Política energética de AMLO cimbra tratado con EU y Canadá
México tiene encima la primera queja formal en el marco del T-MEC y fue por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca restaurar el control estatal en el sector.
El inicio del proceso por parte de Estados Unidos se da justo una semana después de que empresarios de ese país se quejaran al respecto durante la visita del mandatario mexicano, y tras año y medio en el que funcionarios estadounidenses manifestaron sus inquietudes y aseguraron que se violan compromisos asumidos por México al firmar el acuerdo comercial.
El recurso anunciado por la representación comercial estadounidense, a cargo de Katherine Tai, indica que Washington solicitó consultas de resolución de disputas por medidas de México que socavan a privados y la energía producida en Estados Unidos.
“Estos cambios de política (energética) afectan los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable”, aseveró Tai en un comunicado.
Sostuvo que el Gobierno de Joe Biden ha tratado de trabajar de forma constructiva con el Gobierno mexicano para abordar esas “preocupaciones”, pero lamentablemente las empresas estadounidenses siguen enfrentando un trato injusto en México.
Estados Unidos confió en poder trabajar con la administración de López Obrador a través de las consultas para resolver esos temas a fin de avanzar en la competitividad de América del Norte.
La Secretaría de Economía, encargada de coordinar la defensa de México, respondió que tiene la voluntad para alcanzar una solución que satisfaga a las dos partes durante esta etapa, y agregó que las consultas son la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el tratado comercial vigente desde 2020.
Canadá, el otro socio del T-MEC, informó también ayer que promoverá sus propias consultas sobre las políticas energéticas de México, a las que calificó como inconsistentes con el tratado.
¿Y si no se arreglan?
México tiene 30 días para iniciar consultas y si en un plazo de 75 días no llegan a un acuerdo, Estados Unidos podría solicitar la creación de un panel para que se pronuncie sobre el diferendo.
Analistas consultados por 24 HORAS señalaron que de no acatar la resolución final habría sanciones arancelarias para el país, perjudicando al comercio exterior que ha sido uno de los pilares de la economía mexicana.
Oscar Ocampo, especialista en temas energéticos en el IMCO, declaró que en el peor de los casos podría haber represalias comerciales en forma de aranceles contra el valor de los daños que causó el Gobierno de López Obrador.
La administración Biden calcula en 10 mil millones de dólares el daño al sector privado estadounidense, sobre todo en energía renovable, de acuerdo a una carta que la representante comercial mandó en marzo al Gobierno de México.
Ocampo dijo que además se debilitaría la posición del Estado mexicano en las negociaciones “cuando le toque ir a revisar el corte de caja del T-MEC a los seis años” de su renovación.
Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética, apuntó que un eventual incumplimiento de México a la resolución podría afectar los lazos comerciales con Estados Unidos y Canadá, afectando las exportaciones, que a su vez causaría daños en los sectores agrícola y manufacturero.
El especialista acotó que el Gobierno mexicano no puede culpar al peñismo de haberse sometido a las reglas del T-MEC, dado que el acuerdo trilateral fue concluido, revisado y firmado por el propio presidente López Obrador, por lo que también le corresponde cumplirlo.
“Este no es un acuerdo político-ideológico, es una acuerdo comercial en el que existen términos y condiciones y en donde fue firmado por esta administración y tuvo la oportunidad de leer las letras chiquitas”, apuntó.
Santiago Arroyo, director de Ursus Energy, explicó que, en la última instancia en que se requiera la intervención de un árbitro que emita una resolución, se van a señalar responsabilidades a México para indemnizar a las naciones afectadas, o bien, exhortará al Gobierno mexicano a modificar o eliminar las reglas en materia energética que están vulnerando el tratado.
“La opción más viable es aceptar las acusaciones, llegar a una amigable composición que es lo que establece el propio T-MEC, es decir, acuerdos reparatorios. No necesariamente implicarían un resarcimiento económico, sino echar para atrás la Ley de la Industria Eléctrica, o en todo caso, mandar esta resolución para la Suprema Corte de Justicia y que terminen de resolver las controversias que hay sobre la Ley de la Industria Eléctrica”, detalló.
Y en dado caso en que no haya condiciones por parte de la actual administración para el cumplimiento de dichas decisiones, Estados Unidos –y en su momento, Canadá– respondería con cargas arancelarias “en donde le duele a México”: las exportaciones.
“México es un país manufacturero para estos países. Lo que va suceder es que todas las manufacturas y los famosos impuestos verdes se van a imponer y van a provocar que todas las empresas que producen cualquier tipo de artículos, servicio o bien aquí en territorio nacional y lo exporten para allá van a ir gravados con estos impuestos y tarde que temprano las empresas van a levantar sus inversiones y las van a llevar a otros lados donde no existan estas condiciones tan agresivas”, apuntó.
Aunado a lo anterior, las implicaciones de un desacato, también llegaría a las importaciones de petrolíferos de aquellos países hacia México.
“Lo que van a hacer estos países, van a gravar con un arancel todas las exportaciones que vayan de Canadá y Estados Unidos a México, es decir, la gasolina, el gas LP, el gas natural, todo va a tener un impuesto, ya se les van a cargar un impuesto que en México, los mexicanos tendrán que pagar y esto también incluye el combustible que salga de Deer Park”, dijo Arroyo.
Otro de las posibles represalias comerciales, también podrían golpear a las remesas, dado que éstas ingresan a nuestro país con una tasa impositiva cero. En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Tesoro, puede gravar los envíos de dinero de los connacionales hacia México.
“Lo que va a generar que los paisanos que están allá, ya no van a mandar remesas que es lo que tanto el presidente vanagloria”, acotó.
Aunque el proceso podría conducir a la imposición de aranceles de castigo a México, funcionarios de la oficina comercial estadounidense que pidieron el anonimato afirmaron que el objetivo es encontrar una solución y no tomar represalias, de acuerdo con un reporte de AFP.
La lucha por restablecer el control estatal
López Obrador libra una batalla por restaurar el control estatal sobre la generación de energía. Esta iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos, Canadá y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón.
La participación extranjera y privada se limita a la fase de generación de energía, mientras que los procesos de transmisión y distribución son monopolio del Estado. El Gobierno fracasó en su intento de reformar la Constitución para restituir el control estatal de toda la cadena productiva, pero logró algunos cambios en leyes reglamentarias que fortalecen su papel en la generación.
Con información de AFP
