La persona que ha pagado más impuestos atrasados en la historia del fisco mexicano está involucrado en los Papeles de Pandora. Esa es una de las revelaciones que ha hecho Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en reacción a las investigaciones publicadas esta semana por EL PAÍS en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y 150 medios de todo el mundo. Buenrostro no ha detallado quién es el contribuyente, pero sí ha hecho público el monto adeudado. “Recibimos un pago de poco más de 5.800 millones de pesos [hechos] nada más por una persona física”, ha señalado la funcionaria durante una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Ahorita están de moda los Pandora Papers”, dijo Buenrostro, “de los que se mencionan ahí, nosotros traemos una investigación desde el año pasado”. La jefa del SAT señaló que algunos de los implicados en la filtración “ya tienen auditorías avanzadas” y en algunos casos se analiza la posibilidad de llevarlos a juicio por evasión fiscal. Las investigaciones publicadas, una colaboración internacional de más de 600 periodistas, han sacado a la luz una industria en las sombras que mueve billones de dólares en todo el mundo a través de paraísos fiscales y ha destapado que más de 3.000 mexicanos recurrieron a estructuras opacas en el extranjero.

En una entrevista con reporteros que siguieron la sesión de trabajo, realizada el jueves, Buenrostro explicó que eran personas a las que ya se les había seguido la pista en los últimos meses. “Más que estar en Pandora Papers, nosotros tenemos auditorías desde antes y lo que buscamos son los mayores evasores”, dijo la funcionaria e indicó que la evasión fiscal en México ronda el billón de pesos, el equivalente a 42.000 millones de euros y casi una sexta parte del presupuesto de egresos del país. “Si el mayor evasor está en los Pandora Papers, le va a tocar”, agregó. Los 5.800 millones de impuestos que se cobraron a esa sola persona equivalen al gasto aprobado para la Secretaría de Gobernación y es más de lo que se destinó para este año a la Suprema Corte (5.090 millones) y al Senado (4.080 millones).

En su comparecencia, Buenrostro reconoció que hay corrupción en el pago de impuestos en México y dijo que ya se ha despedido a uno de cada 10 trabajadores del SAT que estaban coludidos. Buenrostro solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República para que las personas implicadas en estos esquemas enfrenten consecuencias legales. “De nada sirve que yo lo denuncie, si hay impunidad. Tiene que haber un castigo”, afirmó. Buenrostro también apuntó que no tenía sentido emprender una reforma fiscal porque eso solo perjudicaría a los contribuyentes “cautivos” y que la estrategia del Gobierno es hacer que cumplan las personas que “no pagan” o que “pagan mal”, porque acuden a maniobras financieras y legales para eludir sus obligaciones.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió el lunes “que se investigue a todos”, en especial los casos donde hay indicios de irregularidades. “Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital y hay que ver cómo se resuelve, sobre todo que los que sacan dinero no evadan impuestos”, dijo en conferencia de prensa. Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia hasta el mes pasado, y Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, figuran en las investigaciones periodísticas con estructuras en las Islas Vírgenes, aunque el hecho de tener empresas offshore no es, en sí, un delito si se declaran a las autoridades.

Armando Guadiana, senador por Morena, el partido en el Gobierno, dijo en una conferencia de prensa que no va a apartarse de su cargo para ser investigado y aseguró estar al corriente en el pago de sus impuestos tras ser señalado en la filtración. La Unidad de Inteligencia Financiera señaló el pasado domingo, tan solo una hora y media después de que se hicieran las primeras revelaciones, que ya se habían iniciado investigaciones sobre los involucrados. Su titular, Santiago Nieto, dijo en una columna de opinión que no será posible abrir carpetas sobre los 3.000 implicados y que las pesquisas se centrarán en las Personas Políticamente Expuestas, una categoría financiera para clientes con cargos y responsabilidades públicas, así como sus familiares, en algunos casos.

Con información de El País

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