El Gobierno de Michoacán, liderado por el morenista Alfredo Bedolla, acusó que el ex Mandatario Silvano Aureoles gastó durante casi seis años mil 200 millones de pesos para la renta de siete aeronaves para transporte de funcionarios, vigilancia aérea y búsqueda y rescate.

Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno, afirmó este jueves que el perredista firmó en 2015 un contrato con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V. para rentar seis helicópteros y un avión sigiloso.

“Era insostenible e injustificable la manera en que se hacía uso de los helicópteros, particularmente, incluso para asuntos personales y familiares de algunos funcionarios”, expuso en conferencia de prensa.

“Una vez que concluyan los procedimientos de entrega-recepción el 24 de octubre, se deslindarán responsabilidades una vez que concluya con las denuncias respectivas ante la Auditoría, Contraloría o Fiscalía, si fuera el caso”.

José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, puso en duda la legalidad del contrato, pues se firmó el 17 de diciembre de 2015 tras una adjudicación directa, apenas 14 días después de que la empresa se constituyó legalmente.

“La empresa fue registrada ante la Notaría Pública 150 del Estado de México el 3 de diciembre del 2015. Esto significa que la empresa se constituyó apenas 14 días antes de la firma del contrato, que se realizó el 17 de diciembre del 2015. Mismos 14 días que el Gobierno se tomó para realizar la adjudicación directa”, aseguró Ortega Reyes.

También se denunció que entre las cláusulas del contrato el Gobierno de Michoacán estaba obligado a sólo utilizar 50 horas efectivas de vuelo al mes, o de lo contrario pagar horas extras, y en caso de robo, confiscación, expropiación, daño o destrucción total de cualquier aeronave, el estado debía cubrir el costo total.

La flotilla de aeronaves que rentó el perredista Silvano Aureoles durante casi seis años fueron cinco helicópteros Airbus A125, un helicóptero Augusta Koala y un avión sigiloso Stemme.

La empresa B3 Fly Services S.A. de C.V., cuyo representante legal en este contrato fue Ismael Flores Ramos, aparece en datos de transparencia con domicilio fiscal en la Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México.

 

Con información de Reforma

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