EL PAÍS QUE DECIDIÓ GASTAR MÁS EN ENERGÍA

Mientras Estados Unidos debilita las reglas del ahorro energético, México conserva sus normas obligatorias. Dos vecinos, una misma red económica y decisiones que parecen caminar en sentidos diferentes.

El aire acondicionado llevaba varias horas encendido.

Sobre la mesa estaba el recibo de la electricidad. Nadie lo comentaba, pero todos lo habían visto. Bastó un gesto para subir un grado el termostato y apagar una lámpara innecesaria. En millones de hogares, las decisiones energéticas no comienzan en un ministerio ni en una central eléctrica; empiezan en la sala de una casa, cuando una familia intenta que el calor no vacíe su bolsillo.

Afuera, el calor parecía haberse instalado sobre la ciudad con la terquedad de quien no piensa marcharse. Dentro de la casa, el refrigerador trabajaba en silencio, la lavadora terminaba su ciclo y, sobre una mesa, una computadora permanecía conectada a una red de servidores situados quizá a cientos o miles de kilómetros.

Nada parecía extraordinario.

Sin embargo, detrás de aquella escena cotidiana funcionaba una de las máquinas más complejas construidas por la civilización: el sistema energético.

La mayor parte del tiempo ni siquiera pensamos en él. Solo advertimos su existencia cuando falla el suministro, aumenta el recibo o una crisis internacional altera el precio de los combustibles. Sin embargo, todas esas aparentes casualidades forman parte de una misma red de causas y efectos.

Cada grado de temperatura, cada puerta del refrigerador que se abre, cada búsqueda en internet y cada pregunta formulada a la inteligencia artificial recorren una cadena invisible de plantas generadoras, líneas de transmisión, combustibles, centros de datos, regulaciones, inversiones y decisiones políticas.

Por eso me resulta difícil comprender que Estados Unidos esté flexibilizando parte de sus políticas de eficiencia energética precisamente cuando necesita más electricidad.

La administración de Donald Trump sostiene que busca disminuir costos regulatorios, proteger la libertad de elección y evitar que el gobierno obligue a las familias a comprar aparatos inicialmente más caros. En febrero y marzo de 2025, el Departamento de Energía pospuso reglas o fechas de entrada en vigor relacionadas con aires acondicionados, bombas de calor, calentadores de agua, lavadoras, enfriadores y congeladores comerciales. También retiró estándares referentes a motores eléctricos, ventiladores de techo, deshumidificadores y fuentes externas de alimentación.

En mayo de ese año, el gobierno anunció 47 acciones de desregulación que incluían la eliminación o modificación propuesta de normas para electrodomésticos y edificios. En julio de 2026 dio un paso adicional al proponer cambios permanentes en la llamada Process Rule, el procedimiento mediante el cual se determinan los estándares de conservación de energía para refrigeradores, estufas, lavadoras, secadoras, calentadores y equipos de climatización.

Conviene precisar algo: Estados Unidos no ha eliminado de un plumazo todo su sistema de eficiencia energética.

El programa federal todavía abarca más de 70 categorías de productos, vinculadas con aproximadamente 90 por ciento del consumo energético de los hogares y 70 por ciento del correspondiente a edificios comerciales. Lo que está cambiando son las condiciones para crear, actualizar o mantener futuras normas.

Esa diferencia técnica es importante. Pero también lo son sus consecuencias.

El gobierno argumenta que algunos estándares elevan el precio inicial de los aparatos, reducen las opciones del comprador y producen ahorros que tardan demasiado en recuperarse. Es un razonamiento que no debe descartarse sin análisis: una familia de bajos ingresos puede preocuparse más por pagar hoy un refrigerador que por el ahorro acumulado durante los siguientes quince años.

El problema comienza cuando se confunde el precio de compra con el costo verdadero.

Un aparato barato pero ineficiente puede convertirse en una deuda silenciosa que llega cada mes dentro del recibo eléctrico. Lo que se ahorra en la tienda puede pagarse durante años en forma de mayor consumo.

