Vinculan a proceso a ex presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo
La ex presidente municipal de Solidaridad, en Quintana Roo, Laura Beristain Navarrete, fue vinculada a proceso por el delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la concesionaria de recolección de basura “Redesol”.
La denuncia fue realizada por esta empresa, y clasificada por la Fiscalía General del Estado con la carpeta 94/2019, sebido a que la ex edil de Morena supuestamente determinó la reanudación de la concesión del servicio de recolección de basura, sin obtener autorización de cabildo.
La audiencia de vinculación fue iniciada ayer, pero fue suspendida y retomada hoy desde las 10:00 horas; estuvo presente la parte agraviada, sus abogados, el abobado defensor de Beristain Navarrete y un defensor público.
Al quedar vinculada a proceso, la ex edil deberá acudir a firmar cada 15 días en el Poder Judicial. Los abogados de la parte querellante solicitaron que se le pusiera un brazalete electrónico, lo que fue negado por el juez, al considerar que no hay riesgo de fuga y al haber dado la cara en todo momento, a excepción del 11 de febrero por padecer covid-19.
Falta que se desahogue el proceso para determinar si Beristain Navarrete tiene responsabilidad penal, además de tener que cuantificarse los presuntos daños incurridos contra la concesionaria.
Entrevistada por MILENIO, la parte defensora aseguró que la imputación obedece al hecho de haber girado un oficio para reanudar la concesión con Redesol, pero la Fiscalía señala que éste no debió hacerlo ella, sino el ayuntamiento.
Aclararon que la Sala del tribunal estatal tuvo por cumplida su sentencia, al demostrar que el acuerdo de reinstalación se llevó a cabo con el consentimiento del Cabildo, por lo que más tarde la entonces alcaldesa giró un oficio.
Sin embargo, la empresa se inconformó y logró un amparo. De ahí, agregaron, un tribunal federal determinó que la orden tenía que haber salido directamente del ayuntamiento y no de la presidenta municipal, por lo que revocó la decisión del tribunal estatal.
Fue a partir de esa decisión, sostuvo, que la Fiscalía procedió a imputar el delito de abuso de autoridad por supuestamente haber expedido un oficio sin tener facultades para ello.
Los defensores demostraron hoy ante la autoridad judicial que antes de dicho oficio sí había un acuerdo aprobado por el ayuntamiento para hacer la reinstalación de Redesol, por lo que la entonces presidente municipal tenía facultades de girar el documento notificando y reinstalar a Redesol, empresa que cuenta con la concesión, pero que al parecer no busca su reinstalación, sino ser indemnizada, por lo que la actual administración de Solidaridad se encuentra también en problemas con la concesionaria.
Pese a ello, el juez de control determinó vincular a proceso y dio un plazo de cuatro meses para que se haga la investigación complementaria.
Con información de Milenio
