Casos Morelos y Sinaloa detonan reforma para frenar vínculos de políticos con criminales
Autoridades detuvieron en Morelos a Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, a Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla, y a otros funcionarios por su presunto vínculo con una de las seis agrupaciones criminales, como parte del Operativo Enjambre.
El caso dio un impulsó legislativo a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum con la que busca desmantelar redes de corrupción y crimen para dar paso a una propuesta para facultar al Instituto Nacional Electoral (INE) de revisar las candidaturas de cara a laselecciones de 2027.
La presidenta reconoció que la propuesta para frenar la llegada de políticos vinculados con el crimen la tomó a partir del caso de Morelos, un estado gobernado por Morena.
“Hemos vivido, desde que entramos, algunos casos ―y lo subrayo: algunos casos— de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada (…) desde que pasó lo de Morelos planteamos: qué se puede hacer para evitar, o que el INE tenga las capacidades para poder saber; por lo menos una investigación”, explicó.
Sin embargo, el caso se da en el contexto de las a cusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueve políticos, funcionarios y mandos policiacos de la entidad, de proteger a “Los Chapitos”, la fracción del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos del “Chapo” Guzmán.
El Operativo Enjambre
En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han habido acciones para combatir el problema y desde noviembre de 2024 más de 70 funcionarios han sido detenidos en 10 estados como parte del Operativo Enjambre con el que se ejecutan órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas.
El primer tiro fue al Estado de México, y en los siguientes meses se sumaron funcionarios y políticos de estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Aguascalientes y Chiapas.
Con el operativo se han detenido a 14 alcaldes y expresidentes municipales y a 60 funcionarios y exfuncionarios entre ellos policías municipales, directores de seguridad y mandos estatales bajo proceso.
Entre ellos María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco; Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, en Estado de México, por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana; Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, por su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y recientemente los funcionarios en Morelos.
El vínculo entre autoridad y crimen no es un capítulo exclusivo de este gobierno pues en el país durante años varios gobernadores, presidentes municipales fiscales de prácticamente todos los estados han sido señalados por algún tipo de relación con criminales.
Además del reciente caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ha habido otros mandatarios señalados por vínculos con organizaciones criminales, como Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo), Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit), así como Tomás Yarrington y Eugenio, ambos de Tamaulipas, entre otros.
Freno a candidatos con nexos criminales
Aunque desde el gobierno federal se están combatiendo los vínculos entre crimen y autoridad, través de una reforma la presidenta buscará que quienes tengan un “posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada” no sean postulados a un cargo de elección popular.
Para ello, la presidenta Sheinbaum propuso la creación de Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la que se revisen presuntos vínculos criminales.
Arturo Espinosa Silis, analista político y director del think tank Laboratorio Electoral, considera que de aprobarse la propuesta no resolverá un problema arraigado en el país, además crítica que se deja en manos del INE una facultad que no le corresponde.
Le dejan la responsabilidad al INE de algo que es responsable de los partidos políticos. Son los partidos políticos quienes tienen que hacer una auscultación detallada y minuciosa de los perfiles que postulan. No le corresponde eso al INE, les corresponde a los partidos políticos”.
