PATRICIA ARMENDÁRIZ, LA EXSALINISTA QUE NIEGA EL DESABASTO EN TIEMPOS DE LA 4T
Estrella de la etapa salinista, buena para las finanzas, especialmente las suyas, Patricia Armendáriz se fue colando a la Cuarta Transformación. Ahora la defiende a capa y espada, con argumentos que se le revierten en redes sociales, como la negación del desabasto de medicinas.
Estrella de la tecnoburocracia neoliberal salinista de los noventa, la diputada Patricia Armendáriz Guerra se ha convertido en objeto de numerosas críticas por su defensa de las políticas públicas de la administración obradorista, en especial en materia de salud pública.
La millonaria legisladora morenista atrajo un mayor caudal de dardos en las últimas semanas, después de que, en sintonía con el discurso presidencial, que ha tratado de negar el desabasto de medicinas, exigió pruebas de que existía dicha problemática.
Al parecer, Armendáriz Guerra fingía desconocer el tema, pues en un audio grabado en una entrevista de prensa, se le escucha afirmar que estaba enterada de esa problemática, pero que el fallecimiento de niños con cáncer por dicha falta de suministro no era sino un “daño colateral” en aras del combate a la corrupción.
Para el escritor Marcelo Fabián Monges, autor de Los aprendizajes de la pandemia en México: las consecuencias de un manjeo criminal, “Armendáriz busca sintonizar su postura con el gobierno al que representa porque no tiene otra militancia más que sus intereses individuales, que son exclusivamente económicos y de poder político. Niega un problema humanitario solo para beneficiarse personalmente”.
Señala que este gobierno ha desplegado una política sanitaria que “desborda los límites de los delitos de la negilegencia cirminal, pues cumple con las característcas del genocidio”.
Monges, quien presentará su libro el próximo 15 de noviembre en compañía de la periodista Beatriz Pagés Llergo, del activista Adrián LeBarón y del dirigente de padres de niños con cáncer, Israel Rivas –entre otros–, explica en entrevista con EMEEQUIS que la política oficialista en materia de salud exhibe “una profunda inhumanidad y maldad del gobierno de López Obrador, al dejar morir sin medicamentos a los niños con cáncer y al haber provocado y sostenido una escasez de medicamentos generalizada”.
El 20 de octubre, la diputada morenista Carmen Patricia Armendáriz Guerra buscó desmentir, a través de post en su cuenta de Twitter, la existencia del grave tema de desabasto de medicinas:
“Pues pedí a papás, enfermeras que me dieran evidencia de desbasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola”.
Diversos personajes de la política, pero sobre todo enfermos y familiares de pacientes de cáncer, reprocharon a Armendáriz su falta de sensibilidad y empatía, en diversas respuestas a través de las redes sociales.
Además de testimonios de los afectados, la cuenta de la empresaria se llenó de manifestaciones de indignación por sus afirmaciones y le compartieron información que prueba el desabasto.
En efecto, investigaciones periodísticas han documentado paso a paso cómo el gobierno de AMLO desmontó la cadena de abasto de medicinas y el sistema de compra consolidada que funcionaba desde 2007 y que hasta noviembre de 2018 ofrecía un abasto del 97.7% en anaqueles del sector público de salud.
Tras la desarticulación sobrevinieron licitaciones retrasadas por más de medio año, fallidas, o incompletas hasta en 60% de los productos que se proponía comprar.
En el caso del metotrexato, un medicamento oncológico usado en la mezcla terapéutica para la atención de leucemias, sarcomas infantiles y linfomas, la Cofepris suspendió una línea de producción argumentando fallas en el proceso.
Lo cierto es que, de acuerdo con una revisión documental efectuada por EMEEQUIS, el gobierno mexicano ordenó la suspensión de producción de metotrexato en abril de 2019 a Laboratorios Pisa, la farmacéutica mexicana con mayor capacidad de producción del medicamento. Las dosis anuales aplicadas en el país se contaban por millones pero fueron interrumpidas por un caso de 8 pacientes con efectos secundarios. La suspensión se ha sostenido.
Al parecer, Armendáriz estaba enterada, pues la reciente polémica revivió un audio grabado en una entrevista que Denise Maerker había hecho a la legisladora chiapaneca, en el que esta admite el desabasto de medicinas y se refiere a los niños fallecidos por cáncer como un “daño colateral”:
“El secretario de salud fue el primero en aceptarlo, estamos apenas al 50%, lo ha logrado a partir de un momento en que se paró el abasto para poder luchar contra la corrupción, lamento profundamente que el daño colateral haya sido tan espantoso, no es mi posición cuestionar al presidente, cuestionan al presidente por ser el responsable de todo esto, yo no: yo estoy de acuerdo, la política va en el sentido correcto”.
La frase de Armendáriz recordó la afirmación del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien durante su administración presidencial se refirió con la misma expresión, “daños colaterales”, a los civiles fallecidos como resultado de la violencia desatada por la lucha oficial contra los grupos criminales.
En ese entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la representación de la ONU en México lamentaron la expresión utilizada por el michoacano. La oposición política doméstica, encabezada por AMLO, condenó también la postura oficial.
Ante la polémica que había generado ella misma en su contra, Armendáriz explicó en un video que su intención era “genuinamente querer ayudar con el problema”.
ARMÉNDARIZ CON AMLO: INTERESES
El escritor Marcelo Monges considera que Armendáriz busca sintonizar su postura con el gobierno “porque no tiene más militancia que sus intereses individuales”.
