Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta
Durante años, una arquitectura invisible de protección dentro de varios niveles del gobierno mexicano permitió que el Cártel de Sinaloa operara a plena vista.
El pacto con las autoridades funcionaba así, dijeron miembros del cártel: las palabras en clave despejaban el camino para que las drogas y las armas pasaran sin obstáculos por los controles de seguridad; se daban los nombres de los rivales a los agentes de policía, quienes los detenían y entregaban a sus enemigos; y, a veces, hombres armados del cártel se unían a las redadas policiales.
Durante años, una arquitectura invisible de protección dentro de varios niveles del gobierno mexicano permitió al Cártel de Sinaloa operar a plena vista, según me dijeron varios miembros de la organización criminal. Ese sistema contribuyó a que el cártel se convirtiera en una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo, traficando con fentanilo por valor de miles de millones de dólares a través de la frontera estadounidense, incluso cuando los principales líderes del grupo fueron abatidos y una guerra interna dividió la organización.
El mes pasado, días después de que se desvelara una acusación estadounidense contra varios funcionarios mexicanos, hablé con cuatro operativos del cártel, quienes accedieron a hablar sobre cómo el Cártel de Sinaloa trabajó con políticos y miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército en los últimos años. El auto de procesamiento acusa al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos estatales, anteriores y actuales, de mantener una alianza con el grupo por años a cambio de sobornos y apoyo político.
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York describen una connivencia que alcanzó los niveles más altos de poder en Sinaloa y se extendió por todo su aparato de seguridad. Alegan que el cártel —en particular la facción de los Chapitos, dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo— ayudó a Rocha a ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021 robando boletas electorales y secuestrando e intimidando a candidatos de la oposición. A cambio, según los fiscales estadounidenses, prometió apoyar sus operaciones de tráfico y, una vez en el cargo, permitió que el grupo operara de manera libre al posicionar a funcionarios corruptos en el gobierno estatal y local, quienes protegieron al cártel.
A pesar de las más de 200 denuncias documentadas de intimidación armada, robo de boletas y secuestros de candidatos, las autoridades electorales locales y federales desestimaron ese momento de crisis en 2021 como una serie de incidentes aislados y confirmaron formalmente la victoria de Rocha.
Tres de los operativos con los que hablé dijeron estar vinculados a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Uno dijo que estaba relacionado con la facción contraria, los Mayos. No facilitaron sus nombres completos y hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias de las fuerzas de seguridad y de sus jefes.
Uno de ellos es un alto miembro del cártel que ha hablado conmigo varias veces por mis reportajes. A otro lo conocí en una casa de seguridad del cártel llena de hombres armados. Hablé con un tercero en un lugar que he usado en el pasado para reunirme con contactos del cártel, y con una cuarta persona después de que esa red de contactos me presentara. Las entrevistas y el trabajo de investigación que hice para este reportaje, incluida la confirmación de algunos detalles de los relatos de los operativos del cártel, demostraron que conocían a fondo el funcionamiento interno del grupo.
Sus descripciones de las redes de protección en las que participaban el cártel y las autoridades locales fueron corroboradas por expertos, antiguos funcionarios y pruebas de casos penales previos.
Según los integrantes del cártel, las autoridades locales siguen proporcionando cierta protección en la actualidad, aunque el acuerdo se ha debilitado debido a la guerra interna entre las facciones de los Chapitos y los Mayos y a la represión de los grupos delictivos por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Los policías de Sinaloa han sido escoltas de muchos capos en Sinaloa”, dijo Guillermo Valdés, exjefe de la agencia federal de inteligencia de México de 2007 a 2011, y añadió que los grupos criminales de México han sobornado históricamente a fuerzas policiales enteras, aprovechándose de su escasa remuneración y de las protecciones endebles para quien se niega a cooperar.
Rocha, quien se ha apartado temporalmente del cargo de gobernador, ha negado los cargos de la acusación estadounidense, calificándolos como acusaciones “falsas y sin fundamento”. También dijo que las acusaciones eran un intento del gobierno de Donald Trump de socavar la soberanía de México y de atacar a la coalición política de izquierda encabezada por Sheinbaum, de la que Rocha es parte.
Sheinbaum ha rechazado las peticiones de Estados Unidos de detener a Rocha, alegando que las pruebas son insuficientes, y en su lugar ha pedido a la fiscalía general de México que investigue.
