Culiacán, Sinaloa.— En un movimiento que intensifica la crisis institucional en materia de seguridad y justicia en el estado, Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, solicitó este día licencia sin goce de sueldo a su cargo, en medio de graves señalamientos que lo vinculan con presuntos actos de corrupción relacionados con el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la separación temporal del funcionario, quien ocupaba el cargo desde octubre de 2021. En un comunicado escueto pero contundente, se informó que Castro Zaavedra se pondrá a disposición de las autoridades para atender cualquier requerimiento legal, en apego al marco jurídico vigente.

La solicitud de licencia, según detalló la institución, se sustenta en diversos preceptos constitucionales tanto federales como estatales, así como en la Ley Orgánica de la propia Fiscalía.

La decisión ocurre apenas un día después de que la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reconociera públicamente que el vicefiscal seguía en funciones, aunque ya se analizaba su separación para no entorpecer las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República.

El caso ha escalado a nivel internacional. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York acusa a Castro Zaavedra de recibir sobornos mensuales del grupo criminal conocido como Los Chapitos, a cambio de brindar protección, evitar detenciones y filtrar información sobre operativos contra laboratorios clandestinos.

La licencia del vicefiscal no es un hecho aislado. Se suma a una serie de solicitudes de separación del cargo por parte de figuras clave del gobierno estatal, entre ellas el exgobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, lo que evidencia un escenario de alta tensión política y judicial.

Castro Zaavedra no es ajeno a la polémica. Fue uno de los 26 aspirantes que en 2024 buscaron encabezar la Fiscalía estatal tras la salida de Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, caso que posteriormente fue atraído por la autoridad federal.

Tras ese crimen ocurrido en julio de 2024, el propio vicefiscal defendió el actuar de la institución, asegurando que no hubo omisiones en las líneas de investigación y que se actuó conforme a los testimonios integrados en la carpeta.

Con más de dos décadas dentro de la procuración de justicia desde su ingreso en 1998 a la entonces Procuraduría estatal, Castro Zaavedra construyó una trayectoria que hoy queda bajo escrutinio público. Su paso por áreas clave como delitos patrimoniales y litigación oral contrasta con las acusaciones que ahora lo colocan en el centro de una investigación de alto impacto.

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