La comisión “antinarco” del INE corre el riesgo de convertirse en un garrote político
Por Jorge Lozano
La reciente integración de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas (conocida coloquialmente como comisión “antinarco”podría convertirse en una herramienta de persecución política si se le otorgan mayores facultades en el futuro, advirtió el analista político Oswaldo Villaseñor.
Aunque en un país como México este tipo de organismos deberían existir, Villaseñor enfatizó que el principal problema es el contexto actual de justicia selectiva e impuntual.
De acuerdo con el analista, en un entorno donde la ley no se aplica de manera equitativa, la comisión corre el riesgo de ser instrumentalizada por el poder en turno.
“Se estaría convirtiendo en un instrumento o en un garrote que bien puede usar el gobierno en contra de los candidatos de oposición cuando vean que pueden significarle un problema para ganar una elección”, afirmó.
Villaseñor explicó que esta figura tiene sus antecedentes en la convocatoria interna de Morena, donde la Comisión Nacional de Elecciones exige a sus aspirantes firmar una carta para revisar sus antecedentes ante instancias gubernamentales como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los consejeros del INE durante la reciente sesión de análisis.
Al trasladar esta dinámica al Instituto Nacional Electoral (INE), el analista aclaró que, por el momento, la comisión opera únicamente con facultades de apoyo y carácter voluntario:
Sin veto actual: Los partidos deciden libremente si someten a sus candidatos a revisión, y el organismo no tiene el poder de prohibir registros ni candidaturas.
El peligro a futuro: No se descarta que próximamente se le otorgue un carácter obligatorio, lo que forzaría a todos los partidos a someter a sus aspirantes al escrutinio de las propias dependencias del gobierno, abriendo la puerta a la tergiversación de su función.
Finalmente, Oswaldo Villaseñor señaló que la comisión no nace con la confianza necesaria para cumplir adecuadamente con su labor. Esto se debe a la complacencia observada hacia funcionarios con evidentes nexos con la delincuencia organizada y a la falta de un estado de derecho sólido que garantice un arbitraje imparcial.
El analista político, Oswaldo Villaseñor durante una videoconferencia con EL DEBATE.
Con información de El Debate
