LA VIDA QUE EL ESTADO NO LOGRÓ APAGAR

Una mujer permanece conectada a un respirador, según informó su defensa, después de que el Estado intentó quitarle la vida. Esa sola noticia obliga a detener la lectura. En Tennessee, un procedimiento de ejecución terminó en un hospital. Ahora hay personas trabajando para preservar la vida que otras, investidas de autoridad pública, habían recibido la orden de extinguir.

La mujer se llama Christa Pike. Tiene 50 años. El miércoles 30 de septiembre recibió dos dosis de pentobarbital durante un mismo procedimiento de ejecución. Sobrevivió. El domingo 4 de octubre, su abogado Stephen Ferrell informó que seguía hospitalizada con ventilación mecánica y que, hasta donde sabía, no había recuperado la conciencia. Según Ferrell, todavía no se conocía su pronóstico y podrían pasar varios días antes de tener mayor claridad.

Conviene cuidar las palabras desde el comienzo. Fueron dos dosis dentro de un mismo procedimiento. Las lesiones en sus brazos fueron denunciadas por la defensa; la investigación deberá establecer cómo se produjeron y qué responsabilidades corresponden. La gravedad de una noticia exige precisión, especialmente cuando puede convertirse, en cuestión de minutos, en una sentencia pronunciada por millones de personas.

Pero antes de seguir hay otro nombre que debe quedar escrito: Colleen Slemmer.

Tenía 19 años cuando fue asesinada en 1995. Pike fue condenada por ese crimen. Recordar a Colleen impide que la atención sobre la ejecución fallida termine desplazando a la joven cuya vida fue arrebatada. Su nombre merece permanecer en esta página sin que tengamos que reproducir los detalles del asesinato para demostrar que comprendemos su gravedad.

Una discusión sobre la pena de muerte puede perder su decencia por dos caminos: convertir a la persona condenada en un monstruo al que todo puede hacerse, o presentar su sufrimiento de tal manera que la víctima desaparezca. Me interesa conservar ambas realidades a la vista. Hay un crimen que exige responsabilidad. Hay también un poder público que debe responder por sus propios actos.

La dignidad humana se vuelve difícil precisamente en ese encuentro. Reconocerla en alguien querido resulta natural. Reconocer que también limita el trato que damos a quien cometió una atrocidad exige convicciones capaces de resistir el enojo. Allí se mide la fuerza de un principio: cuando cumplirlo deja de ser cómodo.

Frank Strada, comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, sostuvo que la institución había actuado conforme al protocolo establecido. Esa es su posición; la revisión independiente tendrá que contrastarla con los registros y las pruebas. Si se incumplieron las reglas, habrá que identificar las decisiones y a sus responsables. Si se cumplieron, será necesario revisar las reglas mismas. Un procedimiento puede ejecutarse conforme a sus instrucciones y producir un resultado que obligue a cuestionarlas.

El caso ya ha tenido consecuencias institucionales. El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones durante el resto de 2026 y ordenó una revisión externa. El sábado 3 de octubre anunció que Strada había presentado su renuncia y dejaría el cargo este mes.

Una renuncia tiene consecuencias políticas; por sí sola no esclarece las responsabilidades por lo ocurrido. Cambiar a quien dirige una institución puede ser necesario, pero los documentos deberán mostrar qué decisiones se tomaron, qué advertencias se atendieron y cuáles quedaron sin respuesta. Una revisión pública vale por lo que consigue explicar y corregir.

Como maestro de ciencias, desconfío de la tranquilidad que a veces atribuimos al vocabulario técnico. Una sustancia con nombre preciso, una dosis medida y una vía de administración pueden dar apariencia de control. Sin embargo, el cuerpo conserva su complejidad. El lenguaje de laboratorio no garantiza por sí solo el resultado de una intervención, ni resuelve la cuestión moral de su propósito.

En el caso de Pike, no corresponde convertir una hipótesis sobre lo ocurrido en explicación definitiva. Para eso hacen falta pruebas. Lo que sí podemos examinar desde ahora es nuestra disposición a aceptar que la apariencia clínica de una ejecución nos ahorre pensar en ella. El instrumental facilita imaginar una operación limpia, previsible, distante del sufrimiento. Esa distancia es parte del problema.

