Diputados no pueden decir cómo gasta el INE.-Ciro Murayama

Al contrario, dijo, al “sugerir” los rubros en los que el INE debe recortar gastos, afirmando que no se justifica el monto, es una intromisión constitucional que viola la autonomía del organismo.

En su dictamen, la Comisión de Presupuesto afirmó que el INE podría prescindir de 4 mil millones para una consulta popular, 342 millones de su gestión administrativa, 12 millones para acceso a la información y 95 millones en otros rubros.

“Ellos no pueden decir las partidas que se recortan, nunca ha ocurrido, es una cosa sin precedentes. Lo que hace la Cámara es autorizar el presupuesto y tiene que haber un razonamiento, aquí lo que hay es una descalificación y un recorte, no un razonamiento, y una invasión a la autonomía presupuestal”, advirtió.

“El documento sí tiene un problema de legalidad al pretender, desde fuera, imponer partidas como si fuéramos una entidad del Ejecutivo federal cuando se trata de un órgano autónomo”.

Es como si a la UNAM, citó como ejemplo, le dijeran cuánto debe aportar para docentes, investigación o difusión para la cultura.

El 1 de junio pasado, la Corte anuló el recorte al presupuesto del INE para 2022 por 4 mil 913 millones de pesos, y le ordenó a la Cámara de Diputados que de negárselo nuevamente, tendría que “ofrecer una motivación reforzada, es decir, presentar argumentos serios, de fondo y razonados”.

Murayama insistió que además de no cumplir, para el ejercicio 2023 la mayoría en la Cámara de Diputados pretende hacer lo mismo, aplicar un recorte sin argumentos serios ni justificados.

“Los diputados están tropezando con la misma piedra. En el INE estamos analizando acudir a la Corte porque los diputados tenían la orden de motivar y fundamentar la decisión que tomaron para el 2022, y no lo hicieron”, añadió.

“El órgano parlamentario no está acostumbrado a explicar por escrito sus razones. Entonces, si es con esos argumentos con el que se pretende recortar al INE, y además invadiendo su autonomía, estamos otra vez ante un problema de incapacidad”.

El consejero lamentó que los legisladores no puedan desprenderse de la polarización que existe sobre la reforma electoral para analizar el presupuesto del INE, cuyo recorte impactará en su operación.

Ciro Murayama consideró que los diputados no pueden dar por hecho que no habrá consulta popular, la cual costaría 4 mil millones, pues el plazo vence hasta el 30 de noviembre, por lo que deberían aprobar dicho monto, y si finalmente no se concreta, la Tesorería de la Federación podría no entregar ese dinero.

Sin embargo, si algún actor pidiera ese ejercicio, el INE estaría imposibilitarlo para realizarlo, y la Cámara estaría violando el derecho de participar en un ejercicio de democracia directa.