EL PAÍS DONDE LA GENTE YA NO CREE EN EL ESTADO
BITÁCORA INQUIETA
ENCIG 2025: el retrato de un México donde los servicios fallan, la corrupción se normaliza y la ciudadanía aprende a sobrevivir sola
JESÚS OCTAVIO MILÁN GIL
Hay países donde el Estado protege.
Y hay países donde el ciudadano aprende a defenderse del propio Estado.
México parece acercarse peligrosamente a lo segundo.
Porque detrás de cada conferencia triunfalista, detrás de cada narrativa gubernamental que habla de transformación histórica, modernización institucional y avances digitales, existe otro país.
Uno más silencioso.
Más incómodo.
Más cansado.
El país que aparece cuando la gente responde con honestidad.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI.
La ENCIG no es un documento opositor.
No es propaganda política.
No es un discurso ideológico.
Es peor para el poder.
Es un espejo.
Y los espejos no militan.
Los resultados revelan algo mucho más profundo que una crisis administrativa: muestran el desgaste emocional de una sociedad que lentamente comienza a perder la fe en la capacidad del Estado para resolver los problemas más básicos de la vida cotidiana.
La tragedia no es solamente que fallen los servicios públicos.
La tragedia es que millones de mexicanos ya esperan que fallen.
Y cuando la desconfianza se vuelve costumbre, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en método de supervivencia.
La ENCIG 2025 documenta que en México se realizaron 472.2 millones de trámites, pagos y solicitudes durante el año.
El promedio nacional alcanzó 9.5 trámites por persona.
Sinaloa apareció entre las entidades con mayor interacción burocrática del país, con 12.1 trámites por habitante.
Pero el dato verdaderamente brutal aparece después.
En 39.1 % de los trámites, la ciudadanía enfrentó algún problema.
Casi cuatro de cada diez.
La principal causa fueron las largas filas, mencionadas por 57.7 % de las personas afectadas.
Después aparecieron los requisitos poco claros.
Los horarios restringidos.
La burocracia fragmentada.
Las ventanillas interminables.
Las páginas de internet que fallan.
Funcionarios que trasladan al ciudadano de escritorio en escritorio como si el desgaste fuera parte oficial del procedimiento.
México ha construido una burocracia donde el ciudadano no siente que está siendo atendido.
Siente que está siendo castigado.
Y aun así, el gobierno presume modernización.
La interacción electrónica con instituciones públicas creció de 47.9 % a 51.5 %.
Aumentó el uso de internet para pagos y trámites.
Pero la digitalización no logró resolver el problema esencial.
Porque el ciudadano sigue atrapado entre filas, desconfianza, saturación, corrupción, servicios mediocres y una persistente sensación de abandono institucional.
La tecnología modernizó la forma.
Pero no corrigió el fondo.
Hubo un tiempo en que el ciudadano acudía al gobierno esperando solución.
Hoy muchos acuden esperando desgaste.
La diferencia parece pequeña.
Pero ahí se mide la salud moral de una república.
Porque cuando una sociedad deja de confiar en sus instituciones, comienza lentamente a reemplazar ciudadanía por resignación.
Y quizá la cifra más demoledora de toda la encuesta sea ésta:
El contacto con autoridades de seguridad pública registró el mayor porcentaje de incidentes de corrupción: 63.5 %.
Le siguen los permisos relacionados con propiedad, con 32.0 %.
Y ministerios públicos y fiscalías, con 22.3 %.
Es decir:
En los espacios donde el Estado debería proteger al ciudadano, una enorme parte de la población percibe exactamente lo contrario.
La corrupción ya no aparece únicamente como robo de dinero público.
Ahora aparece como experiencia cotidiana.
Como peaje invisible.
Como impuesto ilegal.
Como trámite emocional.
La ENCIG revela además que el 83.1 % de la población percibe corrupción frecuente en su entidad.
Michoacán y Baja California registraron la peor percepción nacional.
Querétaro y Yucatán mostraron los menores niveles.
La prevalencia nacional alcanzó 15 mil 642 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.
Hidalgo registró la tasa más alta.
Y Sinaloa apareció nuevamente entre las entidades con mayor prevalencia nacional.
Eso significa algo profundamente doloroso:
La corrupción dejó de ser noticia.
Ahora forma parte del paisaje.
Y cuando una sociedad normaliza aquello que debería indignarla, entra en una peligrosa fase de deterioro moral.
Pero quizá el hallazgo más cruel de toda la ENCIG no está únicamente en la corrupción.
Está en los servicios públicos.
Porque el Estado moderno se legitima a través de algo muy simple:
Funcionar.
Dar agua.
Dar seguridad.
Dar salud.
Dar calles transitables.
Dar electricidad estable.
Dar hospitales dignos.
Sin eso, la política se convierte en propaganda.
La encuesta revela que la recolección de basura fue el servicio público básico mejor evaluado del país, con 71.5 % de satisfacción.
El promedio de calificación alcanzó 7.8, la más alta entre servicios básicos.
Además, 80.8 % de la población consideró oportuno el servicio.
Nayarit y Nuevo León registraron la mayor eficiencia.
Guerrero obtuvo el peor desempeño.
Pero incluso ahí aparece otra contradicción mexicana.
Solo 13.9 % de la población afirmó que existe separación de residuos.
