La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) envió al Congreso una opinión en la que recomienda rechazar la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que sería perjudicial para los consumidores y el país en su conjunto.

El proyecto de López Obrador plantea reformar la Constitución para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sistema eléctrico del país. Desde que se dio a conocer, esta iniciativa genera polémica, pues mientras el gobierno la defiende, empresarios y algunos analistas aseguran que ahuyentaría las inversiones y sería negativa para México.

La Cofece señaló este lunes que la reforma eléctrica del presidente “suprimiría la competencia en el sector y eliminaría los mecanismos de regulación que permiten su desarrollo eficiente”.

“La Cofece recomienda no aprobar la iniciativa y consolidar un modelo eléctrico competitivo que sea capaz de abastecer electricidad en las mejores condiciones y apoye el desarrollo del país”, estableció el organismo autónomo en un comunicado.

“En la propuesta no se advierten mecanismos para asegurar que la electricidad generada (tanto por la CFE y, en su caso, por privados) y despachada en el sistema sea la menos costosa. Por el contrario, un cambio como el que se propone retrasaría la salida al mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes; asimismo desincentivaría la instalación de nuevos proyectos”, añadió.

¿En dónde está la reforma?

La iniciativa de reforma eléctrica está bajo análisis en la Cámara de Diputados. Se espera que pronto comience su dictaminación.

Para López Obrador, aprobarla es necesario porque se necesita dar marcha atrás a la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Según López Obrador, esa modificación solamente favoreció a las empresas privadas y relegó la generación de energía eléctrica por parte del Estado.

Al implicar cambios a la Constitución, la reforma eléctrica de López Obrador requiere de mayoría calificada —dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado—, así como del visto bueno de más de la mitad de los congresos locales.

Con información de Animal Político

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