Denuncias que se quedan en el papel: 9 de cada 10 carpetas no llegan ante un juez en Sinaloa
Entre enero y mayo de 2026, solo el 11.48 por ciento de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía estatal fueron judicializadas; el CESP pide duplicar el presupuesto para enfrentar el rezago.
Josemiguel Souza
La capacidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar los delitos y llevar los casos ante los tribunales enfrenta un desafío en Sinaloa. En medio de un contexto de inseguridad y violencia, las cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) muestran que la mayoría de las carpetas de investigación iniciadas durante los primeros cinco meses de 2026 no habían llegado ante un juez de control.
De acuerdo con los datos del organismo, entre enero y mayo de este año se integraron 16 mil 390 carpetas de investigación en la entidad. De ese total, 14 mil 509 no fueron judicializadas, lo que representa el 88.52 por ciento. En contraste, mil 881 llegaron a la instancia judicial, equivalente aproximadamente al 11.48 por ciento de las investigaciones contabilizadas en ese periodo.
En otras palabras, poco más de una de cada diez carpetas iniciadas avanzó hasta la etapa judicial, mientras que casi nueve de cada diez permanecieron sin alcanzar ese punto del procedimiento. El dato dimensiona el volumen de expedientes que no habían sido presentados ante un juez, aunque no determina por sí solo las razones por las que cada investigación continúa en trámite.
La judicialización representa una etapa relevante dentro del proceso penal, pues permite que el Ministerio Público presente ante un órgano jurisdiccional los resultados de una investigación cuando existen elementos para hacerlo. Antes de llegar a ese punto, las autoridades deben realizar diligencias, recabar información y reunir datos de prueba que permitan establecer las circunstancias de los hechos y, en su caso, la probable participación de personas señaladas.
Por ello, el número de carpetas que no han sido judicializadas plantea preguntas sobre la capacidad de respuesta de la institución, particularmente ante la cantidad de denuncias que debe atender y la complejidad de los delitos que se investigan.
El tema también ha sido señalado por legisladores locales, quienes han advertido sobre las limitaciones que enfrenta la Fiscalía para responder a la incidencia delictiva. Entre las necesidades planteadas se encuentran el fortalecimiento del personal especializado, el uso de herramientas de inteligencia y la disponibilidad de recursos para desarrollar investigaciones.
La diputada Paola Gárate Valenzuela consideró que las capacidades institucionales deben fortalecerse frente a organizaciones criminales cada vez más complejas y delitos que requieren investigaciones especializadas.
“Es muy difícil enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas con capacidades institucionales tan limitadas. Sinaloa necesita más personal especializado, más inteligencia y mejores herramientas para investigar homicidios, secuestros, desapariciones y otros delitos de alto impacto”, declaró.
La legisladora puso el acento en la necesidad de contar con recursos humanos y técnicos suficientes para que las autoridades puedan desarrollar sus indagatorias.
La discusión sobre las capacidades de la Fiscalía se presenta cuando el Congreso del Estado se prepara para revisar el presupuesto de 2027. En ese proceso, los recursos destinados a la procuración de justicia forman parte de los aspectos que deberán analizarse frente a las necesidades operativas del organismo y el volumen de investigaciones que tiene bajo su responsabilidad.
Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, planteó la necesidad de aumentar en un 100 por ciento el presupuesto de la Fiscalía General del Estado. Según expuso, el incremento permitiría fortalecer a la institución frente al rezago que persiste en las carpetas de investigación.
Calderón Quevedo también se refirió a los niveles de impunidad asociados con los casos pendientes de resolver.
“Recordar que en muchos de los casos pendientes por resolver tenemos 90% de impunidad”, mencionó.
Esta cifra corresponde a la valoración expresada por el coordinador del CESP. Para dimensionar su alcance es necesario conocer la metodología empleada, el periodo analizado y los delitos considerados en ese cálculo. La impunidad y la falta de judicialización están relacionadas con los desafíos de la procuración de justicia, pero no son indicadores equivalentes: una carpeta que no ha llegado ante un juez no necesariamente representa, por sí sola, un caso definitivamente impune.
Otro de los puntos señalados por Calderón Quevedo es la cantidad de personal disponible para investigar los delitos. De acuerdo con sus declaraciones, alrededor de 430 trabajadores de la Fiscalía local realizan labores relacionadas con la investigación y persecución de conductas delictivas.
La disponibilidad de agentes del Ministerio Público y de personal especializado es un factor relevante para atender las denuncias, dar seguimiento a las diligencias y reunir los elementos necesarios para sustentar una investigación. La carga de trabajo puede variar de acuerdo con el tipo de delito y las diligencias que requiere cada expediente, por lo que el número de trabajadores debe analizarse en relación con las responsabilidades y los recursos operativos de la institución.
En materia presupuestal, otro dato proporcionado señala que la Fiscalía de Sinaloa ocupó el lugar número 20 entre los organismos de procuración de justicia por los recursos recibidos. Durante 2025, la institución contó con un presupuesto de mil 203.7 millones de pesos.
Este monto coloca el financiamiento de la Fiscalía en el centro de la discusión sobre las condiciones necesarias para mejorar la investigación de los delitos.
Con información de El Sol de Sinaloa
