LA CANASTA QUE SE ENCARECIÓ SOLA

El país que mide su historia… en lo que ya no puede comprar

Hay cosas que no suben de precio… suben de significado. La canasta básica es una de ellas: dejó de ser una lista de productos para convertirse en una radiografía del país. Hubo un tiempo —no tan lejano— en que no era un concepto técnico ni un indicador económico, sino una escena doméstica: una mesa de madera, una olla humeante, tortillas envueltas en tela. Maíz, frijol, arroz, leche, azúcar. Lo suficiente para sostener el día… y a veces, también la esperanza. En los años cincuenta, México no medía la pobreza con fórmulas, sino con silencios: el de la olla vacía, el del padre que no alcanzaba, el de la madre que repartía. Pero incluso en la escasez había una lógica: los precios eran bajos… porque la vida también lo era.

Luego vino el tiempo en que los números dejaron de obedecer. Los años ochenta no solo trajeron inflación: trajeron desconcierto. Entre 1982 y 1988, la inflación anual en México superó en varios momentos el 100%, y el dinero empezó a envejecer más rápido que las personas. Los precios cambiaban antes de que terminara el día, y la canasta —esa lista humilde de alimentos— comenzó a transformarse: ya no solo comida, también papel higiénico, detergente, aceite, pan industrial. El país se urbanizaba… y la necesidad también. Lo que antes era costumbre se volvió cálculo; lo que antes era rutina, estrategia de supervivencia.

Para el año 2000, México ya no comía igual. La canasta básica dejó de ser tradición y se convirtió en indicador. Se le midió, se le pesó, se le comparó. Instituciones como el INEGI y el CONEVAL comenzaron a convertirla en referencia estadística de bienestar. Y sin embargo, algo no cambió: la tortilla seguía ahí, como una constante silenciosa. A principios de siglo, su precio rondaba los 5 pesos por kilo en muchas regiones; una década después, cerca de 10; para 2026, en amplias zonas del país —especialmente fuera de esquemas subsidiados— supera los 28 a 32 pesos por kilo. La aritmética es simple. La realidad, no.

Hoy, la canasta básica tiene nombre, número y discurso. El llamado “Paquete Contra la Inflación y la Carestía” (PACIC), implementado desde 2022 y ajustado en los años posteriores, establece una referencia de 24 productos esenciales. Para 2026, el precio promedio de esta canasta se ubica alrededor de 850 a 950 pesos, dependiendo de la región y del canal de compra. En términos acumulados, el costo de estos productos ha crecido aproximadamente entre 25% y 35% desde 2018, con picos inflacionarios más agudos entre 2021 y 2023, cuando la inflación general llegó a superar el 8% anual, la más alta en dos décadas.

Y entonces aparece la frase: “No hay razón para que suba la tortilla”, declarada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La frase es técnica. El país, no. Porque el maíz puede estar en niveles relativamente estables —México produce alrededor de 27 a 28 millones de toneladas anuales, según datos agrícolas recientes—, pero la gasolina no. Porque el campo produce… pero el transporte encarece. Porque el precio ya no depende de la tierra, sino de todo lo que ocurre entre la tierra y la mesa: energéticos, logística, intermediación, seguridad.

También se dijo que el jitomate no debería subir. Que en ciertos puntos de distribución institucional puede encontrarse en 20 pesos el kilo. Pero el país no compra en esos puntos. Compra en la esquina, en el mercado, en la incertidumbre. Y ahí, el precio responde a otras fuerzas: estacionalidad, clima, costos de transporte, incluso disrupciones por violencia en rutas comerciales. En mercados urbanos, el jitomate ha oscilado en 2026 entre 28 y 45 pesos por kilo, dependiendo de la plaza. Factores que no caben en una declaración… pero sí en el ticket.

Lo que realmente subió no fue solo la canasta. Subió la distancia entre lo que cuesta… y lo que se puede pagar. De acuerdo con estimaciones del CONEVAL, el ingreso laboral real ha tenido recuperaciones parciales en los últimos años, pero aún enfrenta presiones frente al encarecimiento de alimentos, que sigue siendo uno de los componentes más sensibles de la inflación. En 2026, el salario mínimo ronda los 248.93 pesos diarios en la zona general, lo que implica que una canasta básica puede representar entre tres y cuatro días completos de ingreso para un trabajador en ese nivel. La matemática no miente, pero tampoco consuela.

La diferencia entre la canasta impulsada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la de Claudia Sheinbaum Pardo no está tanto en la esencia… sino en el enfoque. La primera nació como contención inflacionaria urgente —el PACIC como dique ante la presión global—; la segunda intenta convertirse en un mecanismo de estabilización narrativa y operativa. En lista en mano, los productos son prácticamente los mismos: tortilla, arroz, frijol, leche, huevo, pollo, carne, aceite, azúcar, pan, jitomate, cebolla, chile y artículos básicos de higiene. Los cambios son marginales: ajustes, sustituciones, ampliaciones. No hay una redefinición profunda del consumo, sino una administración de su costo.

En precio, la diferencia es más visible: durante el sexenio anterior, el aumento acumulado fue significativo; en el arranque del nuevo gobierno, el objetivo ha sido contenerlo en torno a los 900 pesos. Pero el dato clave es otro: el precio ya no baja, solo intenta desacelerar su aumento. La política económica ya no promete abaratar la vida… sino evitar que se encarezca más rápido.

¿Y cuál es mejor? La respuesta incómoda es que ninguna ha resuelto el problema estructural. Ambas administraciones han logrado administrar la presión, pero no desmontarla. Han contenido el síntoma, pero no transformado el sistema que encarece la vida cotidiana: dependencia energética, cadenas de suministro fragmentadas, intermediación costosa, desigualdad territorial.

Porque al final, la canasta básica nunca fue solo una lista de productos. Es un espejo. Y hoy, ese espejo devuelve una imagen incómoda: un país donde el problema no es cuánto cuesta comer… sino todo lo que encarece llegar a la mesa.