Obra pública, opacidad y redes empresariales mantienen al estado entre los peor evaluados
El CPC alerta sobre falta de transparencia en contratos gubernamentales, simulación de competencia y temor ciudadano a denunciar posibles irregularidades.
Mario Núñez
Culiacán, Sin. – La corrupción se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población sinaloense y uno de los factores que más afecta la confianza en las instituciones públicas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, donde Sinaloa figura entre los estados con mayores niveles de percepción de corrupción del país.
Este escenario es atribuido por organismos ciudadanos a la falta de transparencia en la contratación pública, posibles beneficios a redes empresariales vinculadas con contratos gubernamentales y debilidades en los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
De acuerdo con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Lucía Mimiaga León, la entidad ocupa el tercer lugar nacional en percepción de corrupción y el cuarto en experiencias reportadas por ciudadanos que afirman haber enfrentado actos corruptos.
“Sinaloa es la tercera entidad donde más se percibe corrupción y la cuarta donde más actos de corrupción reportan las personas”, señaló.
Para la representante ciudadana, los datos reflejan algo más profundo que una opinión pública negativa; evidencian un deterioro progresivo de la confianza social en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar irregularidades.
Obra pública, bajo la lupa
Mimiaga León explicó que el CPC ha dado seguimiento a diversas investigaciones periodísticas y análisis realizados por organizaciones civiles que documentan posibles irregularidades en procesos de contratación gubernamental de obra pública.
La preocupación se concentra en licitaciones y adjudicaciones millonarias donde, según las investigaciones revisadas por el organismo ciudadano, existen patrones que podrían limitar la competencia real entre empresas participantes.
“Hay patrones que han sido señalados públicamente donde empresas relacionadas participan en las mismas licitaciones. Son situaciones que deben ser revisadas con profundidad por las instancias encargadas de prevenir y sancionar la corrupción”, advirtió.
Uno de los esquemas señalados es la denominada “estrategia colmena”, documentada por organizaciones como Iniciativa Sinaloa.
El mecanismo consiste en la participación simultánea de empresas vinculadas entre sí mediante socios, representantes legales o estructuras corporativas compartidas que compiten por los mismos contratos públicos, generando una apariencia de competencia.
Especialistas en transparencia consideran que este tipo de prácticas pueden afectar las condiciones de libre concurrencia en las licitaciones y dificultar la identificación de posibles conflictos de interés.
Contratos públicos con información incompleta
Además de las observaciones sobre licitaciones, el CPC identifica otro problema recurrente: la falta de transparencia en contratos, adquisiciones y obras gubernamentales.
Mimiaga León mencionó como ejemplo la obra del Malecón Margen Izquierda, proyecto con una inversión superior a los 600 millones de pesos que ha sido objeto de cuestionamientos públicos relacionados con la información disponible sobre su ejecución.
También recordó observaciones hechas a contratos para la adquisición de despensas destinadas a personas desplazadas y programas alimentarios, cuyos expedientes completos no siempre han estado disponibles para consulta pública.
“La transparencia es el primer filtro para prevenir la corrupción. No siempre que falta información existe corrupción, pero cuando los contratos no están publicados o la información es incompleta se genera una percepción muy negativa y se dificulta la vigilancia ciudadana”, sostuvo.
La titular del CPC dijo que la publicación íntegra de contratos, anexos técnicos, fallos y procesos de adjudicación es una condición indispensable para fortalecer la rendición de cuentas y permitir la supervisión independiente por parte de ciudadanos, medios de comunicación y organismos especializados.
El temor a denunciar
Otro de los hallazgos identificados por el organismo ciudadano es la resistencia de la población a presentar denuncias formales.
Según Mimiaga León, el contexto de violencia e inseguridad que atraviesa Sinaloa ha provocado que muchas personas prefieran guardar silencio, aun cuando tengan conocimiento de posibles irregularidades.
“Hay mucho miedo de denunciar. La gente teme represalias y eso dificulta que los casos puedan investigarse formalmente”, afirmó.
Ante esta situación, el CPC ha planteado la creación de esquemas de protección para denunciantes y testigos de corrupción, similares a los mecanismos existentes para periodistas y defensores de derechos humanos.
Instituciones bajo presión
La presidenta del CPC también consideró que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas enfrenta uno de los principales retos para recuperar la credibilidad ciudadana.
Aseguró que numerosas irregularidades han sido reveladas primero por investigaciones periodísticas y organizaciones civiles antes que por acciones institucionales.
Asimismo, señaló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción requiere mayor autonomía presupuestal y capacidad operativa para fortalecer sus investigaciones.
“Las instituciones deben demostrar que la corrupción se investiga y se sanciona. Mientras no existan resultados visibles, la percepción de impunidad seguirá creciendo”, advirtió.
Oposición vincula corrupción con crisis institucional
La diputada local del PRI e integrante de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Paola Gárate Valenzuela, coincidió en que la percepción de corrupción se ha convertido en uno de los principales desafíos para el estado.
La legisladora sostuvo que los resultados de la ENCIG reflejan una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones responsables de vigilar el uso de los recursos públicos.
“Esa encuesta refleja el sentir de los sinaloenses. No lo dice la oposición, lo dice una medición seria que muestra cómo la corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, afirmó.
Gárate Valenzuela atribuyó parte de esta percepción al debilitamiento de organismos de transparencia y rendición de cuentas.
“Las instancias que daban seguimiento a estos temas, que transparentaban y vigilaban el uso de los recursos, han sido eliminadas o debilitadas. Eso genera una mayor sensación de impunidad entre la ciudadanía”, expresó.
La diputada del PRI consideró que la corrupción impacta directamente en otros problemas que enfrenta la entidad, como la inseguridad, la pérdida de confianza institucional y el deterioro económico.
La desconfianza alcanza al sector financiero
La percepción de vulnerabilidad institucional también se refleja en otros ámbitos, pues durante el primer cuatrimestre de 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros registró 3 mil 377 reclamaciones en Sinaloa, cifra que representa un incremento de 22.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Los expedientes incluyen cargos no reconocidos, transferencias electrónicas no autorizadas, dificultades para cancelar productos financieros y prácticas de cobranza indebida.
La titular de Condusef en Sinaloa, Mayra Guadalupe Quevedo Ochoa, informó que mediante conciliaciones se recuperaron 20.9 millones de pesos para los usuarios afectados.
Aunque estos casos pertenecen al ámbito privado, especialistas consultados coinciden en que las experiencias negativas con instituciones financieras también influyen en la percepción general sobre la capacidad de las autoridades para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar mecanismos efectivos de supervisión.
Mientras las encuestas continúan ubicando a Sinaloa entre las entidades con mayores niveles de percepción de corrupción, organismos ciudadanos, especialistas y actores políticos coinciden en un diagnóstico: la transparencia, la vigilancia independiente y el fortalecimiento institucional serán determinantes para recuperar la confianza pública y contener prácticas que siguen afectando la relación entre sociedad y gobierno.
