El costo de sostener a Rocha
José Luis Parra
A veces el poder no se pierde de golpe; se deshilacha. Y cuando eso ocurre, los protagonistas no siempre alcanzan a entender en qué momento pasaron de operadores a operados.
Quizá, en la discreción que la caracteriza, Ariadna Montiel se haga la pregunta incómoda. No en público, claro —ahí todo es disciplina y sonrisa institucional—, sino en ese espacio donde la política deja de ser discurso y se vuelve conciencia: ¿en qué momento esto dejó de ser administración de programas sociales para convertirse en control de daños?
Porque el problema ya no es Rubén Rocha Moya. Ese es apenas el síntoma visible. El verdadero dilema es el sistema que lo sostiene… o que empieza a soltarlo.
El próximo domingo no será un trámite interno. Será una prueba de lealtades. Gobernadores, aliados, cuadros medios: todos tendrán que decidir si el guinda se defiende como causa o se administra como riesgo. En política, el color no se decolora; se traiciona o se abandona.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum juega a lo único que hoy puede jugar: ganar tiempo. Su estrategia —tibia, calculada, casi administrativa— no busca salvar a Rocha, sino evitar que el incendio alcance la bodega completa. Porque del otro lado no hay improvisación. Hay expediente, hay tiempos y, sobre todo, hay intención.
Y ahí aparece el fantasma que nadie quiere nombrar en voz alta: la posibilidad —remota, sí, pero políticamente devastadora— de que Morena sea colocado en una categoría que lo saque del juego institucional: que sea considerada como organización terrorista. No porque vaya a ocurrir mañana, sino porque el simple hecho de que se discuta ya modifica conductas, discursos y miedos.
La política mexicana ha aprendido a convivir con escándalos. Lo que no sabe manejar es la presión externa con consecuencias reales: aranceles, fronteras, tratados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no opera con conferencias mañaneras, sino con expedientes que tardan años en armarse… y minutos en activarse.
Por eso el nerviosismo. Porque cuando el poder se siente eterno, olvida prepararse para el día después. Y en la 4T ese día empieza a asomarse.
Por Sinaloa la disyuntiva es brutal: cerrar filas o marcar distancia. No hay punto medio cuando el costo puede ser sistémico. Apoyar a morir o comenzar a sobrevivir.
Lo irónico —y aquí el bisturí entra sin anestesia— es que esta historia no empezó hoy. Viene documentándose desde 2021, cuando Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano llevaron a Washington un expediente que entonces fue ridiculizado como pataleo opositor.
Hoy, ese mismo documento parece menos exagerado y más premonitorio.
Testimonios de levantones, amenazas directas —“si no gana Rocha los vamos a matar a todos”—, operadores secuestrados, candidatos obligados a retirarse. No eran metáforas. Eran métodos. Y estaban ahí, escritos, esperando el momento en que alguien decidiera tomarlos en serio.
Tres años después, con Ismael El Mayo Zambada en el centro del tablero y con cartas, versiones y filtraciones cruzando la frontera, las piezas empiezan a acomodarse con una lógica incómoda: la de la consistencia.
La historia, dicen, siempre juzga. Pero primero observa. Y en este caso, lo hace con lupa internacional.
El problema para el oficialismo no es sólo lo que pasó. Es que ahora hay quien está dispuesto a probarlo.
Y cuando eso ocurre, ya no se trata de narrativa. Se trata de consecuencias.
Al final, la pregunta no es si caerá Rocha.
La pregunta es quién cae con él.
Consecuencias de la justicia importada.
