México y Canadá acusan a Joe Biden de proteccionismo en el desarrollo de los coches eléctricos y temen que el gigantesco plan de inversiones del presidente estadounidense perjudique a su sector automotriz, un tema que seguramente planteen en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

El plan de medidas sociales y medioambientales de 1,75 billones de dólares (1,53 millones de euros) impulsado por Biden, que está siendo negociado en el Congreso, incluye un crédito fiscal para promover que los estadounidenses compren vehículos eléctricos «made in USA«, un incentivo muy criticado por socios comerciales de Washington.

Este crédito de 12.500 dólares (unos 11.000 euros) para vehículos eléctricos, incluye la actual deducción fiscal de hasta 7.500 dólares más un crédito fiscal de 4.500 si el vehículo es fabricado por trabajadores que sean miembros o estén representados por un sindicato en Estados Unidos, así como 500 dólares si la batería también es de fabricación estadounidense.

Los incentivos financieros propuestos representan «una amenaza mayor que todo lo que Donald Trump nos haya impuesto», incluidos los aranceles punitivos, afirmó recientemente Flavio Volpe, presidente de la Federación de Fabricantes de Autopartes de Canadá (APMA).

En Norteamérica la industria automotriz es sinónimo de movimiento: para fabricar un coche, las piezas sueltas y los componentes cruzan las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá varias veces antes de ser ensambladas en uno de estos países.

Pero el gobierno de Biden quiere promover los empleos de trabajadores afiliados a sindicatos en Estados Unidos y la fabricación nacional.

El miércoles, durante una visita en Detroit a General Motors, el presidente marcó la pauta: «El futuro es eléctrico y se hará aquí, en Estados Unidos», dijo, visiblemente entusiasmado con el Hummer eléctrico del fabricante estadounidense.

¿MEDIDA ILEGAL?

México y Canadá estiman que la propuesta de crédito fiscal equivale a una medida proteccionista inaceptable e ilegal a la luz del tratado de libre comercio entre los tres países.

Altos cargos canadienses y mexicanos temen que las inversiones en el sector de Canadá y México se derrumben en beneficio de Estados Unidos. Además estiman que perjudicará a los proveedores estadounidenses de fábricas canadienses o mexicanas y afectará a las cadenas de abastecimiento.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, junto con una veintena de embajadores, envió una carta al Congreso en la que afirma que el crédito fiscal «entraría en conflicto con el objetivo de desplegar rápidamente nuevas tecnologías sostenibles» porque solo se aplicaría a dos vehículos estadounidenses de un total de más de 50 coches eléctricos disponibles actualmente.

La ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, advirtió el 22 de octubre, en una carta al Congreso y a la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, que la medida podría socavar el funcionamiento de la industria automotriz norteamericana.

«Si se adoptan, estos créditos fiscales tendrían un gran impacto negativo en el futuro de la producción de vehículos eléctricos y de automóviles en Canadá, lo cual conlleva el riesgo de un perjuicio económico grave y de decenas de miles de pérdidas de empleos», lamentó.

Según ella, «las empresas y los trabajadores estadounidenses tampoco se librarían de estos impactos».

La ministra canadiense también lo considera incompatible con las obligaciones de Estados Unidos estipuladas en el acuerdo comercial T-MEC y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

«Soy consciente de las preocupaciones que han planteado nuestros socios comerciales, y nos preocupan», afirmó la semana pasada Katherine Tai, pero también destacó que comparte el propósito de Biden de «dar a Estados Unidos las mejores condiciones para ser competitivo» frente a los desafíos que se avecinan.

 

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