Los economistas distinguen entre el precio de adquisición y el costo total de propiedad. En materia energética, esa diferencia suele ser decisiva: el aparato más barato rara vez es el menos costoso cuando se considera toda su vida útil.

Y el momento elegido para flexibilizar estas reglas difícilmente podría ser más contradictorio.

Después de más de una década de relativa estabilidad, la demanda eléctrica estadounidense ha vuelto a crecer. La Administración de Información Energética calcula que el consumo aumentará 1.9 por ciento en 2026 y 2.5 por ciento en 2027, impulsado especialmente por los grandes centros de procesamiento de datos. En sus proyecciones de largo plazo, la EIA identifica a esas instalaciones como el principal motor emergente del crecimiento de la demanda eléctrica.

Los servidores utilizados por centros de datos representaron alrededor de 7 por ciento del consumo eléctrico del sector comercial estadounidense en 2025. Para 2050 podrían absorber entre 22 y 33 por ciento de ese consumo, dependiendo del ritmo de expansión tecnológica y económica.

La inteligencia artificial no vive en una nube inmaterial. Vive en edificios llenos de procesadores que consumen electricidad y necesitan refrigeración constante.

A ello se suman las olas de calor. La demanda estadounidense suele alcanzar sus máximos durante julio o agosto, cuando millones de aires acondicionados funcionan simultáneamente. Durante la ola de calor de junio de 2024, algunas regiones registraron picos diarios entre 1 y 24 por ciento superiores a los máximos observados en los cinco junios anteriores.

Como si esto fuera poco, la energía también ha vuelto a quedar atrapada en la geopolítica.

El petróleo Brent comenzó 2026 cerca de 61 dólares por barril y terminó el primer trimestre alrededor de 118 dólares, en medio del conflicto regional que afectó las expectativas de suministro. Después descendió: promedió 85 dólares en junio y cayó por debajo de 70 dólares al comenzar julio. Esto demuestra que la presión no es lineal ni permanente, pero también confirma la enorme vulnerabilidad de los mercados ante una guerra, una interrupción logística o una amenaza sobre las rutas petroleras.

Allí aparece el pensamiento sistémico.

El refrigerador de una familia, el calor extremo, la guerra en Medio Oriente, los centros de datos, el precio del gas, la estabilidad de la red eléctrica y la competencia tecnológica con China parecen asuntos separados. No lo son.

Forman parte del mismo sistema.

Eso es precisamente lo que enseña el pensamiento sistémico: una decisión tomada en una oficina de Washington puede modificar los costos de fabricación en Monterrey, alterar las inversiones de una empresa asiática, influir en el precio que paga una familia en Sonora por enfriar su casa y, al mismo tiempo, aumentar o reducir las emisiones que terminan modificando el clima del planeta. En el siglo XXI, la energía dejó de ser únicamente un asunto técnico; se convirtió en el idioma común de la economía, la geopolítica y la vida cotidiana.

Cuando aumenta la demanda, hay tres respuestas posibles: producir más energía, administrar mejor su consumo o combinar ambas. Apostar solamente por la primera equivale a intentar llenar una tina sin cerrar la llave del desagüe.

México, con todas sus contradicciones y rezagos energéticos, está siguiendo por ahora una ruta distinta en materia normativa.

Las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética —las NOM-ENER— son obligatorias en todo el territorio nacional y establecen límites de consumo, métodos de prueba y requisitos de etiquetado para refrigeradores, aires acondicionados, motores, lámparas, calentadores y otros equipos. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía las considera el instrumento básico de la política mexicana en esta materia.

De acuerdo con el balance publicado por la Conuee en enero de 2026, la aplicación de las normas eléctricas permitió ahorrar aproximadamente 7,770 gigavatios-hora durante 2025. No es una cifra menor: representa electricidad que no fue necesario producir, transportar, subsidiar ni pagar.

