Rocha Moya y Enrique Inzunza ‘están vigilados’; temen se fuguen como testigos o los capturen: Riva Palacio
Hay dos razones, de acuerdo con el periodista, por las cuales Sheinbaum ha blindado a Rocha y los 9 funcionarios de Sinaloa requeridos por EU, entre ellas, evitar abrir la ruta que lleve a Andrés Manuel López Obrador.
CDMX.- Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza están bajo estricta vigilancia del gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca evitar que escapen a Estados Unidos como testigos cooperantes o incluso que sean capturados por Estados Unidos. Así lo revela hoy Raymundo Riva Palacio.
De acuerdo con la información expuesta en su columna Estrictamente Personal, el blindaje al gobernador con licencia, que se extiende al resto de los funcionarios de Sinaloa requeridos por Estados Unidos, tiene como objetivo evitar un efecto dominó judicial que podría alcanzar al expresidente López Obrador y a su cúpula.
“Son dos las líneas de pensamiento que llevaron a esa protección: que si los entregan bajo los términos del Tratado de Extradición, Estados Unidos pedirá a otros altos funcionarios; y que entregar a Rocha Moya abriría la ruta para alcanzar al expresidente Andrés Manuel López Obrador en la cruzada de Washington contra los narcopolíticos”, detalla.
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que si el Departamento de Justicia de Estados Unidos no entrega pruebas suficientes sobre la acusación contra Rocha Moya y el resto de los señalados, no serán entregados.
“Si no hay pruebas, el gobierno (de México) dice no. Estados Unidos puede iniciar un juicio formal de extradición si así lo considera pertinente, y además está la investigación que realiza la Fiscalía”, expuso en su conferencia de prensa.
Por su parte, Inzunza, quien aspiraba a competir por la gubernatura de Sinaloa, informó a través de sus redes sociales que se mantendrá como legislador hasta el 2030. Sin embargo, desde la acusación formal hecha por EU, el exsecretario de Gobierno de Rocha acumula más de 50 días sin asistir al pleno del Senado ni a las comisiones legislativas de manera presencial.
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UN RANCHO AL NORTE DE CULIACÁN, EL REFUGIO DE ROCHA MOYA
De acuerdo con el periodista, desde el pasado 29 de abril, fecha en que los fiscales de la Corte de Nueva York imputaron a 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Rocha Moya, de vínculos con el crimen organizado, el hoy gobernador con licencia se mantiene prácticamente aislado en un rancho ubicado a 110 kilómetros al norte de Culiacán.
Riva Palacio detalla que Rocha realiza únicamente viajes esporádicos e imprescindibles a la Ciudad de México.
“Rocha Moya prácticamente no sale del rancho, salvo para algunas cosas imprescindibles, como viajes esporádicos a la Ciudad de México. En todo este tiempo, el exmandatario sostuvo una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le reclamó que el general Gerardo Mérida hubiera podido viajar a Estados Unidos y ofrecerse como testigo cooperante”, refiere en su columna.
Por su parte, el senador Enrique Inzunza permanece en la capital sinaloense con escasas apariciones públicas.
Ambos personajes, señala Riva Palacio, se encuentran vigilados por las autoridades federales debido a la profunda preocupación de que “crucen la frontera para ofrecerse como informantes” o que un comando los capture como a Ismael “El Mayo” Zambada.
El periodista asegura que la vigilancia a los acusados se reforzó luego de que el general Gerardo Mérida, quien fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a EU. Mientras que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, aún negocia los “términos de su papel como testigo cooperante” desde Irlanda.
“Autoridades estadounidenses adelantaron a sus contrapartes mexicanas que Mérida se llevó documentación física y entregó un USB con información. Aunque Díaz ha estado ofreciendo datos a cambio de impunidad y que le permitan mantener parte de sus bienes, aún no hay un acuerdo porque, hasta ahora, les ha proporcionado aspectos públicos o detalles de la corrupción de la familia de Rocha Moya, que en su mayoría también ha sido ampliamente ventilada”, refiere.
Aunque otros implicados como Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación local, abortaron su entrega tras recibir amenazas contra sus familias, Riva Palacio advierte el retraso de la reacción oficial en el blindaje: “El gobierno no quiere que llegue más información a Washington de lo que sucedió en Sinaloa, pero es un poco tarde”, advierte.
BLINDAJE A SINALOENSES, UN ESCUDO HACIA PALENQUE
En su análisis, Riva Palacio destaca que la protección institucional extendida desde Palacio Nacional hacia los funcionarios sinaloenses imputados es un escudo para López Obrador.
Sin embargo, el periodista también advierte el error de la estrategia de Sheinbaum, que cree se trata de una cuestión político-electoral en Estados Unidos, y considera que “habrán saltado la presión” si resisten hasta noviembre, cuando el país vecino tendrá elecciones legislativas.
La ofensiva judicial, señala, no está supeditada al calendario electoral porque la mira de las agencias estadounidenses va mucho más allá del entorno sinaloense y abarca a los gobernadores de Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla), Sonora (Alfonso Durazo), Tamaulipas (Américo Villarreal), Jalisco (Pablo Lemus), San Luis Potosí (Ricardo Gallardo), y al actual secretario de Educación, Mario Delgado.
La presión del gobierno estadounidense contra México ha ido creciendo. Por ejemplo, este ayer, durante la clausura de la reunión del G-7 en Evian, Francia, el presidente Donald Trump insistió en que México ha perdido el control del país, dominado por los cárteles, y que su gobierno es encabezado por “una mujer muy asustada”.
Con información de Vanguardía
