Son observaciones sin fundamento, de otras administraciones o ya solventadas, por lo que hay omisiones e irregularidades en este análisis de la Comisión de Fiscalización

El Gobierno Municipal cuenta con todos los documentos oficiales que demuestran que no tienen sustento y hay graves inconsistencias en el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que reprueba la Cuenta Pública del Municipio de Guasave del 2019, pues se trata de un análisis preliminar, que se elaboró en muy poco tiempo, y que señala situaciones observadas a otras administraciones, o que en su momento fueron solventadas cabalmente.
El tesorero municipal, Joel Quintero Castañeda cuestionó las observaciones que se hacen a Guasave, pues en primer término es imposible que en cinco horas, esta Comisión pueda hacer un balance de las Cuentas Públicas de los 18 municipios, cuando un perfil especializado como un contador o administrador requiere muchas horas tan sólo para analizar un mes de una cuenta.
Existen también omisiones, como el hecho de que no participó en la revisión la Unidad Técnica de Evaluación y de que este informe está basado en un análisis preliminar que no toma en cuenta la evolución en el tiempo de las observaciones señaladas y no son imputables al periodo de esta administración 2018-2021.
Precisó que es absolutamente ilógico, irracional y fuera de todo contexto por ejemplo la observación de que esta administración tiene pasivos sin fuentes de pago por 180 millones de pesos, cuando de manera histórica este gobierno ha reducido en 130 millones de pesos la deuda pública del municipio, y ese pasivo sin fuente de pago data del 2017.
“Hay una serie de inconsistencias, de malas interpretaciones a la documentación que se está entregando a la ASE, nos parece muy lamentable que se tase con el mismo racero a los 18 municipios”, dijo el tesorero, por lo que expresa que estas irregularidades y lagunas administrativas tendrán que ser corregidas por la propia Comisión.
En este mismo sentido, Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos aclaró que en el tema de obras y de la aplicación de inversiones el municipio tiene toda la información probatoria, por lo que es totalmente falso que se haya pagado por obras que no están hechas.
Informó que en el caso del Centro de Convivencia Familiar se ejecutaron recursos del Estado y se señala que no se recuperó un anticipo de 2 millones 376 mil 687 pesos, cuando se tiene toda la documentación que prueban que esta obra se terminó, se pagó y está amortizada, por lo que está finiquitada en lo financiero y ejecutada en su totalidad.
La otra observación es una obra de Valle Campestre, en la que se señala que se pagó de más, cuando hay documentos que prueban que el contratista reintegró a la Tesorería 88 mil pesos.
En otra observación se establece que el 87 por ciento de la obra se asignó directamente, lo que es falso pues se cumplieron las exigencias de la Ley de Obras Públicas antes y después de su reforma en cuanto al tema de las licitaciones.
Por su parte el oficial mayor, Jorge Humberto Hernández Escobedo dijo que no existen sobresueldos pues el salario de todos los trabajadores, incluyendo el de la presidente municipal y regidores coinciden en la comprobación de los recibos y los tabuladores.
Señaló que es muy extraño que se vuelva a observar este punto cuando en su momento ya se solventó que se trata de un sistema de nómina heredado por otras administraciones y que lo manejan la mayoría de los municipios y otras entidades. También negó que se estén dando retenciones irregulares en los salarios.
Juan Ramón Bojórquez Cempoalt, titular del Órgano Interno de Control, expresó que se han hecho todas las verificaciones y se tienen supervisores de obra, para que las estimaciones de inversión coincidan con el expediente técnico en campo.
Consideró que este informe de la Comisión de Fiscalización no tiene definitividad pues no pasó al pleno del Congreso, por lo que una vez que se remita al Municipio se hará una revisión meticulosa y se procederá a subsanarlas.

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