José Luis Parra

 

En Sinaloa cambiaron los partidos, los gobernadores, los discursos, los colores de las oficinas públicas y seguramente hasta los retratos colgados en Palacio de Gobierno.

Lo que no cambió fue el poder del crimen organizado.

Primero salió el PRI y llegó una alianza encabezada por el PAN. Después regresó el PRI. Más tarde arribó Morena con la bandera de la Cuarta Transformación.

Tres alternancias.
Tres promesas de cambio.
Y el mismo dueño de la calle.

La democracia sinaloense ha servido para cambiar administradores, pero no para desmontar las estructuras criminales que controlan territorios, rutas, negocios ilícitos y, en algunas regiones, hasta la vida cotidiana de la población.

Los ciudadanos votan.
Los partidos festejan.
Los funcionarios protestan cumplir y hacer cumplir la ley.

Y los grupos criminales se acomodan para seguir operando.

Una alternancia política debería significar ruptura con el pasado. En Sinaloa, por el contrario, parece haber funcionado como simple cambio de turno.

Se van unos.
Llegan otros.

Y quienes verdaderamente mandan permanecen atentos para negociar, presionar o disparar, según las circunstancias.

Durante años se vendió la idea de que la estabilidad era sinónimo de seguridad. La famosa pax narca.

Mientras no hubiera balaceras espectaculares, bloqueos o cadáveres en las calles, las autoridades podían presumir buenos resultados.

Bonita manera de medir la paz.

No importaba que el crimen siguiera controlando rutas, sembradíos, laboratorios, policías, funcionarios o economías regionales.

Mientras los delincuentes no hicieran demasiado ruido, el gobierno podía dormir tranquilo.

Hasta que llegó el primer Culiacanazo.
Ese día se rompió el decorado.

El poder criminal salió a las calles, paralizó la capital del estado y obligó al gobierno federal a retroceder. La autoridad justificó la liberación de Ovidio Guzmán con el argumento de proteger vidas.

La decisión podrá discutirse durante décadas.

Lo que no admite demasiada discusión es el mensaje que recibió la población:

El Estado no podía.
O no quería.
O ambas cosas.

Después llegó Morena al gobierno estatal con la promesa de una nueva etapa. Coordinación, transformación, honestidad y todos los ingredientes del menú oficial.

Pero la realidad, siempre grosera, volvió a imponerse.

La desaparición del viejo equilibrio criminal abrió una guerra entre facciones. Los grupos que durante años compartieron negocios, territorios y silencios comenzaron a disputarse la herencia a balazos.

Y nuevamente el gobierno quedó atrapado entre explicaciones, comunicados y llamados a la calma.

La calma oficial.

Porque en las calles la gente vive otra cosa.

Vive con miedo.
Cierra temprano.
Evita carreteras.
Suspende clases.
Cancela negocios.

Y aprende a distinguir entre cohetes y ráfagas de metralleta.

Todo un curso intensivo de supervivencia impartido por la delincuencia organizada.

Los especialistas tienen razón cuando afirman que el problema no pertenece exclusivamente a un partido.

Sería demasiado cómodo culpar únicamente al PRI, al PAN o a Morena.

Aquí la responsabilidad es compartida.

Unos permitieron el crecimiento.

Otros administraron la convivencia.

Y los más recientes descubrieron que los abrazos no desarman fusiles.

El crimen organizado no sobrevive durante décadas únicamente por su capacidad de fuego.

Sobrevive porque lava dinero.
Compra protección.
Infiltra corporaciones.
Financia campañas.
Amenaza funcionarios.
Y convierte la impunidad en inversión de largo plazo.
Ese es el verdadero negocio.

Por eso no basta con capturar a un capo, extraditarlo o sentenciarlo a cadena perpetua.

El jefe puede caer.
La estructura permanece.
Se cambia el nombre.
Se reparten las plazas.
Se ajustan las alianzas.
Y continúa la empresa.

Exactamente como ocurre con algunos partidos políticos.

Sinaloa tendrá otra elección de gobernador en 2027.

Volverán los candidatos a prometer seguridad, honestidad, coordinación y mano firme.

Algunos se tomarán fotografías con policías y militares.

Otros anunciarán centros de inteligencia.

Y no faltará quien prometa recuperar la paz en cien días.

La pregunta no es qué partido ganará.

La verdadera pregunta es si el próximo gobierno tendrá voluntad para investigar las redes políticas, económicas y financieras que sostienen al crimen.

Porque perseguir pistoleros es relativamente sencillo.
Lo difícil es seguir el dinero.
Investigar empresarios.
Procesar funcionarios.
Depurar policías.
Y descubrir quiénes abren las puertas del poder.

Ahí termina el entusiasmo de muchos gobiernos.

Cambiar de partido no basta.
Cambiar de gobernador tampoco.
Mientras las estructuras criminales sigan intactas, la alternancia será apenas una mudanza de funcionarios.
Los políticos ocuparán temporalmente Palacio de Gobierno.
Pero otros seguirán gobernando desde la sombra.
Y esos no necesitan ganar elecciones.

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