En estos días saldrán chispas. El tema eléctrico ocupará las primeras planas. El debate se intensificará en dos esferas: la Corte y el Congreso. Sin embargo, la gran pregunta que gravita en esta historia significa un gran misterio: ¿Cuánto está dispuesto el presidente a estirar la liga? El 5 de abril, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votarán el proyecto de Loretta Ortíz sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); de acuerdo con versiones periodísticas, la ministra propone rechazar la inconstitucionalidad de la LIE, estableciendo como infundados los argumentos presentados por la Comisión Federal de Competencia Económica y senadores de oposición, en el sentido de que la CFE tenga un monopolio en la transmisión y distribución de energía eléctrica.

Por su parte, el Congreso se alista para definir los términos de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente, la cual, a grandes rasgos, pretende dotar de más poder a la CFE y limitar la gestión del sector privado en el mercado eléctrico; se espera que esta papa caliente pase el filtro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su aprobación en el Pleno, durante un periodo en el que regularmente los reflectores están apagados, la Semana Santa. La animosidad de los empresarios en torno de la LIE puede describirse en dos palabras: tensa calma. Si bien la ministra Loretta Ortiz rechaza, entre otras cosas, que exista un riesgo de que la CFE se convierta en un monopolio, los cálculos del sector privado apuestan a que habrá un voto dividido del resto de los ministros y entonces el proyecto se desestimará. Pero, en caso de que dicho proyecto cuente con la mayoría de los votos de los ministros de la Corte, los empresarios consideran que eso no sería el fin. “Si pasara en la Corte, hay cabida para volverla a tirar en tribunales, no se le ve mayor vuelo y se estancará en las cortes federales”, sostiene off the record uno de los empresarios vinculados a esta historia. El mapa de impactos de la reforma eléctrica es otro; ahí, el enredo corre por varios frentes. El sector privado sabe que no hay más qué hacer en el Congreso. Los diputados, en su mayoría, votarán por la reforma eléctrica sin quitarle una coma al planteamiento presidencial. Un atentado a la productividad y a la competencia, una violación flagrante a los tratados internacionales, un golpe al consumo, un atropello al medio ambiente… No, nada eso se tomará en cuenta. Los disputados alzarán la mano y ya no hay nada que discutir. Ahora, el lobbying se intensificará en el Senado de la República. Los empresarios confían en que la intentona de la llamada cuarta transformación chocará con pared. Ahí, la oposición es vista como una aliada, pero la mirada está puesta en alguien más que podría garantizar el punto de inflexión: Ricardo Monreal. “Él será un factor”, dice la fuente consultada. “Políticamente se está deslindando del presidente y el mensaje que envía es que no está de acuerdo en que pase la reforma”. ¿Se rebelará el amigo de mil batallas del presidente? Más allá de eso, la otra carta es recurrir a tribunales internacionales. Las empresas estadounidenses ya consideran ese escenario. ¿AMLO en verdad estará dispuesto a pelearse con los grandes capitales? La Comisión Reguladora de Energía está cancelando permisos o, simplemente, no los está renovando. También, hay jugadores que han puesto a la venta sus portafolios. Otros sostienen que México requerirá cada día más electricidad y por ello prefieren mantenerse al margen del debate. Muy pocos, en realidad, siguen sosteniendo que se irán del país. Eso sí, nadie piensa reinvertir utilidades, hasta esperar mejores condiciones.

¿Hasta cuándo? Para las grandes empresas, la única cosa buena es que, tan descabellada es la reforma, que piensan que no es sostenible y tendrá que modificarse. Los activos podrán quedarse, algunas operaciones podrían hibernar, el Estado tendría que pagar algunas indemnizaciones. Pero sostienen que, algún día, las cosas tendrán que cambiar. La visita de John Kerry a México, la semana pasada, tenía el objeto de asegurar que las inversiones de empresas de energía estadounidenses no se vean afectadas de ninguna manera. Después de eso, se anunció la creación de un grupo de trabajo, pero nada está garantizado. Andrés Manuel López Obrador mantiene muy estirada la liga y, aunque los inversionistas aseguran que la reforma no tiene pies ni cabeza, la posibilidad de romper con todo puede ocurrir en cualquier momento. ********** Las empresas transnacionales, aglutinadas en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, sostienen que la reforma eléctrica, en caso de prosperar, incrementaría los costos de las tarifas hasta 30% y, además, dispararía las emisiones contaminantes a una tasa de 50%.

 

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más informa

 

 

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