El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología modificó su Código de Ética para pedir que los empleados de la institución, prestadores de servicio y hasta a solicitantes de apoyo se abstengan de “emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”, y en caso de incumplir, podrían ser denunciados ante el Órgano Interno de Control, el área que vigila la actuación de los servidores públicos e impone sanciones administrativas.

Esto significa una “mordaza, una violación a la libertad de expresión y manifestación”, por lo que investigadores preparan un amparo contra el nuevo lineamiento, aseguró Patricia Juan, abogada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracatedras).

Esta es la primera vez que el Consejo hace un lineamiento limitando la expresión y, además, justamente lo envió a los correos institucionales el pasado 30 de septiembre, el mismo día en que los investigadores del programa Cátedras Conacty encabezaron protestas en todo el país en demanda de mejoras salariales.

Animal Político buscó a Conacyt para conocer su posicionamiento, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Junto con el Código, el Conacyt envió también una carta compromiso que los trabajadores deben de firmar para asegurar su cumplimiento. “Este Código es una forma de decirles “‘o te callas o habrá sanción y hasta rescisión de contrato’”, afirma la abogada Juan en entrevista con Animal Político. 

En el Código de Ética, en el apartado “Identidad institucional”, el Conacyt les pide que sean “prudentes al emitir opiniones en tus redes sociales y procura preservar la integridad de la imagen institucional”.

También les prohíben dar entrevistas pues, deben dirigir “las solicitudes de información susceptible de ser publicada en medios de comunicación al área de comunicación social, ya que es el área competente para hablar en nombre del Conacyt”.

Otro de los puntos es “abstenerse de publicar y de denunciar a la ciudadanía información por escrito o en formato electrónico, así como de pronunciar discursos, conceder entrevistas o hacer apariciones públicas en nombre o como representante del Conacyt sin la autorización del área de comunicación social”.

El nuevo código, además, se aplicaría a “todas las personas que desempeñen algún empleo, cargo o comisión en el Conacyt, incluyendo a los trabajadores del Conacyt, de las empresas que prestan al Conacyt el servicio de limpieza, vigilancia, recepción, comedor y cualquier otro, así como los grupos de evaluación de proyectos susceptibles de apoyo”, advierte el documento obtenido por Animal Político.

Respecto a las sanciones, se establece que toda persona que tenga información referente al incumplimiento, “podrá hacerlo del conocimiento del Comité de Ética”, que podría emitir recomendaciones al respecto y “en caso de que estime que existe una responsabilidad administrativa, lo comunicará de forma oficial al Órgano Interno de Control”. Incluso, las denuncias pueden ser interpuestas directamente en este último y de forma anónima.

La presentación del documento está firmada por la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, donde afirma que en el pasado, “la administración pública sucumbió ante grupos de poder y se colmó de personas que pervirtieron el servicio público y atepusieron sus interesa particulares al interés general. La corrupción triunfó sobre la ética pública. El Conacyt no fue la excepción”.

Por eso es que “ahora recae en nuestro hombros la gran responsabilidad de poner la administración pública al servicio del pueblo, de velar en todo momento por el interés general y devolver al servicio público la dignidad perdida. Todo ello solo puede realizarse sobre la base de principios éticos y convicciones firmes, bien arraigadas y ampliamente compartidas”.

Edgardo Sepúlveda, catedrático del Conactyt, asegura que este nuevo código de ética lo deja “molesto y temeroso” porque en su experiencia laboral en México, Alemania y Estados Unidos es la primera vez que enfrenta una petición semejante. “Somos científicos que sufrimos las decisiones políticas a nivel laboral y ciencia y ahora resulta que uno como empleado del Conacyt no puede criticar políticas que nos afectan”, por eso, dice, tiene un “dilema moral de si es ético firmar ese código”.

Y ni siquiera hay claridad al respecto, pues cuando otros compañeros respondieron al correo solicitando más información, la respuesta fue que el Código aún debía ser validado por otra área para poder ser firmado. “Es demasiado confuso. Yo quisiera que Conacyt nos dijera las cosas claras, de forma ordenada, no procesos improvisados”, afirma Sepúlveda.

Esto sucede en medio del embate judicial del Conacyt contra 31 científicos por presunto desvío de recursos en el Foro Consultivo, un organismo con 18 años de existencia; el rechazo a mejorar condiciones de trabajo para los investigadores del programa Cátedras Conacyt y el cese del director regional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en el centro del país, Alejandro Madrazo, por supuesta “pérdida de confianza”, luego de publicar un video en donde muestra su apoyo a investigadores que protestaron en demanda de certeza laboral”.

Con información de  Animal Político

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