Carolina Aranda Cruz

Todo comenzó en 2013 cuando la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), financiada principalmente por el gobierno de Suiza y Alemania, presentó un proyecto para crear una planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa. Primero abriendo una planta de amoniaco, posteriormente un centro de producción de urea y metanol.

Luego de diez años, la GPO quiere seguir con sus planes, aun cuando la población se ha opuesto desde siempre. Durante este tiempo, el diario ha mantenido informado a los lectores sobre la evolución del conflicto y ¡Aquí no!, un movimiento que se opone a la construcción. El movimiento, encabezado por indígenas mayo-yoremes y conformado por pobladores de Ahome, Culiacán, Mazatlán, Tijuana, Mexicali, Monterrey y la Ciudad de México. De acuerdo con la última actualización, hay 6 mil manifestantes dispuestos a “llegar hasta las últimas consecuencias” si no se paran las obras.

Los dos principales problemas son los siguientes. Primero, la planta requiere de un sistema de enfriamiento, por lo tanto, quiere usar el agua del “Sistema lagunar Santa María-Topolobampo Ohuira”. Si esto fuera así, la temperatura ambiental aumentaría, desplazando gradualmente a todas las especies de la zona.

En segundo lugar, si hubiera una fuga de amoniaco, el gas tóxico devastaría las especies alrededor, contaminando irreversiblemente el ecosistema y mataría a miles de personas. En caso de una fuga, habría una muerte masiva en toda la zona. Según datos de Conexiones Climáticas, estar a 15 kilómetros de distancia equivale a morir por asfixia en 5 minutos.

La construcción acabaría con las 22 mil 500 hectáreas de manglares, un ecosistema que apenas abarca el 0.1% de la superficie terrestre, de acuerdo con la International Collective in Support of Fisherworkers. Devastar el sistema de islas dependientes de la zona significa quitar una barrera natural de tormentas, vientos violentos y un lugar que ayuda a regular los climas extremos causados por fenómenos como el Superniño.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se perderían especies en peligro de extinción como la garza rojiza, el delfín nariz de botella, el lobo marino, y las tortugas golfina, prieta, laúd y carey, entre muchas otras. Además, colapsaría la producción pesquera y de mariscos, dejando a toda una población sin ingresos.

Por su importancia ecológica, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) decretó en 2008 a la Bahía Ohuira como “sitio Ramsar”, un humedal de importancia internacional considerado clave para el planeta, debido a su riqueza ecológica, biológica e hidrológica. Por lo tanto, el gobierno mexicano tiene la obligación de proteger la zona, de lo contrario se violarían compromisos internacionales, causando daños irreparables al clima de todo el planeta.

Con información de La Jornada

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