México también publicó nuevas disposiciones en 2025. La NOM-035-ENER-2025 comenzó a entrar en vigor el 16 de febrero de 2026, con una segunda etapa prevista para febrero de 2027. Además, la Conuee sostiene que la evolución normativa ha permitido mejorar alrededor de 35 por ciento la eficiencia de los refrigeradores domésticos comercializados en el país.

Sin embargo, las normas, por sí solas, no transforman la realidad. En México aún existen millones de viviendas con escaso aislamiento térmico, equipos de refrigeración y aire acondicionado con muchos años de uso y familias que simplemente no pueden sustituirlos, aunque consuman mucha más electricidad. La eficiencia energética también depende del ingreso de los hogares, del acceso al crédito, de la calidad de las viviendas y de la modernización de las redes eléctricas.

Esto no significa que México sea un ejemplo perfecto.

Nuestro sistema eléctrico enfrenta pérdidas técnicas, redes congestionadas, desigualdad regional, dependencia del gas natural importado, equipos antiguos y hogares que no siempre pueden sustituir sus aparatos. Una norma escrita no enfría una casa ni reduce una factura si no existe financiamiento para cambiar un refrigerador viejo o aislar una vivienda.

Tampoco basta con presumir ahorro mientras se posponen inversiones en transmisión y almacenamiento.

Pero hay una diferencia conceptual importante: México conserva la idea de que la eficiencia es una política pública obligatoria; Estados Unidos se está inclinando hacia la idea de que debe depender en mayor medida de la elección individual y del mercado.

Esa divergencia puede llegar hasta las cadenas industriales del T-MEC.

En un mercado integrado, la eficiencia energética deja de ser únicamente una política ambiental. También se convierte en una política industrial. Los estándares determinan procesos de manufactura, innovación tecnológica, certificaciones y capacidad exportadora. Competir ya no depende solamente de producir más, sino de producir mejor.

Los fabricantes de electrodomésticos, motores y equipos de climatización operan en un mercado norteamericano integrado. Si cada país exige niveles distintos, las empresas deberán fabricar versiones diferentes, ajustar líneas de producción o adoptar voluntariamente el estándar más alto para conservar la eficiencia de escala.

La paradoja es evidente.

Estados Unidos quiere dominar la inteligencia artificial, multiplicar sus centros de datos, reindustrializar su economía y asegurar su independencia energética. Pero al mismo tiempo está dificultando algunas de las reglas destinadas a evitar el desperdicio de la electricidad que necesitará para conseguirlo.

México mantiene estándares más firmes, pero carece todavía de la inversión, vigilancia y apoyo social necesarios para convertirlos en una transformación profunda.

Uno parece confiar demasiado en que producir más resolverá el problema. El otro corre el riesgo de creer que publicar normas equivale a cumplirlas.

La verdadera política energética debería encontrarse entre ambos extremos.

No consiste en prohibir por prohibir ni en desregular por reflejo. Consiste en calcular el costo completo de cada decisión: cuánto paga el consumidor al comprar, cuánto pagará durante la vida del aparato, cuánta infraestructura adicional deberá construirse y quién terminará financiándola.

La energía más barata nunca será la que produzca más petróleo, más gas o más electricidad. Será aquella que nunca fue necesario consumir porque la inteligencia, la tecnología y la planeación evitaron el desperdicio desde el principio.

Al final, la verdadera riqueza energética de una nación no se mide únicamente por los barriles que extrae, los megavatios que genera o las plantas que inaugura. Se mide por su capacidad para hacer más con menos, para convertir la eficiencia en una ventaja competitiva y para entender que cada kilovatio desperdiciado obliga a perforar otro pozo, tender otra línea de transmisión, construir otra central o cobrar una factura más alta.

Quizá el verdadero poder de un país no consista en producir cada vez más energía, sino en necesitar cada vez menos para generar la misma prosperidad. Porque las naciones no aseguran su futuro cuando consumen más. Lo aseguran cuando aprenden a desperdiciar menos. Y esa es una lección que no solo debería mirar Estados Unidos. También México haría bien en aprenderla.