Rocha y EU: el principio o el final
El oficialismo intenta un equilibrio entre Trump y López Obrador. La presión del empresariado. Semana decisiva para el gobernador en licencia.
Una pregunta se reiteró a lo largo del fin de semana en diversos conciliábulos del oficialismo, dominados por el drama del gobernador Rubén Rocha y tiene que ver con el momento de la escalada entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
¿Es el colapso judicial del gobernador un prólogo de nuevas arremetidas o se trata, en realidad, de una explosión controlada?
La incógnita ganó especial densidad entre la solicitud de licencia de Rocha y el Congreso Nacional de Morena que, este domingo, encumbrará a Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional.
Entre los gobernadores oficialistas impera el nerviosismo; circula la tesis de que en Palacio Nacional se conocía el golpe que venía contra Rocha y que también se sabe de las tribulaciones legales en Estados Unidos de otros mandatarios afínes.
Esta percepción se fundamenta en la idea de que Claudia Sheinbaum y el ahora canciller, Roberto Velasco, han concedido todo lo posible a la administración de Donald Trump. Resulta inviable que, ante tal grado de coordinación, en la cúpula no circulara información sobre el futuro de Rocha.
En el gabinete no confirman ni desmienten, pero señalan que han existido gestiones bilaterales para evitar que el golpe de la justicia estadounidense caiga sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su entorno directo. Rocha es un efecto colateral de ese blindaje; de ahí el silencio absoluto de Palenque frente al peor momento de la relación con Washington.
Días antes de la acusación contra Rocha, tanto la presidenta como el canciller Velasco hicieron un gran esfuerzo ante Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el fin de aplacar las críticas del organismo multilateral a la política de México sobre desapariciones forzadas.
Estas gestiones diplomáticas buscan evitar una posibilidad que, de momento, es un susurro en los pasillos de la ONU: que el expresidente López Obrador pueda ser acusado ante la Corte Penal Internacional de La Haya por su política de Estado referida a las desapariciones.
En el Gobierno conocen esa posibilidad; de ahí la virulencia ante la presentación del informe de la ONU sobre México -apenas Velasco llegó a la SRE- y las posteriores reuniones con Türk en la Ciudad de México.
Para el oficialismo sería desastroso que el fundador del movimiento termine en una situación propia de dictadores y autócratas de latitudes marcadas por la barbarie. El secretario de Estado, Marco Rubio, entiende este escenario y maniobra en el organismo multilateral que se dispone a controlar en el próximo relevo de la Secretaría General.
La propuesta en ciertos ámbitos es clara: la justicia de EE. UU. -y la de la ONU- no avanzará sobre Palenque a condición de capturar a otras figuras del oficialismo, como es el caso de Rocha.
El problema de esta lógica es que sitúa a la presidenta en una encrucijada de expectativas: un choque inevitable entre la política y la economía.
Si al interior del oficialismo se instala la lectura de que el Gobierno no ofrece coberturas suficientes contra los fiscales estadounidenses, bajarán automáticamente los incentivos para operar la elección de medio término, especialmente en lo referido a los candidatos que pretende instalar Palacio Nacional.
En paralelo, si no se cumple con los requerimientos legales de EE. UU., caerán las expectativas del empresariado y los mercados justo cuando el Gobierno se dispone a revisar el T-MEC.
El pasado viernes, uno de los principales banqueros del país le advirtió a la presidenta que no cumplir con el sistema de justicia estadounidense tendría consecuencias económicas, un mensaje similar al emitido el jueves por BBVA, la entidad más grande del sector.
Para el Gobierno es un escenario delicado. Si el mercado asume que la justicia mexicana no es confiable, se multiplicarán los pedidos de arbitraje en instancias internacionales: este viernes, Kansas City Southern activó un reclamo ante el CIADI contra el Estado mexicano.
Por cierto: el pasado miércoles por la noche, en una reunión en Torre Mayor, ejecutivos del sector financiero hablaron sobre la posibilidad de que, si no se entrega a Rocha, el Departamento del Tesoro fulmine a otra entidad bancaria mexicana, más grande que Vector o CI Banco y con un mayor riesgo sistémico. La sola acusación de operar activos de dudosa procedencia representaría una ejecución sin juicio previo. Estas inquietudes ganan intensidad al recordar que en el gabinete de Rocha reportan funcionarios vinculados, por trayectoria o participación societaria, a entidades bancarias.
Este lunes será determinante para el futuro de Rocha. El exministro Arturo Zaldívar reapareció el fin de semana para señalar que el gobernador con licencia ya no tiene fuero, por lo que puede ser detenido. En Cancillería aseguran, en tanto, que las acusaciones contra Rocha por su presunta colusión con un grupo terrorista no dejan más opción que la prisión preventiva, a pesar de que su entorno afirma que él preferiría estar recluido en una de sus propiedades.
Formalismos que quedan en segundo plano ante el temor, presente en el gabinete, de que Donald Trump decida una incursión militar unilateral para capturar a Rocha, tal como ocurrió en enero con Nicolás Maduro. Días después de aquella captura en Caracas, el presidente estadounidense alcanzó su mejor momento en las encuestas de aprobación.
Ante esta posibilidad, todas las miradas se vuelcan hacia Teherán, bajo la noción de que Trump no habilitaría una maniobra de ese tipo sin antes escapar del laberinto que representa la política en Medio Oriente.
