Desde el pasado 11 de enero, Ariadna Montiel Reyes es la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, quien tendrá como primera tarea operar una bolsa de más de 290,000 millones de cuatro programas sociales prioritarios en medio del proceso electoral de 2022 y rumbo al 2024. Montiel Reyes se había desempeñado como subsecretaria en la dependencia desde el inicio de la administración, antes de suceder a María Luisa Albores y Javier May, al frente de ella. De la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, concretó la desaparición del programa de apoyos a estancias infantiles y se encargó de la pensión para el bienestar de adultos mayores.

Al cierre de 2021, Montiel Reyes presumió que 10.9 millones personas se beneficiaron con cuatro programas prioritarios (pensión para el bienestar de adultos mayores, personas con discapacidad, apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y Sembrando Vida), mismos que tendrán incrementos en este año. Ya en los primeros días del año, cuando fue nombrada titular, agradeció al presidente e insistió en la repetida frase “primero los pobres” del presidente. “Que no se nos olvide nunca por quién luchamos; por los pobres y los olvidados; hagamos realidad nuestro sueño de la transformación para que siempre sean #PrimeroLosPobres”. Así lo seguiremos haciendo. Para especialistas, la forma que se desenvuelve la política social se cruza con la ‘política clientelar’, pues se genera un condicionante entre el programa y quien lo entrega. ‘El dinero dado de manera directa es uno de los principales elementos de la política clientelar porque se genera un vinculo entre la persona que recibe el apoyo y el gobernante que genera ese apoyo’, señala Gustavo López Montiel, politólogo del Tecnológico de Monterrey. La nueva titular de Bienestar es quien se ha encargado de la entrega de estos apoyos por mandato del presidente. Montiel Reyes se unió al equipo de la Secretaría de Bienestar como subsecretaria en 2018. Con el paso de los meses, fue la principal encargada de uno de los programas prioritarios del gobierno actual: la pensión para el bienestar de adultos mayores. En 2012, fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal, durante la administración de Marcelo Ebrard, quien suena entre los aspirantes de Morena para la sucesión en 2024. Arrancó su carrera política como integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) en el PRD, dirigida por René Bejarano, protagonista de uno de los escándalos que más afectó al presidente –como él mismo lo reconoció– cuando en 2004 fue grabado recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. “Cómo la gente no iba a pensar que yo no estaba involucrado, si era mi secretario particular. ¡Increíble, fue un golpe durísimo! Ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad”, aseguró en una conferencia de prensa en diciembre pasado, en la que aclaró que Bejarano ya no era su secretario particular como jefe de gobierno del Distrito Federal, periodo de impulso a su política de apoyos a adultos mayores.

Tras su nombramiento, el delegado de programas sociales en Chihuahua y excandidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera, celebró la noticia. “Muy acertado, los dos somos radicales, y lo digo con mucho gusto”, refirió al diario local El Heraldo de Chihuahua. No obstante, para algunos causó suspicacia el movimiento previo a las elecciones del próximo 5 de junio, cuando se renovarán gobernadores en seis estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas) y hacia la segunda parte del gobierno de López Obrador rumbo al final de su sexenio. “Cinco meses de las elecciones para gobernador en seis estados, el Presidente saca de la Secretaría del Bienestar a Javier May y pone a una súper incondicional, Ariadna Montiel, para que se encargue de repartir toooodo el dinero de los programas clientelares de la #4T”, publicó #Dices, una “plataforma informativa”, auspiciada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Twitter. La consultora Integralia identificó como uno de los riesgos políticos con probabilidad muy alta para el próximo año, que el presidente recrudezca su política de movilización y polarización en torno a temas prioritarios de su agenda de gobierno, entre ellos, el uso de los programas del gobierno. “Incluyendo consulta de revocación de mandato, reforma energética, intervencionismo electoral, estrangulamiento presupuestario y operativo de órganos autónomos, intensificación de programas sociales con fines clientelares, así como una reforma política-electoral”, señaló en un análisis. López Montiel recordó que en el actual gobierno se desaparecieron los programas que generaban intermediación, como las estancias infantiles, porque así no se generaba el vínculo entre el apoyo y quien lo daba. ‘Desapareció programas que generaban intermediación, por ejemplo, las guarderías, y lo que se hace es generar los apoyos directos porque las personas –más allá de lo que el apoyo les sirva– sienten que le agradecen al presidente, siempre está el mensaje de que si no vota por nosotros ya no va a haber estos apoyos’, señaló.

Críticas a los programas sociales

Los programas insignias de López Obrador han sido criticados por fallas en su planeación, deficiente medición de su impacto, sobregasto e incluso otorgamiento indebido de recursos, según han documentado auditorías y órganos autónomos, pese a ello, el gobierno federal ha insistido en mantenerlos y agrandarlos, como es el caso de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, que absorbe el 30.5% de los programas de subsidios, y que desde hace varios meses Montiel Reyes coordina. La organización México Evalúa señala que las transferencias directas para adultos mayores han sido la política insignia de López Obrador, desde que era jefe de Gobierno en el Distrito Federal, y este año su símil nacional crecerá en 69% respecto a 2021, lo que representan 97,000 mdp adicionales. El crecimiento se debe a que en abril pasado se anunció que las pensiones otorgadas aumentarán 20% más inflación cada año, hasta llegar a 6,000 pesos en 2024, y a partir de este año se empezaron a dar apoyos a partir de los 65 años a todos en general, cuando antes era desde esta edad para los indígenas. Sobre el programa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el control en pagos a beneficiarios, lo que resultó en un monto por aclarar de casi 1,000 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Bienestar en la Cuenta Pública 2019. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha señalado que el programa falla en probar su impacto en la población objetivo, ya que carece de información estadística actualizada.

Asimismo, recientemente Animal Político identificó que Montiel Reyes y Rocío García, quien fue nombrada en su lugar, cancelaron el programa de estancias infantiles sin comprobar la corrupción que la ahora titular de Bienestar acusó. “Promovieron la cancelación de las estancias infantiles por haber encontrado supuesta corrupción en su operación, pero en realidad solo tenían una evaluación que enlistaba incumplimientos y sus respectivas recomendaciones como ‘usar bote de basura con tapa’, ‘usar uñas cortas y sin esmalte’, ‘usar cubrebocas al servir alimentos’ o que ‘los cepillos dentales de los niños tengan su nombre’”, dice el texto firmado por Nayeli Roldán. El medio además expuso que Rocío García, “como directora del DIF, condicionó la entrega en efectivo del 2% y hasta 4% de salario a los empleados de mandos medios y superiores para un supuesto programa del que no existe rastro oficial”. Montiel Reyes tendrá entre sus objetivos la dispersión de la mayor cantidad de dinero destinada a los programas sociales de López Obrador, de quien es cercana, en la segunda mitad de su gobierno, en medio de controversias y con la antesala de haber sido ya sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el año pasado por la promoción indebida de los apoyos en época electoral. Con información de Shelma Navarrete

 

Con información de EXP

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