CUANDO UNA UNIVERSIDAD COMIENZA A PERDER LA CONFIANZA

La crisis más peligrosa no empieza cuando falta el dinero. Empieza cuando la verdad deja de ser suficiente para sostener la confianza.

Antes de que amaneciera, un maestro jubilado abrió un viejo portafolio de piel que llevaba décadas acompañándolo. No buscaba dinero; sabía que no lo encontraría ahí. Buscaba una libreta amarillenta donde, con tinta azul y letra impecable, había escrito los nombres de miles de estudiantes. Algunos se convirtieron en médicos, ingenieros, abogados, investigadores o maestros. Otros nunca volvieron a cruzarse en su camino. Sin embargo, todos conservaban algo que ninguna crisis financiera podría embargar: una parte de lo que aprendieron frente a un pizarrón.

Mientras pasaba lentamente aquellas páginas, comprendió que los números pueden explicar un presupuesto, pero jamás alcanzarán para medir el valor de una vida dedicada a enseñar.

Esa mañana pensó, quizá por primera vez, que una universidad puede enfrentar déficit, deudas o insuficiencia presupuestal sin perder su esencia. Lo verdaderamente peligroso comienza cuando la comunidad deja de confiar en quienes tienen la responsabilidad de conducirla.

Las universidades no fueron creadas para administrar silencios.

Nacieron para hacer preguntas incómodas.

Para someter las ideas al rigor de la evidencia.

Para demostrar que ninguna afirmación debe sostenerse únicamente por la autoridad de quien la pronuncia.

Por eso resulta inevitable mirar con preocupación la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los hechos son conocidos. Existe una crisis financiera. Se han reconocido dificultades para cubrir compromisos laborales. Se habla de subsidios insuficientes, de pasivos acumulados durante años, de obligaciones fiscales, de un sistema pensionario sometido a una fuerte presión financiera y de la necesidad de emprender reformas que permitan garantizar la viabilidad institucional.

Pero las crisis no se entienden únicamente leyendo balances contables; también se miden observando el calendario. Hoy, 4 de julio, la segunda quincena de junio continúa sin ser cubierta y, mientras ese compromiso permanece pendiente, ya comienza a correr la primera quincena de julio. Para cientos de trabajadores y sus familias, la incertidumbre dejó de ser un concepto financiero para convertirse en una realidad cotidiana. Las cuentas no esperan, las rentas vencen, los medicamentos no pueden posponerse y la despensa no entiende de negociaciones institucionales. Cuando el tiempo empieza a acumularse sobre los salarios vencidos, la crisis deja de ser un problema administrativo: adquiere rostro humano.

Ninguno de esos temas puede ignorarse.

Pero tampoco puede simplificarse.

Las instituciones complejas rara vez colapsan por una sola causa.

Los grandes naufragios no ocurren por una única ola. Son el resultado de pequeñas filtraciones que durante años nadie quiso reparar.

Reducir una crisis de esta magnitud a un solo factor sería tan equivocado como pretender que toda la responsabilidad corresponde únicamente a la administración actual. Las universidades son organismos vivos. Sus fortalezas y sus problemas son el resultado de decisiones acumuladas durante décadas, tomadas por distintas autoridades, influenciadas por políticas públicas, limitaciones presupuestales y circunstancias económicas que rebasan a cualquier persona en lo individual.

Precisamente por eso, la comunidad universitaria tiene derecho a conocer con absoluta claridad qué ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió y, sobre todo, cuál es la ruta técnicamente sustentada para salir de esta situación.

Corresponde al rector, el Dr. Jesús Madueña Molina, y a su administración informar con absoluta transparencia el estado real de las finanzas universitarias, presentar los estudios técnicos, financieros y actuariales que sustenten las medidas propuestas, y rendir cuentas de manera clara y verificable a la comunidad universitaria y a la sociedad sinaloense. En una institución pública, la confianza no se exige: se construye con información oportuna, verificable y abierta al escrutinio.

La transparencia no es un acto de buena voluntad.

Es una obligación ética.

También es una herramienta de gobernanza.

Cuando una institución enfrenta una crisis, la confianza no se recupera mediante discursos, sino mediante información verificable. Estados financieros abiertos, auditorías independientes, estudios actuariales públicos, diagnósticos técnicos y decisiones explicadas con claridad fortalecen mucho más que cualquier campaña de comunicación.

Las cifras pueden discutirse.

Los modelos actuariales pueden actualizarse.

Los convenios laborales pueden renegociarse.

Los subsidios pueden replantearse.

Lo que resulta mucho más difícil de reconstruir es la confianza cuando ésta se fractura.

Los trabajadores activos, los jubilados, los estudiantes, el personal administrativo y la sociedad que sostiene a la Universidad tienen derecho a participar de una conversación basada en evidencia, no en percepciones.

Las pensiones merecen un análisis serio porque representan derechos laborales adquiridos y, al mismo tiempo, obligaciones financieras que deben ser sostenibles en el largo plazo. Ambas realidades pueden coexistir. Reconocer una no significa negar la otra.

Precisamente por ello, cualquier transformación debe sustentarse en estudios técnicos independientes, abiertos al escrutinio de la comunidad universitaria y de la sociedad.

Las universidades enseñan ciencia.

Y la ciencia comienza donde terminan las suposiciones.

La Universidad Autónoma de Sinaloa merece una explicación completa de sus finanzas. Merece conocer el tamaño real de sus pasivos, la naturaleza de sus compromisos, el origen de sus insuficiencias presupuestales y las alternativas disponibles para garantizar su futuro.

No para buscar culpables.

Sino para construir soluciones.

Porque las crisis no distinguen entre rectores, sindicatos, jubilados, profesores o estudiantes.

Cuando una universidad se debilita, pierde el estado entero.

Pierden los jóvenes que depositan en ella sus sueños.

Pierden las familias que ven en la educación el camino más digno hacia la movilidad social.

Pierde la investigación.

Pierde la cultura.

Pierde el desarrollo regional.

Y pierde la democracia, porque toda universidad pública es también un espacio donde una sociedad aprende a pensar críticamente.

Al caer la tarde, aquel maestro jubilado volvió a guardar su vieja libreta. La cerró con el mismo cuidado con que durante cuarenta años cerró el registro de asistencia de sus alumnos. Afuera, los edificios seguían en pie. Las aulas continuaban abiertas. Los laboratorios esperaban una nueva jornada. Todo parecía intacto.

Sin embargo, comprendió algo que ningún balance contable podrá registrar jamás.

Los edificios pueden repararse.

Los presupuestos pueden equilibrarse.

Las leyes pueden reformarse.

Los convenios pueden renegociarse.

Pero la autoridad moral de una universidad sólo permanece viva mientras conserve la confianza de quienes la construyen todos los días.

Porque las universidades no son de quienes las administran.

Son de quienes las enseñan.

De quienes las estudian.

De quienes las sostienen con sus impuestos.

Y, sobre todo, de quienes todavía creen que el conocimiento sigue siendo la forma más poderosa de transformar una sociedad.

Si alguna lección deja esta crisis, es que ninguna institución puede aspirar a un futuro sólido edificando sobre la incertidumbre. La salida no será el silencio ni la confrontación. Será la verdad completa, la transparencia sin excepciones y la voluntad compartida de recordar que una universidad pública no es patrimonio de un grupo: es patrimonio moral de toda una sociedad.