso me obligaron a suscribir una carta manifestando expresamente al Consejero que no utilizaríamos ningún otro conducto, la cual refirieron que le entregaron personalmente”, relata Collado.
El proyecto judicial filtrado
Juan Collado relata que una vez que terminaron los avalúos de su empresa Caja Libertad, David Arnau, el emisario de Scherer, le ofreció adquirir las acciones “a un precio de compra absurdo, muy por debajo de lo valuado”. En suma, apenas a un 40 por ciento de lo que realmente valían. Esta situación le hizo dudar de la conveniencia de ese trato y de si realmente saldría libre con eso.
Pero vino un nuevo nivel de presión que, según Collado, le dejó en claro que sí tenían información privilegiada también del Poder Judicial federal. El 5 de octubre de 2020 Araujo le mandó por whatsapp el proyecto de resolución del amparo en revisión 16/2020 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual confirmaba la negativa a concederle un amparo en contra del proceso iniciado en su contra.
“Para la fecha en que (Araujo) me envió dicho proyecto ni siquiera se había sesionado el asunto; después de haber enviado el proyecto referido, el citado abogado refirió que estaba claro que no había salida jurídica, solo la entrega de la empresa a dichas personas”, describe Collado en la denuncia.
En los siguientes meses la venta de la empresa se complicó ya que Collado pidió a los abogados que el proceso de entrega de la compañía quedara, al menos, establecido como vía para un acuerdo reparatorio (de forma similar a como ocurrió con Alonso Ancira en el caso Agronitrogenados, proceso en el que también intervino el despacho de Araujo y González). Pero esto no ocurrió.
La última vez que Collado dice que vio a los abogados de Scherer fue, aproximadamente, en abril de 2021 en el área de locutorios del Reclusorio Norte. Los litigantes habían acudido a visitar a Alonso Ancira. El jurista dice que les reclamó por “abandonarlo” pero que la respuesta de Araujo fue: “tu no has querido avanzar… están esperando ver tu voluntad de vender la empresa, si tomas la decisión avísanos”.
La promesa de Scherer, los 2 mil millones y la oposición de Ramos
El presunto contacto directo con Julio Scherer, sin intermediarios, comenzó en diciembre de 2020. Collado narra que sus hijos lo encontraron casualmente en el restaurante Carpacio en Miami, Florida. Ellos le pidieron una cita para abordar el caso de su padre y él les proporcionó el número celular de su asistente, Helen Castillo, para agendar dicha cita.
El 10 de diciembre se realizó la reunión con el Consejero Jurídico de la Presidencia. Fue a las cinco y media de la tarde en las oficinas ubicadas en el número 313 de Antonio de Mendoza, colonia Lomas de Virreyes. Fue ahí donde Scherer les planteó directamente que un acuerdo reparatorio sería posible: “él les dijo que tenía órdenes superiores de ayudar, y señaló que tenía que entregarse una cantidad de dinero para dicho acuerdo”.
En una nueva reunión, el 20 de enero a la una de la tarde, se plantearon los términos del presunto acuerdo: el pago total sería de 2 mil millones de pesos de, los cuales, se entregarían 300 millones de pesos de forma inmediata y los mil 700 millones de pesos restantes en pagos parciales a tres años. Y como garantía del cumplimiento de dicho acuerdo, estarían las acciones de la empresa Caja Libertad y las escrituras de diversas propiedades.
El 23 de febrero de 2021 el hijo de Collado alistó un cheque por 150 millones de pesos para cubrir parte del pago inicial, a la espera de hipotecar propiedades para juntar el resto. El 3 de marzo y 7 de abril hubo reuniones de seguimiento. El 27 de julio, agrega Collado, Scherer les dijo que estaba prácticamente todo cerrado.
Sin embargo, cuando la propuesta se intentó formalizar ante la FGR comenzaron las complicaciones. Aunque el titular de la entonces SEIDO, Alfredo Higuera, había dado continuidad al procedimiento, el subprocurador Juan Ramos, – el hombre de mayor confianza del fiscal general Alejandro Gertz Manero – mostró su desacuerdo.
“El subprocurador Ramos le manifestó a mi hijo no estar de acuerdo con el criterio jurídico del acuerdo reparatorio, ya que se requería una reclasificación del delito de delincuencia organizada lo cual estimaban improcedente”, explica Collado en su declaración.
En agosto de 2021, Collado se enteró por los medios de comunicación que Scherer había renunciado a la Consejería Jurídica. Cuando lo intentaron buscar sus hijos, recuerda, le dijeron que ya había salido del país.
La denuncia tiene falsedades: Araujo
El abogado Juan Antonio Araujo Rivapalacio dijo a Animal Político que la denuncia de Juan Collado tiene datos falsos e imprecisos. Por ejemplo, dijo que no hubo ninguna entrega de dinero en la terraza del hotel Four Seasons.
Indicó que fueron los Collado los que los buscaron para pedirles apoyo legal con asuntos de clientes potenciales que su despacho no podía llevar por los problemas legales que enfrentaban. “Siempre hubo una relación profesional y fue Antonio Collado quien me pidió que le ayudara con potenciales clientes y no yo quien le solicitó una alianza”, agregó.
Araujo explicó que fue Collado quien buscó el apoyo de Scherer para ayudarle a negociar un posible acuerdo reparatorio para su caso, situación que incluso fue manifestada a través de una carta que este le mandó de puño y letra al presidente Andrés Manuel López obrador, el 18 de diciembre de 2020.
Finalmente, el abogado confirmó que asistirá puntualmente a la audiencia programada este lunes en el Reclusorio Norte para proba que las acusaciones no tienen fundamento.
Con información de Animal Político
