La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentran bajo investigación por una presunta evasión fiscal que asciende a 16 millones de pesos la cual, una vez concluidas las indagatorias, dará paso a una nueva acusación en su contra.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó, como parte de un proceso de fiscalización en torno a estas personas, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles hechos de defraudación fiscal.

La carpeta de investigación iniciada por este caso en la FGR se ha trabajado de manera paralela a la indagatoria que ya fue judicializada en contra del matrimonio por el presunto desvío de recursos públicos con empresas fantasma, y que dio paso a órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.

Gómez Mont publicó este jueves en sus redes sociales que tenía conocimiento de que se estarían girando nuevas órdenes de aprehensión en su contra por delitos fiscales pese a que, sostuvo, ya había llegado en su momento a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Calificó de “abusiva” la actuación de las autoridades y dijo sentir temor de la ofensiva legal iniciada en su contra.

 

 

Lo que los funcionarios consultados por este medio confirmaron es que todavía no existen nuevas órdenes de arresto en contra de la conductora y su esposo, pero confirmaron que se detectaron diversas irregularidades en sus movimientos y declaraciones fiscales entre los años 2015 y 2019, por los cuales se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Las anomalías, en números redondos, ascienden a 14 millones de pesos en el caso de la conductora y a dos millones de pesos en el caso del empresario. Dichos recursos no fueron declarados ni reportados ante las autoridades tributarias, por lo que se advierte la comisión de un posible delito de evasión fiscal.

Aunque sí hubo un proceso de conciliación, la FGR y la SHCP estiman que los delitos ya se cometieron y, por tanto, prevén llevar el caso a los tribunales para que se judicialice y se inicie el proceso penal correspondiente. Indicaron que esto estaría ocurriendo en las próximas semanas.

De acuerdo con el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, la comisión de un delito de defraudación fiscal amerita, para quien sea encontrado culpable, una pena de tres a nueve años de prisión. El mismo artículo señala que aun cuando el monto de la defraudación sea restituido de inmediato y en su totalidad la pena no se extingue y solo se reduciría en un 50%.

No se trata de un delito que amerite prisión preventiva automática, sin embargo, la FGR podría solicitar en una eventual audiencia inicial la medida cautelar de prisión preventiva justificada ya que, actualmente, tanto a Gómez Mont como a su esposo se encuentran en calidad de prófugos.

 

 

Con información de Animal Politíco

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