Es decir:
México recoge basura.
Pero todavía no aprende verdaderamente a manejarla.
El agua potable mostró una satisfacción general de 51.4 %.
Apenas un ligero avance.
Y el dato verdaderamente inquietante aparece después:
Solo 19.0 % de la población considera que el agua potable puede beberse “sin temor a enfermarse”.
Es una cifra devastadora.
Porque significa que ocho de cada diez mexicanos desconfían del agua que sale de la llave.
Además, únicamente 54.7 % afirmó tener suministro constante.
Baja California encabezó el mejor indicador nacional.
Guerrero volvió a aparecer en el peor lugar.
México se convirtió en un país donde millones compran agua no por lujo, sino por miedo.
La evaluación sobre calles y avenidas resulta todavía más demoledora.
Apenas 23.7 % de satisfacción general.
La peor evaluación entre servicios básicos.
Su calificación promedio nacional fue de apenas 5.1.
Solo 16.6 % consideró que las calles están en buen estado.
Y únicamente 13.1 % percibió reparación inmediata de baches.
Eso significa algo brutal:
El deterioro urbano ya dejó de ser excepción.
Se volvió paisaje cotidiano.
La situación de la policía tampoco mejora.
La satisfacción cayó de 33.3 % a 27.3 %.
Solo 35.9 % considera que la policía contribuye a generar seguridad.
Y apenas 49.8 % cree que está dispuesta a ayudar.
La fractura institucional comienza precisamente ahí:
Cuando el ciudadano deja de sentirse protegido por quien porta uniforme.
Y ningún país resiste indefinidamente esa erosión de confianza.
Los servicios públicos bajo demanda muestran otro retrato desigual del país.
Los mejor evaluados fueron:
Cablebús y Mexicable, con 90.6 % de satisfacción y una calificación promedio de 8.9.
Energía eléctrica, con 74.5 %.
Y educación universitaria pública, con 74.3 %.
Pero los peores resultados corresponden nuevamente a áreas críticas del bienestar social.
El IMSS obtuvo apenas 43.3 % de satisfacción.
El ISSSTE, 45.8 %.
Y el transporte urbano tradicional tipo combi o microbús, 36.9 %.
El promedio nacional de servicios bajo demanda fue de 7.3.
El peor calificado fue precisamente el transporte urbano tradicional, con 6.1.
La energía eléctrica ofrece otra radiografía contradictoria del país.
El 92.7 % reportó servicio continuo sin apagones frecuentes.
Pero solo 60.9 % afirmó que la reinstalación tras fallas ocurre de manera inmediata.
Michoacán obtuvo la mayor satisfacción nacional.
Yucatán y Tabasco registraron las peores evaluaciones.
Es decir:
El sistema funciona… hasta que deja de funcionar.
Y entonces aparece nuevamente la lentitud institucional.
Pero quizá el rostro más doloroso de toda la encuesta sea el sistema público de salud.
IMSS-Bienestar alcanzó una satisfacción general de 47.0 %.
Solo 29.3 % afirmó que no existe saturación hospitalaria.
Y apenas 34.1 % reportó disponibilidad de medicamentos.
El ISSSTE registró 45.8 % de satisfacción.
Solo 24.1 % percibió hospitales sin saturación.
El IMSS mostró los peores indicadores:
43.3 % de satisfacción general.
Solo 18.1 % dijo que no existe saturación.
Y únicamente 42.8 % afirmó encontrar medicamentos disponibles.
Es decir:
El país construyó un sistema donde millones de personas no saben si encontrarán atención rápida, camas suficientes o medicinas cuando las necesiten.
Y eso tiene consecuencias profundas.
Porque la salud pública no solo mide infraestructura.
Mide dignidad humana.
Mide tranquilidad emocional.
Mide confianza social.
La ENCIG 2025 revela entonces algo más grave que simples fallas administrativas.
Revela el desgaste acumulado de una nación que ha aprendido lentamente a sobrevivir sola.
El ciudadano compra agua porque no confía en la llave.
Contrata vigilancia porque teme quedarse indefenso.
Paga consultas privadas porque teme esperar demasiado.
Compra plantas de luz porque teme apagones.
Aprende a “mover contactos” porque sabe que muchos trámites funcionan más rápido con influencias que con reglas.
El país funciona.
Pero funciona trasladando silenciosamente el costo de las deficiencias públicas hacia los ciudadanos.
Y eso no es eficiencia.
Es desgaste social acumulado.
La parte más peligrosa de todo esto es que México corre el riesgo de acostumbrarse.
Acostumbrarse a las calles destruidas.
A los hospitales saturados.
A la corrupción cotidiana.
A los trámites humillantes.
A la desconfianza.
A sobrevivir.
Y las sociedades que se acostumbran demasiado a lo inaceptable terminan perdiendo la capacidad de indignarse.
Ahí comienza el verdadero deterioro nacional.
No cuando falla el sistema.
Sino cuando el ciudadano deja de esperar algo mejor de él.
Porque un país no se destruye solamente por pobreza o violencia.
También puede erosionarse lentamente por resignación.
COLOFÓN
Las naciones más peligrosamente heridas no son aquellas donde todo colapsó.
Son aquellas donde la gente todavía logra sobrevivir… mientras deja lentamente de creer que merece algo mejor.
