Aunque el Congreso endureció sanciones contra morosos alimentarios, mujeres que exigen pensión denuncian procesos largos, miedo y falta de cumplimiento judicial.

Josemiguel Souza

Culiacán, Sin.- María lleva casi 20 años intentando que su expareja cumpla con el pago de pensión alimenticia para su hija. Durante ese tiempo, ha tenido que asumir sola gastos cotidianos, enfermedades y necesidades económicas, mientras enfrenta un proceso legal que, asegura, ha sido desgastante y poco efectivo.

La madre de familia relata que, pese a contar con una sentencia judicial y cuotas alimentarias establecidas por tribunales, el incumplimiento ha sido constante y acusa falta de acción por parte de las autoridades para garantizar el derecho de su hija.

“Tiene una que hacer su chamba, investigar y presentar las pruebas, esa es la lucha que tengo ahora y yo no entiendo de dónde sale ese desinterés para no hacerse cargo de nuestra hija”, declaró.

Endurecen castigos contra deudores

Recientemente, el Congreso de Sinaloa aprobó una reforma para endurecer las sanciones contra deudores alimentarios. Los cambios contemplan penas de hasta cinco años de prisión por incumplimiento de obligaciones alimentarias y hasta seis años para quienes oculten ingresos o simulen insolvencia para evitar pagos.

Las modificaciones también amplían las restricciones para personas morosas, quienes deberán acreditar que no forman parte del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para acceder a candidaturas, cargos judiciales, matrimonio y algunos trámites notariales.

Además, la reforma fortalece el papel del Poder Judicial en la actualización de registros y contempla sanciones más severas en casos de abandono económico hacia mujeres embarazadas con presunción de paternidad.

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El Congreso del Estado ha endurecido penas contra deudores alimentarios / Foto: Cortesía / Congreso del Estado.

“Es una esperanza para las mamás”

La integrante del colectivo Ley SabinaDaneb Guzmán, consideró que estas reformas representan un avance para madres que enfrentan litigios relacionados con pensiones alimenticias, aunque advirtió que persisten barreras estructurales que dificultan el acceso a la justicia.

Explicó que, debido al contexto de inseguridad y a la violencia ejercida por algunos deudores, muchas mujeres han reducido su participación en el activismo o han decidido guardar silencio.

“Muchas mamás con miedo, por la incertidumbre y también por la violencia que ejercen los mismos deudores, como que le bajan, bajamos la guardia y guardamos silencio”, expresó.

Guzmán señaló que las nuevas disposiciones generan respaldo institucional al reconocer las afectaciones económicas, emocionales y familiares que ocasiona el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

“Es una esperanza para las mamás que están en estos procesos legales, te da cierto respiro y cierto respaldo legal. Como mamá y como mujer que está en estos procesos, el decir: ‘no estoy exagerando, no estoy loca’, porque esto implica mucho más: nuestra salud económica, emocional, autoestima y el bienestar de los niños”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que endurecer sanciones no resolverá por sí solo los problemas del sistema judicial.

“Lo que desgasta a muchas mujeres y mamás es que todo se sigue haciendo como hace 100 años: notificación por papel, notificación presencial. Ahí está la parte complicada”, lamentó.

Alta demanda y rezago judicial

De acuerdo con datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el rubro con mayor número de asuntos relacionados con alimentos durante 2025 fue el de pago y/o aseguramiento de alimentos, con dos mil 154 expedientes iniciados y 846 concluidos, lo que refleja la alta demanda de litigios para garantizar pensiones alimenticias.

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Colectivos advierten que las nuevas sanciones contra deudores alimentarios deben acompañarse de procedimientos más ágiles / Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Durante 2024 se iniciaron dos mil 278 expedientes bajo este concepto; sin embargo, únicamente 294 fueron concluidos.

Otros procedimientos relacionados con manutención también registran actividad constante. En aumento de pensión alimentaria se iniciaron 28 asuntos y concluyeron 13; en disminución de pensión alimentaria se registraron 61 expedientes iniciados y 27 concluidos.

En materia de cesación de obligación alimentaria, el Poder Judicial reportó 469 asuntos iniciados y 415 concluidos, siendo uno de los rubros con mayor porcentaje de resolución.

Mientras tanto, en lo que va de 2026 suman ya 704 asuntos relacionados con obligaciones alimentarias.

El temor de las víctimas

Daneb comentó que durante el contexto de violencia que se registra en Sinaloa, derivado del conflicto entre grupos delincuenciales, la exigencia por los pagos de alimentos se ha visto afectada, ya que muchas madres temen ser víctimas de alguna agresión.

Incluso recordó el caso de Astrid, una joven madre a quien le arrebataron la vida a manos de su expareja en diciembre de 2024. La víctima había denunciado en reiteradas ocasiones que el padre de su hijo no cumplía sus obligaciones.

Pese al endurecimiento de sanciones y las nuevas restricciones para deudores alimentarios, madres y activistas sostienen que el principal reto continúa siendo agilizar los procedimientos y garantizar que las resoluciones judiciales realmente se cumplan.

CON INFORMACIÓN DEL SOL DE SINALOA

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