Monges considera que la polítcia saniotaria de Andrés Manuel López Obrador “desborda los límites de los delitos de la negilegencia cirminal, pues cumple con las características del genocidio”.
Explica que la definición básica de genocidio es “la aniquilación o exterminio sistemático de un grupo social por motivos políticos o religiosos, y aquí tenemos al grupo social formado por personas que tienen en común un padecimiento específico, y tenemos también una política pública deliberada instrumentada por el Estado de la que son víctimas, es decir, la motivación política de defender a un régimen”.
Y que por otro lado, sostiene, hay elementos de crueldad e indolencia: “el gobierno de López Obrador ha exhibido una profunda inhumanidad y maldad, al dejar morir sin medicamentos a los niños con cáncer y al haber provocado y sostenido una escasez de medicamentos generalizada”.
La postura de Patricia Armendáriz “ha llevado a algunos caricaturistas a retratarla como una bruja, porque ellos parecieran ver el alma de la gente, y si en el imaginario colectivo, la bruja, es la imagen de la maldad personificada”.
Monges explica que su más reciente libro, el cual es prologado por la periodista Beatriz Pagés Llergo, apuesta por un aprendizaje común de la sociedad mexicana, por la memoria y por la inteligencia, “lo contrario de lo que pretende el gobierno de López Obrador, que le apuesta al olvido y por esconder los errores de una gestión sanitaria que multiplicó la cantidad de mexicanos fallecidos por la pandemia de Covid-19, los cuales quiere esconder debajo de la alfombra”.
Armendáriz compartió esta foto en Facebook con el mensaje: “Qué bueno que regresaron las oficinas a #PalacioNacional donde inicié mi carrera profesional en el año de 1990”.
DE CHIAPAS AL EQUIPO SALINISTA
La diputada morenista Carmen Patricia Armendáriz Guerra cuenta con una fortuna que algunas revistas han estimado en 1.2 y 1.5 millones de dólares. Ha llegado a relatar que durante los primeros años de su vida vivió situaciones de pobreza y que iba a la escuela descalza.
Su barco insignia es Financiera Sustentable, pero cuenta con al menos una docena de compañías. Sus principales inversiones están en el ámbito inmobiliario y en el de las sociedades financieras.
A los 20 años de edad, en 1976, cuando estudiaba actuaría en la UNAM, ya trabajaba en el área presupuestaria del gobierno federal.
Ahí entró en contacto con la tecnoburocracia financiera en ascenso, que llegaría al poder en los 90s, entre los que se encontraba Pedro Aspe Armella, entonces coordinador de la asesoría económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público..
Cuando Aspe llegó al equipo de Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, en la gestión de Miguel de la Madrid, integró a Patricia Armendáriz a su equipo.
Armendáriz ingresó al staff tecno-financiero de Aspe cuando este se convirtió en secretario de Programación y Presupuesto de la administración salinista. La chiapaneca fue asesora en materia de servicios financieros del equipo negociador del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
Aspe la catapultó a la vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Imbricada ya en la tecnoburocracia financiera transexenal, Armendáriz fue integrante del comité de auditoría del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), que se convertiría en Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En 1999, su actual correligionaria morenista, Dolores Padierna Luna, entonces diputada e integrante de la Comisión de Hacienda, acusó a Armendáriz de “maquillar las auditorías” al Ipab y de “encubrir transferencias” a las campañas electorales del PRI, incluida la de Ernesto Zedillo.
CON EL CAMPEÓN HASTA QUE PIERDA
Después apareció como consejera de Grupo Financiero Banorte (GFB), de la familia Hank. Ingresó a dicho consejo en abril de 2009, y ese mismo año abandonó las filas tricolores y se fue de candidata del PAN a una diputación federal por el VIII distrito electoral, con cabecera en Comitán, Chiapas. La postulación naufragó, y no quiso saber más de los panistas.
Dos años después, en 2011, ingresó como presidente de Banorte un exintegrante del grupo de poder al que había pertenecido Armendáriz: el exdirector de Banco de México durante el salinismo, Guillermo Ortiz Martínez, quien además fue secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo.
En 2014, Guillermo Ortiz y Patricia Armendáriz enfrentaron una crisis en el seno del gobierno corporativo de GFB. Accionistas del grupo buscaban la renuncia del presidente de su Consejo de Administración, Guillermo Ortiz Martínez, al considerar que pretendió atribuciones extras a las permitidas por la ley.
En abril de ese año, Ortiz presentó el proyecto “Fortalecimiento del Gobierno Corporativo”, que incurría en las presumibles violaciones legales. Según información difundida en esas fechas, “con el apoyo de Patricia Armendáriz y Héctor Reyes-Retana, miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de GFB, Ortiz presentó en reunión de Consejo su propuesta” para “brincar la ley”.
En diciembre de ese año, Ortiz salió de la institución, pero Armendáriz permaneció.
Tiempo después, Armendáriz apareció en el entorno del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, el cual trabajaba en proximidad con Morena, y con el grupo político afín al movimiento obradorista en esa entidad.
En 2018, otro operador del actual presidente, invitó a Patricia Armendáriz a participar como candidata al Senado. Pero declinó debido a sus negocios, según ha explicado.
Pero al inicio del gobierno de AMLO, Armendáriz Guerra reapareció en las grandes ligas del poder político. Ha sido señalada como la artífice del contacto que llevó a Carlos Hank González como asesor de AMLO en materia económica.
Después. Armendáriz fungió como relatora en la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca como invitado de Donald Trump, en julio de 2020.
Ahora es diputada plurinominal de Morena y es férrea defensora de las políticas oficiales.
Con información de EME EQUIS
