Reabrirá mina en Cosalá, Sinaloa, tras 17 meses en conflicto

La mina San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, reabrirá después de 17 meses de estar tomada por un grupo de personas ligadas al Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, ante la disputa por la titularidad de su contrato colectivo de trabajo.

Triturados Mineros del Noroeste, filian en México de la empresa canadiense Americas Gold and Silver, que opera la mina, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, llegaron a un acuerdo para que las actividades de San Rafael se retomen junto con los empleos que genera, aunque el contrato colectivo de trabajo se encuentre en proceso de revisión por una Junta de Conciliación y Arbitraje.

“El contrato colectivo ahora está suspendido. El Sindicato Minero no tiene realmente la titularidad del contrato, esa fue una parte compleja de la negociación; negociamos con un sindicato que no tiene el contrato aún.

“No sabemos lo que las autoridades mexicanas van a decidir, puede que ratifiquen al Sindicato Minero como el titular del contrato colectivo de trabajo o que llamen a otra votación. Estamos dispuestos a trabajar de buena fe con este sindicato mientras tanto”, dijo Daren Blasutti, CEO de la compañía canadiense, en entrevista con Grupo REFORMA.

En ese contexto, señaló, que Americas Gold and Silver, pausará sus proyectos de inversión en México equivalentes a 130 millones de dólares.

“Teníamos un plan interno para invertir 120 y 130 millones de dólares en los siguientes seis a ocho años, eso ahora está en pausa hasta que veamos cómo esta situación evoluciona”, mencionó Blasutti.

Parte del acuerdo es la recontratación de siete de las 14 personas que tomaron la mina en enero de 2019; una persona más de ese grupo será representante del Sindicato Minero y hay tres vacantes para que el Sindicato coloque a quienes considere siempre y cuando no formen parte del grupo que tomó la mina.

Además, el jueves habrá una visita a las instalaciones donde acudirán representantes de la minera, del Gobierno y del Sindicato para verificar las condiciones en las que se encuentran, hacer una evaluación y regresar gradualmente a los trabajadores.

“Llamaremos 75 trabajadores la primera semana, que repararán lo que se necesite reparar y verán que las instalaciones sean seguras. Luego llamaremos gradualmente de 15 en 15 hasta que todos estén de regreso.

“Podría ser en un mes, asumiendo que no hay reparaciones grandes, la mina estará operando completamente”, explicó Blasutti.

El costo de reapertura de la mina es de 7 millones de dólares.

No obstante, por el conflicto se estiman pérdidas de 150 millones de dólares y 230 trabajadores no han recibido un salario, agregó el CEO.

La toma de la mina se remonta a agosto de 2019, cuando los colaboradores de la canadiense habían elegido a la CTM, de Javier Villarreal, para ostentar la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

En enero de 2020, las instalaciones de San Rafael fueron tomadas por un grupo encabezado por Yasser Beltrán, ex líder sectorial y operador del Sindicato Minero, luego que la empresa se negara a darle los contratos de transporte de la mina cuando él formaba parte de la CTM.

Americas Gold and Silver denunció que la toma era una forma de extorsión para que el Sindicato de Gómez Urrutia se quedará con la titularidad del contrato colectivo, por lo que interpuso un recurso legal ante la Fiscalía de Sinaloa por delitos de despojo agravado y ataques a las vías generales de comunicación.

Una de las querellas fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR).

La CTM se bajó de la contienda por el contrato y entró “al quite” el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, de Carlos Pavón. En septiembre de 2020 hubo un recuento de votos entre los sindicatos que pelean la titularidad del contrato; ganó Gómez Urrutia.

El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE advirtió que llevaría el diferendo por la titularidad del contrato ante el panel de expertos en el marco del T-MEC.

Americas Gold and Silver advirtió que sus trabajadores fueron intimidados por parte del grupo de Beltrán para lograr el resultado, razón por la cual algunos optaron por renunciar.

Ante ello, se llevó el contrato a una Junta de Conciliación y Arbitraje.

En diciembre de 2020, la minera recurrió al Gobierno de Canadá para solicitar su intervención en México ante la situación en Cosalá, pero fue hasta abril de 2021 cuando se dio el primer intento de mediación.