Función Pública exonera a exdirectora del DIF que obligó a empleados a entregar hasta 4% de salario

“Por falta de argumentos”, la Secretaría de la Función Pública (SFP) archivó cinco denuncias que empleados del DIF interpusieron en contra de la exdirectora, Rocío García Pérez, quien les exigía entregar entre 2 y hasta 4% del salario a condición de mantener sus cargos.

La dependencia decidió cerrar la investigación iniciada en abril de 2021 debido a que los denunciantes no aportaron las pruebas suficientes para “acreditar las faltas” presuntamente incurridas por la exdirectora García Pérez, quien fue ascendida a la subsecretaría de Bienestar el pasado 11 de enero.

“Se tiene registro de cinco alertas a través del Sistema Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción relacionadas con el mismo asunto, en las cuales no se proporcionaron elementos que permitieran acreditar los hechos denunciados. (…) Por tal razón, ante la falta de elementos, el expediente fue archivado el 20 de julio de 2021”, informó la dependencia a este medio.

Animal Político dio a conocer en mayo pasado, que existían tres denuncias ante la Función Pública, pero ahora la dependencia confirma la existencia de dos más. El caso fue el siguiente:

Tres meses después de asumir el cargo, Rocío García citó a los altos mandos a una reunión, a la que no podían entrar con teléfonos celulares–. Ahí les instruyó que ellos y sus subalternos debían entregar un porcentaje de su salario para supuestamente solventar las necesidades del DIF que no se cubrían con el presupuesto público debido a la política de austeridad.

Les entregó una lista donde se establecían lo montos a entregar por siete niveles de puestos. Iban desde soporte administrativo que debían dar 500 pesos mensuales, hasta titulares de área con entregas de 3 mil pesos. De acuerdo a la estructura del DIF se trata de mil plazas que sumarían 658 mil pesos mensuales.

Para asegurar que cumplieran su exigencia, Rocío García insistía en que era amiga del presidente Andrés Maneul López Obrador y de su esposa Beatriz Muller desde hacía 20 años; por ello, aprovechaba cada reunión para contar intimidades de la pareja y así convencer sobre su cercanía con ellos.

La ‘investigación’ oficial

Tanto en las denuncias, como en seis testimonios recabados por Animal Político, los afectados narraron que debían entregar el dinero en efectivo al entonces director de Finanzas, Alfredo Anguiano. Él o alguno de sus subalternos se encargaba de depositar el dinero en tarjetas “Saldazo”, obtenidas en tiendas de conveniencia que no requieren hacer trámites bancarios ni registro alguno para personalizarlas.

Sin embargo, la Función Pública pidió a los denunciantes “que proporcionaran los números de cuenta bancaria donde supuestamente se hacían los depósitos denunciados; sin embargo, no proporcionaron información que acreditara los hechos”, informó la dependencia en la carta enviada a este medio.

Al conocer esta resolución, uno de los denunciantes se dijo decepcionado de que su denuncia no encontró eco en la institución para ser investigada a fondo. “Si lo que necesitan es un comprobante del dinero, que además se les dio en efectivo, los denunciantes no se los podemos dar. Me parece grave que hayan archivado el caso sin haber investigado más. Los denunciantes dimos la prueba que teníamos, y eso debería de ser suficiente para que lo tomaran con seriedad”, asegura.

Las denuncias fueron interpuestas en la plataforma de Alertadores, donde se cuida el anonimato. A través de ella, la Función Pública mantuvo comunicación con los denunciantes y en julio de 2021 les informó que había archivado el caso porque no había encontrado elementos para continuar con la investigación.

Como parte de la indagatoria, la dependencia había entrevistado a los funcionarios señalados, pero estos “desconocieron los hechos”, informó a los denunciantes a través de la plataforma de Alertadores.

Otra de las denunciantes advierte: “por supuesto que los denunciados iban a ‘desconocer los hechos’, pero la responsabilidad de la Función Pública era indagar. Es una tristeza que no existan mecanismos donde se escuchen las denuncias y se busque hacer activamente algo para combatir la corrupción”, lamenta.

Las denuncias por este caso habían llegado a la Función Pública desde julio de 2020, pero la dependencia comenzó a investigarlas nueve meses después, en los últimos días de abril de 2021.

Entre esa fecha y hasta julio de 2021, la dependencia “entrevistó a 23 personas servidoras públicas de la institución, con niveles de Jefe de Departamento y superiores, seleccionadas de forma aleatoria para garantizar la imparcialidad de su declaración, quienes manifestaron no tener conocimiento de lo denunciado”.

Sin embargo, otro de los denunciantes dice desconfiar de esa “selección aleatoria”, además, “habría qué ver qué tan transparente y anónimo es ese proceso de entrevista para que la gente se anime a contarlo sin poner en riesgo su trabajo. Sobre todo ahora que la funcionaria fue ascendida”.

En otros casos, como las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando Delfina Gómez era alcaldesa, había un esquema para corroborar la entrega a través de talones y firmas en listas con los nombres de los funcionarios, pero en este no los hubo. Las secretarias o asistentes de los jefes eran los encargados de recolectar el dinero entre el personal a su cargo y luego lo entregaban al director de Finanzas.

La Función Pública, informó que “el archivo por falta de elementos sólo significa que no fue posible acreditar las faltas con la información proporcionada al momento”.

Más evidencia

Otro elemento que la Función Pública no tomó en cuenta fue la respuesta a una solicitud de información hecha al parecer por un funcionario afectado, y en la que el director general de Asuntos Jurídicos,  Ociel Lua, y el jefe de departamento de Transparencia, Enrique García Calleja, reconocen la existencia de las ‘aportaciones’ en la institución, según consta en un oficio del 2 de diciembre de 2020.

En la solicitud con folio 1236000032820 se pregunta: “especifique normativamente bajo qué criterio y acuerdo, Sandra Castro Díaz, directora de Adquisiciones y Almacenes determinó y dio la instrucción el día 10 de noviembre de 2020 a su personal de estructura dar un donativo monetario para las familias afectadas por la tormenta tropical Eta. La instrucción la dio de la siguiente manera: soportes: $250; jefes de departamento, $500; subdirectores, $750; director, $1,000”.

El solicitante explicaba que pedía la información porque si bien les entregaron un volante para solicitar apoyo, éste sólo incluía víveres y “en ningún lado de este volante mencionan alguna donación de dinero”. También pedía confirmar si dicha instrucción “es del conocimiento y validado por la titular del DIF, María del Rocío García Pérez”.

En la respuesta, García Calleja aseguró que “es nuestro deber como servidores públicos coadyuvar con esta acción altruista a través de tres vías: aportar, conminar a nuestros subalternos su participación y difundir la convocatoria con los grupos de trabajo, familiares y amigos, por lo tanto no fue necesario hacer del conocimiento ni someter dicha actividad a la autorización o validación de la titular, ya que la colecta para la compra se realizó de manera voluntaria”.

Y confirmó que “el personal de confianza y estructura adscrito a la Dirección de Adquisiciones, en apoyo y solidaridad con la causa, realizó una colecta general de manera voluntaria para la compra de víveres, abarrotes, etc., y posteriormente se hizo una entrega grupal en el Centro de Acopio instalado para tal fin en el almacén de donativos de este organismo”.