‘Plan B’ transformará sistema electoral con más intervención gubernamental, alerta INE
El llamado Plan B de la reforma electoral busca generar un nuevo modelo con reducción de tiempos y personal; cambios en la fiscalización que volverá más flexible el manejo del dinero en las campañas; ajustes para que los servidores públicos puedan intervenir en los procesos y hasta la intervención de instancias del gobierno como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La equidad de las elecciones se verá afectada por el "Plan B" de la Reforma Electoral. Conoce cómo ⤵️. #YoTambiénSoyINE pic.twitter.com/8NOKNAnEGD
— @INEMexico (@INEMexico) February 7, 2023
Estos son algunos de los riesgos que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha explicado, que transformarían el sistema electoral como actualmente se conoce, y que afecta la certeza de los procesos electorales, con cambios que son regresivos y a su vez, provocarían mayor descontento en los resultados llevando incluso a elevarse las exigencias para anular elecciones en el 2024.
Plan B propone reducir tiempo para capacitar a funcionarios de casilla
México se caracteriza por la participación de la ciudadanía el día de la jornada electoral, con personas seleccionadas al azar y capacitadas para contar los votos de sus vecinos, tras meses de preparación y procesos que finalmente las dio como las más idóneas.
Sin embargo, la reforma electoral propone reducir el número de personas capacitadas y el tiempo para ello, por lo que ahora, quienes resulten sorteados con su mes de nacimiento y primera letra de su apellido, podrían no gozar del derecho de que se les capacite y participar en la jornada electoral.
El proceso electoral, el cual siempre ha iniciado el 1 de septiembre, se recorrerían a la última semana de noviembre, lo que se empalmaría con los tiempos de precampañas previstos actualmente y que ahora, tendrían que recorrerse a la última semana de diciembre, es decir, en plenas fiestas decembrinas.
Además, para la selección de las personas que integrarán las mesas de casilla, es decir, quienes recibirán y contarán los votos, así como el lugar en el que se instalarán las casillas, el proceso requiere muchos meses de trabajo.
Para esta labor se cuentan con Juntas locales y distritales que la reforma plantea que pasen de ser permanentes a sólo auxiliares, y en el caso de las distritales propone en su artículo 61 instalarse el 30 de noviembre del año previo de la elección, es decir, a la par de que inicie el proceso electoral, sin ninguna oportunidad de preparación previa.
Las Juntas Locales Ejecutivas actualmente se integran por un vocal ejecutivo, uno de organización electoral; de capacitación electoral y educación cívica; de Registro Federal de Electores y el vocal secretario. El llamado Plan B propone que sólo sean tres y además, las oficinas sólo podrán ser una por cada distrito, lo que volvería casi imposible la labor de identificación de espacios para instalar casillas, gestionar las mejores condiciones y garantizar que las personas que contarán votos lleguen al lugar correcto.
Todo esto, de acuerdo con el nuevo plan, lo haría una sola persona, por lo que el INE ha alertado que esta carga de trabajo casi imposible, podría derivar en que el día de las elecciones no estén instaladas todas las casillas y la ciudadanía no pueda votar.
El artículo 61 del Plan B también plantea que todos los módulos de atención del INE, en los que se expiden las credenciales para votar, deberán reubicarse a “bienes inmuebles de dominio públicos de los municipios, entidades federativas o de la Federación”, lo que involucra al gobierno en el resguardo de los datos personales de la ciudadanía.
SRE aprobaría padrón de mexicanos que puedan votar desde el extranjero
Otro punto que el INE alerta que sería regresivo al volver a permitir la intervención del gobierno, es que la reforma autoriza que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores y no el órgano electoral, el cual apruebe el padrón de mexicanos que pueden votar desde el extranjero.
Además, permite que cualquiera con pasaporte pueda participar, sin necesidad de tramitar una credencial, como tendrían que hacerlo radicando en territorio mexicano.
La fiscalización también es un factor que genera preocupación porque se flexibiliza el reporte de gastos e ingresos de los partidos políticos y candidaturas en tiempo real, lo que consejeros del INE han acusado que permitirá que burlen la ley y maniobren sus cuentas.
Además, prohíbe al INE que la consecuencia de no reportar informes en precampaña sea el retiro del derecho a ser registrados como candidatos.
El INE lanzó una campaña en sus redes sociales en la que explica cómo es ahora el sistema electoral, cómo sería con la reforma y cómo afectaría en los derechos de la ciudadanía, por lo que, de aprobarse en los próximos días, ya alistan más acciones legales para frenar estos cambios e impedir que las campañas presidenciales se rijan bajo normas más flexibles y con intervención del gobierno.
