“Congela UIF cuentas al “Pity” Velarde; ex secretario de Rocha

Redacción OV El Analista

La Unidad de Inteligencia Financiera de México “congeló” las cuentas bancarias a Ricardo “Pity” Velarde, ex secretario de Turismo con Rubén Rocha y quien se viera relacionado en la desaparición de un joven originario de Durango en uno de los bares de su propiedad.

Velarde Cárdenas, mejor conocido públicamente como “El Pity Velarde” es un empresario del sector restaurantero y turístico de Mazatlán, Sinaloa, y exfuncionario del gobierno estatal encabezado por Rubén Rocha Moya.

En esta administración, ocupó cargos como subsecretario de Turismo y encargado del despacho de esa dependencia.
También fue secretario de Economía de Sinaloa entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.

Renunció al cargo tras la desaparición de un joven originario de Durango (Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años) en el bar Terraza Valentino (o Valentinos), del que es copropietario o accionista, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán.

La desaparición ocurrió la madrugada del 5 de octubre de 2025; la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investiga por privación ilegal de la libertad. Velarde no estaba bajo investigación directa como operador del bar, según declaraciones de la FGE a finales de 2025, aunque se realizaron cateos y se recopilaron videos y testimonios.

También se le vincula con otros establecimientos (como Cotorritos) donde se reportaron desapariciones de jóvenes, y es fundador/director de un grupo empresarial con múltiples bares y restaurantes en Mazatlán.
El bloqueo de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyó a Ricardo Velarde Cárdenas en su Lista de Personas Bloqueadas. Esto generó el congelamiento de sus cuentas bancarias y la suspensión de operaciones financieras.
La medida se extendió a su socio empresarial Jorge Armando Lizárraga Angulo (empresario inmobiliario, socio en al menos ocho empresas) y a varias compañías vinculadas: Grupo Priben, Operadora de Bares Veliz (OPV), Impulsora de Proyectos Veliz (relacionada con el proyecto inmobiliario Akoya Sky Living en el malecón de Mazatlán: torre de 30 niveles con hotel y departamentos), Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte (asociado al restaurante/bar El Muchacho Alegre, atacado con artefacto incendiario en abril de 2026), Otras sociedades de bares y negocios turísticos/inmobiliarios en Sinaloa.
El bloqueo se formalizó mediante el acuerdo 326/2026 de la UIF (mencionado en los amparos). La información pública sobre el caso se conoció principalmente el 7 de septiembre de 2026, a través de reportes de Agencia Reforma y medios como La Silla Rota y El Imparcial, entre otros.
Razones del bloqueo
La UIF no ha publicado de forma detallada y pública los indicios específicos del caso de Velarde. En términos generales, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva (no una sanción penal ni sentencia de culpabilidad) orientada a impedir operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) o financiamiento al terrorismo, cuando existen indicios razonables y suficientes.

Se basa en el análisis de reportes de operaciones inusuales de instituciones financieras, cruzados con otras fuentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó en 2026 que la UIF puede ordenar estos bloqueos sin orden judicial previa, incluso por investigaciones nacionales (no solo internacionales), siempre que se respete el derecho de audiencia.

El bloqueo inmoviliza cuentas (no se puede retirar, transferir ni operar), pero el dinero permanece; busca evitar que recursos presuntamente ilícitos circulen en el sistema financiero mientras se investiga.

25 de agosto de 2026: Velarde promovió un juicio de amparo contra su inclusión en la lista. El mismo día, Lizárraga y empresas relacionadas también impugnaron.

El 7 de septiembre de 2026: El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se declaró incompetente y ordenó remitir el amparo de Velarde a juzgados federales de Sinaloa.

Un juez negó la suspensión provisional a Operadora de Bares Veliz, argumentando que levantar el bloqueo podría entrar en conflicto con la prevención de operaciones ilícitas (criterio alineado con resoluciones recientes de la SCJN de agosto de 2026, que limitan las suspensiones totales en estos casos).

Los amparos permiten revisar fundamentación, motivación e indicios, pero no liberan automáticamente las cuentas mientras se resuelven.

Contexto general del mecanismo UIF
La Lista de Personas Bloqueadas (fundamentada en la Ley de Instituciones de Crédito) ordena a bancos suspender servicios de inmediato. Los afectados tienen plazos para solicitar garantía de audiencia (generalmente 5 días hábiles para pedirla, 10 para pruebas y alegatos, y 15 para resolución de la UIF). También pueden acudir al amparo. En 2026, la UIF reportó miles de cuentas inmovilizadas a nivel nacional como parte del combate a actividades ilícitas.