Este lunes se retomó la audiencia inicial del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, para ser imputado por el caso de los supuestos sobornos que recibió para aprobar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El pasado 31 de enero la audiencia fue diferida de última hora –por tercera ocasión– para este lunes 14 de febrero, luego de que el juez a cargo del proceso reportara complicaciones de salud; por lo que este será el cuarto intento de llevarla a cabo.

Alrededor de las 8:00 horas el equipo de abogados de Anaya llegó al Centro de Justicia Federal ubicado en el Reclusorio Preventivo Norte, encabezados por el defensor Eduardo Aguilar.

El exdiputado no se encontraba con ellos, a pesar de que el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le ordenó que se presentara personalmente, después de permitirle comparecer por videoconferencia en los dos intentos iniciales de llevar a cabo esta audiencia.

Antes de entrar, el abogado Eduardo Aguilar comentó que la acusación en contra de Anaya no tiene ningún sustento. Aseguró que era tan así que la Fiscalía General de la República (FGR) ya acusó formalmente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y ha pedido casi 50 años de prisión en su contra.

Al cuestionar sobre por qué Ricardo Anaya no llegó personalmente al Reclusorio Norte, el defensor pidió esperar a la audiencia.

Cabe recordar que la FGR tiene dos vías listas para buscar la aprehensión de Anaya. En caso de que se presentara voluntariamente a la audiencia inicial programada para este 14 de febrero se pediría al juez que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al menos, mientras se define si se le abre un proceso por este caso.

Y si no se presenta o insiste en comparecer a distancia fuera del país –como parece ser el caso– los fiscales buscarán una audiencia privada para solicitarle al juez que gire una orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia ya había advertido a Ricardo Anaya que tendría que presentarse personalmente a comparecer ante el juzgado en la audiencia inicial, o daría luz verde a la Fiscalía para que procediera a buscarlo.

El caso se desprende de la carpeta de investigación que la Fiscalía inició a partir de las denuncias que presentó Emilio Lozoya, en las que sostiene que recursos transferidos por la constructora Odebrecht se habrían usado para sobornar a legisladores de oposición con la finalidad de aprobar la reforma energética, propuesta en el sexenio pasado.

De acuerdo con la investigación, se habrían pagado casi cien millones de pesos de los cuales poco más de seis millones 800 mil pesos fueron entregados a Anaya, cuando encabezaba la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

En respuesta a estas acusaciones Ricardo Anaya ha difundido diversos videos en sus redes sociales en donde sostiene que es inocente, que es falso sobre lo que se le señala y que son producto de una “persecución política” impulsada desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

 

Con información de Animal Político

 

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