La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se autorizó un acuerdo reparatorio en el proceso penal que se sigue en contra de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc suspendida temporalmente del cargo, por los delitos de abuso de autoridad, robo calificado y discriminación hacia dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, detalló que Sandra Cuevas acudió a una audiencia esta mañana en el reclusorio Norte, en la que reconoció que la agresión ocurrió tal y como lo describió el Ministerio Público en la denuncia.

Por ello, el acuerdo consistirá en el pago de una radio de transmisión y un teléfono celular, así como una reparación económica de 30 mil pesos a ambas víctimas, que se deberá entregar el 28 de marzo.

Mientras que por el delito de abuso de autoridad, se autorizó la suspensión del proceso y deberá ofrecer una disculpa pública por su conducta, antes de las 15:00 horas de hoy.

Asimismo, deberá recibir tratamiento psicológico, orientadas al manejo de la ira y las emociones, durante un periodo de seis meses y tendrá que abstenerse de molestar a las víctimas.

La alcaldesa también deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación u opinión por cualquier medio de difusión y redes sociales sobre el caso, las instituciones y mandos policiacos durante el proceso que se autoriza la suspensión, con excepción de la disculpa pública que ofrecerá hoy.

Respecto a las medidas cautelares que se le impusieron a Sandra Cuevas, entre éstas la suspensión temporal de su cargo, el vocero de la Fiscalía indicó que serán cesadas una vez que se ofrezca la disculpa pública.

“Una vez que se informe el cumplimiento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas en la continuación de la audiencia inicial”, dijo.

El 17 de marzo, la jueza Elma Maruri Carballo determinó vincular a proceso a Sandra Cuevas y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo vigentes las medidas cautelares de separación temporal del cargo, presentación periódica ante las autoridades, la restricción para salir del país, así como no acercarse a las presuntas víctimas.

 

Con información de Milenio

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