En medio de dimes y diretes por el dinero para la consulta de revocación de mandato, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova sostuvieron una reunión.

Sin embargo, el encuentro no fue para tratar la organización de la consulta prevista para el 10 de abril, ni la respuesta de la Secretaría de Hacienda a la solicitud de mil 700 millones de pesos de recursos extra, sino para abordar la agenda electoral 2022.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cita titular, Rosa Icela Rodríguez, también participó en el encuentro, informó que las partes acordaron la definición de la Estrategia de Protección en el Contexto Electoral 2022, de cara a las elecciones en seis estados.

“El propósito es acompañar los comicios que se realizarán este año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como las elecciones extraordinarias en diversos municipios y la consulta para la Revocación de Mandato”, señaló en una tarjeta informativa.

De manera coordinada, se buscará detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar acciones de la delincuencia en el contexto electoral, además de reforzar la seguridad en dichas entidades federativas.

Además de los Secretarios y el consejero presidente del INE, estuvieron presentes el jefe de Oficina del secretario de Gobernación, José Antonio De la Vega; y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

También el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, y el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz en Entidades Federativas y Regiones de la SSPC, Carlos Augusto Morales López.

En los últimos días, la Federación y el INE han escalado sus diferendos por los recursos para la consulta.

El primero propuso un plan de austeridad, aseguró que el árbitro electoral cuenta con recursos y anticipó que no le dará dinero extra porque el presupuesto federal ya está comprometido.

En tanto, el INE reclamó la intervención del Gobierno federal en su presupuesto, afirmó que el plan sugerido presenta inconsistencias e imprecisiones y advirtió que, con menos presupuesto del requerido, podría habilitar menos casillas que las proyectadas.

 

Con información de Reforma

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