Ciudad de México. Una vez más, trabajadores de la sección 333 de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, estallaron la huelga a las 12 horas de ayer, debido a que la empresa Americas Gold and Silver insiste en negarse a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, como titular del contrato colectivo de trabajo (CCT).

Además, ha intervenido en la vida interna de dicho sindicato para imponer modificaciones que violan los derechos legítimos de los obreros, señaló la organización.

Apenas la semana pasada –tras permanecer cerrada desde enero de 2020 por el paro anterior– las titulares de las secretarías de Economía (SE), Tatiana Clouthier, y del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, acudieron a la reapertura del yacimiento y el reinicio de sus operaciones, pero sin la presencia de la representación sindical.

De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino para que la empresa canadiense reconociera al sindicato minero, después de haber ganado por mayoría el recuento en la titularidad del CCT. Fue en junio de 2021 cuando la compañía firmó un acuerdo con el gobierno de México y la organización para la reapertura del mineral productor de oro.

Ayer, en un comunicado, el sindicato minero denunció que los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, así como los dirigentes locales, fueron detenidos por un grupo de choque que pretendía evitar que llegaran a la mina. Sin embargo, los trabajadores rompieron el cerco creado por el grupo armado para estallar la huelga, a pesar de amenazas a su seguridad.

La organización sindical hizo un llamado a la SE, la STPS y la Secretaría de Gobernación para que garanticen los derechos y la integridad de los trabajadores en la solución de este conflicto, con la premisa del cumplimiento irrestricto de los acuerdos suscritos por la empresa en presencia y pleno conocimiento de dichas instancias.

Asimismo, denunció la hipocresía de la compañía canadiense al rehusarse a cubrir en tiempo y forma los salarios caídos, mientras anuncia invertir 600 millones de pesos en la mina de San Rafael durante los próximos tres años.

El sindicato señaló que el consorcio minero, que preside Darren Blasutti, se ha negado sistemáticamente a reconocer a los representantes de la sección 333, por lo que exigió a la empresa cumplir los acuerdos y comprometerse a no intervenir en la vida sindical.

Esta persistente negativa a dialogar con el sindicato minero, encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, así como las presentes amenazas a la seguridad de sus miembros, han impedido que se resuelvan temas tan importantes para los mineros de Cosalá como el pago de salarios caídos y la reinstalación de dirigentes locales cesados injustificadamente, subrayó la representación sindical.

 

 

Con información de La Jornada

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