Los 10 de Sinaloa
El debate sobre los señalados en el caso de los “10 de Sinaloa” sigue creciendo. Analistas consideran que la ausencia de una definición judicial o política podría mantener vivo el tema durante los próximos meses e influir en el escenario electoral rumbo a 2027.
Sergio Sarmiento
El problema no es ya si hay pruebas o no, sino qué tanto daño se está haciendo a sí mismo el gobierno de Claudia Sheinbaum al negarse a detener y extraditar a los 10 de Sinaloa.
Estados Unidos no va a dejar de ejercer presión para lograr la captura del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y los demás exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia de complicidad con el narco simplemente porque el gobierno mexicano se niegue a entregarlos. De hecho, es posible que Washington presente nuevas acusaciones en contra de otros políticos mexicanos por tener también lazos con el crimen organizado.
Para un gobierno de Estados Unidos que posiblemente arregló el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, y que mandó un comando militar a capturar al expresidente Nicolás Maduro de Venezuela junto con su esposa Cilia Flores en el Palacio de Miraflores en Caracas en enero de 2026, enviar a unos equipos a detener a una decena de políticos mexicanos no debe ser muy difícil.
Desde un punto de vista político, el que los imputados se mantengan en libertad se está convirtiendo en un lastre para la presidenta. Al contrario de otros escándalos, que estallan en los medios y se esfuman con rapidez, éste amenaza con quedarse de manera indefinida porque no tiene resolución. Washington no va a retirar las acusaciones, que de hecho no solo se presentaron ante un tribunal de Nueva York por el Departamento de Justicia, sino que fueron avaladas por un gran jurado, que es un panel de ciudadanos al que un fiscal encarga, precisamente, determinar si hay pruebas suficientes para acusar formalmente a una persona.
El gobierno mexicano no se ha podido lavar las manos completamente de este asunto. Varios de los 10 de Sinaloa se han visto obligados a pedir licencia, como Rocha Moya, o a renunciar a sus cargos. Una excepción ha sido el senador Enrique Inzunza, quien, sin embargo, no ha participado en las sesiones del Senado o de la Comisión Permanente del Congreso. La Unidad de Inteligencia Financiera ha supuestamente congelado sus cuentas bancarias, aunque no hay indicios de que estén urgidos de dinero.
De momento el caso está en una especie de limbo. El gobierno mexicano ha pedido pruebas a Washington, pero la fiscalía solo presentará las pruebas definitivas en el juicio en Nueva York. No hay indicación de que la FGR esté realmente investigado a los acusados. Es verdad que los citó a “entrevistas”, en parte para justificar el citatorio a la gobernadora panista de Chihuahua Maru Campos, a quien acusa de haber permitido la presidencia de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en la sierra Tarahumara, pero no hay señales de que realmente esté investigando las acusaciones estadounidenses.
Si el caso se mantiene en el limbo, le seguirá generando cuestionamientos a la presidenta. Si Estados Unidos presenta nuevas acusaciones contra otros presuntos narcopolíticos, los problemas se incrementarán. Si Estados Unidos captura a los acusados en territorio mexicano, argumentará que está cumpliendo la ley estadounidense para detener a narcoterroristas ante un gobierno mexicano que se niega a hacerlo.
Por lo pronto, ya la presidenta no puede argumentar tan fácilmente que los gobiernos del pasado eran realmente los cómplices del narcotráfico. Genardo García Luna, que ha sido el as en la baraja del gobierno durante años, ya no pesará en la balanza. La campaña electoral de 2027 se centrará inevitablemente en la protección que el gobierno parece estar otorgando al cártel de Sinaloa. No son buenas perspectivas para la presidenta.
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