Bloqueo a la CEDH Sinaloa, ataque a los derechos humanos de todos
La toma por un grupo de personas de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos significa el ataque a la sociedad sinaloense en general, que necesita a la institución siempre diligente y abierta en su función protectora que en lo individual o colectivo debe garantizar que todos sean amparados conforme lo dispone la Constitución.
El hecho de que un segmento inconforme detenga la operación del ombudsman de Sinaloa va más allá de la inconformidad contra una persona o una acción porque lo que se daña es el esfuerzo social que durante décadas de luchas, e inclusive sacrificio de vidas humanas, llevó a edificar las fortalezas contra abusos perpetrados en su mayoría contra la población en situación de vulnerabilidad.
Sería impensable que la exigencia del respeto a los derechos humanos de unos cuantos obstaculice las garantías constitucionales intrínsecas a la generalidad, normalizando el atropello como forma de solucionar conflictos en ese modo de salvajismo que pondría a Sinaloa en mayor riesgo de colapso al ser la actual violencia por sí sola un rasgo de atrocidad.
Frente al bloqueo de la CEDH los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están obligados a asumir la función que la Ley les asigna, dejando atrás la actitud de contemplación y la maniobra de lavarse las manos frente a problemas que no sólo están en sus ámbitos de competencia sino que además los implican como parte promotora de los diferendos.
La CEDH constituye el mejor lugar para llegar a acuerdos respecto a los derechos fundamentales cuyo respeto es el origen de la civilidad, al margen de fobias y filias que precisamente alientan la divergencia. Liberar el edificio sede del ombudsman de Sinaloa sería la prioridad en cualquier sociedad decidida a atender la máxima juarista que determina que el derecho al respeto ajeno es la paz.
