La oposición e INAI se rebelan contra acuerdo que blinda obras
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo sobre obras de infraestructura busca protegerlas de amparos que las frenan, mientras PAN, PRI y PRD anunciaron que formarán un bloque para combatirlo y adelantaron, al igual que el INAI, que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
El lunes el mandatario publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se considera de “interés público” y “seguridad nacional” las obras y proyectos prioritarios de su gobierno.
Ayer López Obrador aseguró que el acuerdo pretende agilizar trámites de las obras emblemáticas de su gobierno, pero también protegerlas contra posibles amparos que busquen frenar los trabajos y nada tiene que ver con un intento de acabar con la transparencia.
“Es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes, y ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, terminar, concluir. Esto no tiene que ver con la transparencia. Las secretarías y todos estamos obligados a rendir cuentas”, subrayó.
El presidente del PAN, Marko Cortés, anunció que su partido presentará “todos los recursos legales posibles” y se sumará a todos los que la ciudadanía presente en la Suprema Corte contra el acuerdo presidencial, que consideró un arma para tapar la corrupción a la que “ni Peña Nieto se atrevió”.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el acuerdo presidencial.
En un comunicado, el organismo explicó que buscará “evitar que las dependencias y entidades de la administración pública federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo” ante una posible transgresión al artículo 6 de la Constitución.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción manifestó su preocupación por las implicaciones y repercusiones que puede tener el acuerdo presidencial.
Mientras, la coalición opositora Va por México en la Cámara de Diputados adelantó que también presentará una controversia constitucional, ya que el decreto busca evitar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El PRD rechazó el acuerdo publicado por el Ejecutivo y anunció que interpondrá los recursos necesarios para derogarlo.
En tanto, la bancada de Morena en San Lázaro sostuvo que el acuerdo es legal y está apegado a las facultades del Ejecutivo.
Con información de Milenio
