Piden desaparición de poderes en Sinaloa
PAN y organización Libres acusan captura institucional por el crimen organizado.
CIUDAD DE MÉXICO, México.- La crisis política que rodea al gobierno de Sinaloa dio un nuevo giro este miércoles luego de que la organización política nacional Libres y legisladores federales del PAN solicitaran formalmente al Senado de la República la desaparición de poderes en la entidad, bajo el argumento de una presunta infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales.
Las peticiones fueron presentadas por separado, pero ambas coinciden en señalar un supuesto deterioro del orden constitucional derivado de presuntos vínculos entre autoridades locales y el Cártel de Sinaloa.
En el documento entregado a la Cámara alta, la agrupación Libres sostuvo que existe una “captura política” de las instituciones sinaloenses y acusó una presunta subordinación de distintos órganos de gobierno frente al crimen organizado.
La organización argumentó que cuando el Poder Ejecutivo, el Congreso local y áreas del sistema de justicia operan bajo condiciones de tolerancia o cooptación criminal, el Estado de derecho deja de funcionar en la práctica.
Uno de los señalamientos más delicados apunta directamente al triunfo electoral del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como al de legisladores locales emanados de la misma elección, los cuales —afirma Libres— habrían sido posibles mediante acuerdos con estructuras del narcotráfico.
El escrito también hace referencia al ahora senador morenista Enrique Inzunza, quien durante más de una década encabezó el Poder Judicial estatal y recientemente fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Según la organización, durante ese periodo el aparato judicial local habría actuado para validar procesos electorales cuestionados y desestimar denuncias relacionadas con la presunta intervención del crimen organizado en la política sinaloense.
La solicitud fue presentada por Liliana Nayelli Gallardo Limón, consejera jurídica y representante del Comité Ejecutivo Nacional de Libres.
Por su parte, senadores y diputados federales del PAN respaldaron la exigencia y sostuvieron que la desaparición de poderes no representa una sentencia penal contra los funcionarios señalados, sino una medida constitucional para restablecer la legalidad y la gobernabilidad.
En su posicionamiento, los legisladores panistas afirmaron que permitir que el actual gobierno estatal continúe al frente de áreas como seguridad pública, procuración de justicia y coordinación policial mientras enfrenta acusaciones formales de colaboración con organizaciones criminales sería incompatible con el Estado de derecho.
La oposición sostuvo que ninguna entidad federativa puede mantenerse bajo sospechas de haber sido “capturada” por grupos criminales sin una respuesta institucional contundente.
Mientras tanto, la confrontación política volvió a dominar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Por segunda semana consecutiva, Morena y la oposición intercambiaron acusaciones relacionadas tanto con el caso de Rubén Rocha Moya como con los señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntos vínculos con agencias estadounidenses.
Durante el debate, el diputado morenista Gabriel García elevó el tono al comparar a la oposición con personajes históricos ligados a episodios considerados de traición nacional, mencionando nombres como Antonio López de Santa Anna, Miguel Miramón y Juan Nepomuceno Almonte.
Las declaraciones intensificaron aún más el clima de confrontación política en el Senado, donde el caso Sinaloa ya se perfila como uno de los temas más explosivos rumbo al proceso electoral de 2027.