Un hospital obliga a mirar de otra manera. La persona que llega necesita atención. El personal debe evaluar su estado, tratar sus lesiones y procurar que sobreviva. La condena permanece en el expediente; frente a quienes la atienden hay una persona vulnerable. Esa obligación de cuidado permite reconocer una frontera que el deseo de castigo suele volver borrosa.

La defensa ha pedido al gobernador sustituir la pena de muerte por una pena de prisión de por vida. Ferrell reiteró esa petición el domingo 4 de octubre. En la información consultada para esta columna, hasta la mañana del lunes 5, no se había anunciado una decisión sobre esa solicitud posterior al procedimiento fallido.

La petición nos coloca frente a una decisión concreta: cómo mantener una sanción severa y proteger a la sociedad después de lo ocurrido. Discutirla exige reconocer el crimen, atender la condición de la condenada y examinar la actuación del Estado. Ninguna de esas tareas debería borrar las otras.

No conozco el dolor de la familia de Colleen y no voy a adjudicarle palabras. Tampoco considero justo pedirle que transforme su pérdida en una lección de generosidad. Una familia puede sentir rabia, buscar la pena más severa o rechazarla. Su experiencia merece ser escuchada sin exigirle que resuelva por nosotros la discusión sobre el poder de matar.

Esa responsabilidad corresponde a las instituciones y a la sociedad que las sostiene. La respuesta pública al crimen necesita razones que puedan examinarse, límites que puedan vigilarse y decisiones que no dependan de la intensidad del agravio de cada momento. El dolor merece acompañamiento. La autoridad requiere controles.

Me pregunto qué entendemos por justicia cuando la vida de una víctima termina reducida al desenlace de una ejecución. Una persona asesinada dejó vínculos, proyectos y una ausencia que ninguna sentencia puede llenar. Podemos reclamar un castigo y reconocer, al mismo tiempo, las obligaciones del Estado con quienes sobreviven: escucharlos, informarles y acompañarlos.

La atención pública suele concentrarse en el día de la pena. El duelo continúa cuando se retiran las cámaras. Una política de justicia tendría que permanecer allí también, en los años posteriores, cuando la pérdida sigue formando parte de la vida cotidiana.

Hay, además, una dificultad insalvable en la muerte como castigo: cancela toda posibilidad de reparar el daño a la persona ejecutada si después aparece un error. La pregunta importa incluso en un caso cuya culpabilidad no estamos discutiendo. Las reglas del poder se establecen para un sistema entero. Deben sostenerse frente al expediente más claro y frente al que mañana revele una falla.

Proteger a la sociedad y exigir responsabilidad son obligaciones concretas. Una sanción por asesinato debe tomarlas en serio. Lo que pongo en duda es que la muerte deba ser el recurso con el que una institución demuestre la firmeza de sus decisiones.

En México podemos leer este caso como una noticia distante. A mí me parece que también nos devuelve una pregunta cercana: cuánto estamos dispuestos a tolerar cuando el daño recae sobre alguien a quien consideramos culpable. En esa disposición empieza a definirse el alcance real de nuestros límites. Una garantía que se abandona ante la indignación queda a merced del siguiente caso.

La investigación de Tennessee deberá aclarar lo sucedido. Los documentos, los registros y los testimonios importan porque permiten pasar de la conmoción a la responsabilidad. Habrá que seguir sus resultados sin anticipar conclusiones médicas ni convertir las afirmaciones de una parte en hechos definitivamente probados.

Mientras tanto, quedan dos nombres.

Colleen Slemmer, cuya vida fue arrebatada y cuya memoria exige respeto.

Christa Pike, condenada por ese asesinato, cuya supervivencia obliga a examinar lo que el Estado hizo bajo el nombre de la justicia.

Mantener ambos nombres en la misma página exige mirar de frente el crimen y el castigo. Colleen merece una memoria que no dependa de otra muerte. Y el poder público debe poder explicar sus actos sin refugiarse en la culpa de quien los sufrió.

La justicia también se mide por los límites que conserva cuando tiene a una persona enteramente en sus manos.