CNDH emite recomendación a SSPC por muerte de estudiante de la Universidad de Guanajuato

De acuerdo con el comunicado, el 27 de abril de 2022 fue iniciada una investigación de oficio en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que más tarde fue remitida a esta Comisión Nacional por razones de competencia, por violaciones a los derechos humanos de cuatro jóvenes, quienes se encontraban conviviendo en un terreno cercano a la Universidad de Guanajuato, en la que estudian.

Sobre el caso, la Comisión Nacional acreditó el empleo excesivo de la fuerza que derivó en violaciones al derecho a la vida de la víctima mortal y a la integridad personal de las otras tres víctimas, ya que se advirtió que los integrantes de la Guardia Nacional no actuaron de acuerdo con los principios contenidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, ni acorde a lo establecido en los principios comunes y esenciales que rigen el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego.

“A pesar de que los elementos de la Guardia Nacional declararon que los jóvenes huyeron a alta velocidad en cuanto los vieron, por lo que tuvieron que perseguirlos y dispararles dado que no quisieron detenerse, esta Comisión Nacional concluyó que el uso de la fuerza fue ilegal, dado que no se encontraban frente a una amenaza real e inminente que ameritara, el uso de sus armas letales para salvaguardar su vida e integridad, tampoco se advirtió que los jóvenes opusieran resistencia, mucho menos agresiones.

“Por el contrario, se acreditó que los elementos de la Guardia Nacional dispararon de inmediato y de manera directa a las víctimas, sin existir causa debidamente motivada para accionar sus armas de fuego ni gradualidad en el uso de la fuerza, por lo cual su uso resultó inoportuno, innecesario y por ende excesivo”, precisaron en un comunicado.

Con base en lo anterior, la CNDH instó a la Guardia Nacional inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las cuatro personas cuyos derechos se violentaron, así como a las siete víctimas indirectas, y proceder a la inmediata reparación integral del daño que incluya la medida de compensación.

Además, solicitaron que se les otorgue la atención médica integral, psicológica, tanatológica y de rehabilitación, según corresponda a cada una de ellas.

Asimismo, pidieron que la SSPC colabore con el juzgado encargado de la investigación en contra de las personas servidoras públicas que pudieran resultar responsables de los hechos derivados de la recomendación, y también que colabore con el Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional, a fin de que se realice una investigación exhaustiva sobre estos hechos.

Finalmente, la CNDH pidió que se emita una circular dirigida a los integrantes de la compañía del área implicada en los hechos, que participe en las tareas de seguridad pública, para que se atienda lo establecido sobre el uso de la fuerza, con el propósito de que las personas servidoras públicas de dicha corporación registren audiovisualmente el desarrollo de los operativos en que participen.