La tensión con EU activa a López Obrador

El expresidente podría pasar más tiempo en la CDMX para articular la defensa del movimiento ante los golpes de la justicia de EU.

El pasado jueves, el canciller Roberto Velasco tuvo una comunicación con las principales figuras del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Allí esgrimió un discurso similar al que pronunció en privado, también esta semana y de modo presencial, ante algunos de los empresarios más acaudalados del país: el Gobierno se encuentra trabajando para evitar que el drama judicial de Sinaloa descarrile la renegociación del T-MEC.

Si bien en esos ámbitos mínimos el canciller tiene respaldo, a los empresarios les quedó claro que Velasco enfrenta un rechazo interno de alta densidad en el ala dura del oficialismo, el cual se traduce en dos aristas: o bien lo culpan por ser funcional a Washington y avalar la persecución de políticos morenistas o, directamente, dudan de su capacidad para entender lo que sucede en la justicia de Estados Unidos.

Ese malestar apareció esta semana en diversas conversaciones de gabinete, en las cuales se plantearon interrogantes sobre la tardanza de Washington en concederle el plácet al próximo embajador, Roberto Lazzeri. En la SRE aseguran, en tanto, que el proceso está dentro de lo estipulado y recuerdan que, cuando Andrés Manuel López Obrador designó a Esteban Moctezuma, la aprobación demoró un mes.

El canciller aludió a que esas tensiones internas son las que le han impedido, de momento, conformar un equipo propio y de mayor consistencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores: en el estado actual de la relación bilateral, todavía no se ha designado a un subsecretario para América del Norte.

Para Velasco, esas decisiones son de importancia porque entiende que la embestida judicial de Estados Unidos contra políticos mexicanos no ha hecho más que comenzar y que habrá nuevas acusaciones. El fiscal general interino de EU, Todd Blanche -quien todavía no ha sido confirmado por el Senado ni tiene fecha de audiencia-, guarda una cercanía absoluta con la Casa Blanca.

Este viernes The New York Times reveló que el subprocurador Aakash Sing pidió, en una llamada con todos los fiscales del país, acelerar todos los expedientes vinculados con políticos mexicanos.

El oficialismo atraviesa la tensión bilateral con señales contradictorias. El exgobernador Rubén Rocha dijo, tras la acusación de los fiscales de Nueva York, que estaba “todo normal” y, a las pocas horas, se separó del cargo.

La presidenta Claudia Sheinbaum elevó durante una semana su discurso de confrontación contra EU y clamó por pruebas; pero la realidad es que, según afirman en la Secretaría de Seguridad, hoy por hoy Rocha, con el sistema de custodia que lo rodea, está más cerca de ser un detenido a la espera de su extradición que de ser protegido por el Gobierno.

Mientras tanto, en el gabinete ronda la sospecha de que López Obrador volverá a vivir en la Ciudad de México a corto plazo. La intención sería esgrimir una defensa más activa de su movimiento frente a las acusaciones de los tribunales estadounidenses: un secretario señaló el viernes que este domingo podría aparecer un mensaje del expresidente.

Los integrantes del Gobierno que rechazan ese incipiente regreso a la centralidad dicen que, en realidad, López Obrador se activa por el temor que genera en su entorno familiar la entrega en EU del extesorero sinaloense Enrique Díaz.

Y es que el exfuncionario estatal, ya procesado en la justicia de Nueva York, conoce varias cuestiones referidas a la campaña a gobernador de Rocha en 2021. Un detalle: dos días antes de entregarse, Díaz advirtió que sus tarjetas de crédito y cuentas mexicanas estaban congeladas. Para su entrega, cuentan en Culiacán, utilizó sus recursos depositados en entidades estadounidenses; acaso, un primer paso en la dirección a convertirse en testigo colaborador.

El periplo judicial del extesorero, combinado con la foto del viernes de Sheinbaum hablando por teléfono con Donald Trump -y sonriendo-, exacerba la paranoia del obradorismo duro y es la explicación visual de los anticuerpos que genera el canciller Velasco, un rechazo que no apacigua siquiera su buena relación con el coordinador de asesores, Jesús Ramírez.

Más allá de las trifulcas políticas, el canciller intenta sostener a México en un plano de cierta legalidad hacia el exterior. Por eso, esta semana será clave el desembarco de la titular de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien llegará a la CDMX para firmar con Sheinbaum el Acuerdo Global Modernizado.

Este entendimiento, explican en el ámbito diplomático, tiene un componente adicional a las cuestiones comerciales: el de reconocer a México como una democracia funcional donde existen el estado de derecho y la aplicación de la ley.

Pareciera un formalismo, pero es también una explicación para los conflictos que dominan al oficialismo, donde los sectores más duros cierran filas en defensa de un movimiento cuyo futuro comienza a disputarse en los tribunales del sur de Nueva York.